Guadalupe Mendoza Escandon
Expediente 1769/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1769/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Guadalupe Mendoza Escandon
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, mediante el cual, atiende el requerimiento efectuado en autos, en consecuencia, se acuerda lo siguiente. 2. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos que reclama a la Junta Directiva y del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. Para justificar tal aserto, conviene indicar que la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los que establecerá el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia territorial de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" (énfasis añadido). "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Énfasis añadido). De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el juez de distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Como se ve, para fijar la competencia por territorio de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución, por tanto, es pertinente indicar la forma como se dividen los actos, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019 (ahora contradicción de criterios), los actos se dividen en: a) positivos, b) negativos y c) omisivos o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Los actos negativos se subdividen en: 1) actos negativos simples; 2) actos negativos con efectos positivos; y, 3) actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. En cambio los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Ahora bien, para tener por actualizada una omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dictaminar, otorgar y dilatar alrededor de cuatro meses el pago de su pensión mensual de parte de la Junta Directiva y del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En ese sentido, si bien los actos reclamados por la parte quejosa en esta instancia son actos omisivos, estos constituyen actos que tienen ejecución material, pues su naturaleza forma parte de un deber de hacer de las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora -previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora-, de carácter insuspendible, como lo es el brindar en todo momento los servicios de seguridad social solicitados por sus derechohabientes, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de la parte quejosa, ya que la circunstancia de que las autoridades adscritas a dicho instituto sean omisas respecto de la solicitud de la quejoso y su pago respectivo, se traduce en actos omisivos que, por sí, traen consigo un efecto de ejecución material, pues al no dictaminar la solicitud de pensión formulada por la impetrante y al no realizar sus pagos mensuales de pensión, éstas adoptan una conducta omisiva, con efectos de no hacer, por tanto, sus consecuencias o efectos son positivos al vulnerar el derecho a la seguridad social de la parte quejosa. Apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." De igual manera, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 2024553, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En consecuencia, conforme a las reglas de competencia por territorio mencionadas previamente, es juez competente aquel que tiene competencia territorial en donde el acto de ejecución se lleve a cabo; es decir, donde se materializan sus consecuencias o perjuicios en la esfera jurídica del justiciable con afectación a sus derechos humanos, lo cual acontece en ********************, por ende, es en aquella ciudad en donde se ejecuta el acto reclamado, traducido en la omisión de dictaminar, otorgar y dilatar alrededor de cuatro meses el pago de su pensión mensual que reclama, población que se encuentra dentro de la competencia territorial de los homólogos federales con residencia en ********************. En este sentido, debe considerarse competente para conocer del presente juicio al juez de distrito que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde tiene ejecución el acto que motivó la presentación de la demanda de amparo y donde se producen sus consecuencias, esto es, el juez de Distrito en turno, con residencia en ********************, ********************. En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los numerales 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo cuarto, fracción V, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda y declina competencia a favor del ********************. Por tanto, remítanse los autos originales del presente asunto vía acelerada, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia planteada. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. Sin que resulte necesario ordenar la notificación personal del presente proveído a la promovente, en virtud de que será el órgano requerido quien, en su caso, hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este Juzgado. Orienta a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro siguiente: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Notifíquese mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en ********************, y por lista a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio remitido por el asesor jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aunado a que solicita prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, es importante destacar que el artículo 192 de la Ley de Amparo prescribe, por regla general, que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, estatuye que si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, siempre y cuando la autoridad demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; aspecto éste último que no se encuentra plenamente satisfecho en el caso. Bajo esa línea, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para otorgar la prórroga solicitada por el plazo de diez días, habida cuenta que a la fecha no ha demostrado el cumplimiento a cabalidad, de ahí que, en términos de los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, únicamente se le conceda el plazo genérico de tres días para cumplir con el fallo constitucional. Apercibimiento. Adviértase a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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