Guadalupe Lorena Martínez Pérez

Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1060/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Lorena Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción Il, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 1235/2023 signado por la Presidenta de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable en comento, las documentales que acompaña a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis de las constancias que remite la Junta responsable, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En el entendido, de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Guadalupe Lorena Martínez Pérez, contra actos de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de La Responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que ha omitido dictar EL ACUERDO DE PRUEBAS que conforme a Derecho corresponda, dentro del juicio ordinario laboral número 5B-1205/2022, tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con dilación y demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta responsable la omisión de dictar acuerdo de pruebas dentro del juicio ordinario laboral*************, dentro de los plazos y términos que fija la ley. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas se desprende que el once de agosto de la presente anualidad, se emitió el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el juicio ****************, de su índice, fijándose diversas fechas para el desahogo de las pruebas admitidas, documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; en consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que por un cambio de situación jurídica, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En dicha tesitura, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó el acto que motivó el amparo, es indudable que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio ... signado por la Presidenta de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable en comento, las documentales que acompaña a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis de las constancias que remite la Junta responsable, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En el entendido, de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Guadalupe Lorena Martínez Pérez, contra actos de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de La Responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que ha omitido dictar EL ACUERDO DE PRUEBAS que conforme a Derecho corresponda, dentro del juicio ordinario laboral número 5B-1205/2022, tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con dilación y demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta responsable la omisión de dictar acuerdo de pruebas dentro del juicio ordinario laboral*************, dentro de los plazos y términos que fija la ley. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas se desprende que el once de agosto de la presente anualidad, se emitió el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el juicio ****************, de su índice, fijándose diversas fechas para el desahogo de las pruebas admitidas, documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; en consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que por un cambio de situación jurídica, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En dicha tesitura, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó el acto que motivó el amparo, es indudable que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/2731/2022 signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, mediante el cual informa que se están realizando las gestiones administrativas a fin de obtener la fecha de recibo de la guía remitida al Tesorero del Ayuntamiento de Coahuyana, Michoacán, a fin de que éste haga efectiva la multa impuesta al Síndico Municipal. Por lo tanto, el presente juicio se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese.

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