Guadalupe Martínez Fernández
Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- -AUTORIDAD INEXISTENTE, NO GIRAR OFICIO- Secretaría de Educación Pública del Estado de Sonora
- Guadalupe Martínez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Juicio de amparo 1066/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que por auto de diez de agosto del año en curso, se dio vista a la quejosa con la razón actuarial mediante la cual refiere que no le fue posible entregar el oficio 17589/2023 dirigido a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en virtud de que fue informado que dicha autoridad no existía como tal, lo que se le notificó el veintiuno de agosto siguiente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que por auto de treinta y uno de agosto del presente año, se tuvo por inexistente dicha autoridad y se suspendió toda comunicación con la misma. Y por último, certifico que no existe escrito pendiente de proveer y el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, y las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1066/2023; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el trece de julio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno el mismo día, a este órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Mediante proveído de diecisiete de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 1066/2023; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de diez de agosto del año en curso, se dio vista a la quejosa con la razón actuarial mediante la cual refiere que no le fue posible entregar el oficio 17589/2023 dirigido a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en virtud de que fue informado que dicha autoridad no existía como tal, lo que se le notificó el veintiuno de agosto siguiente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que por auto de treinta y uno de agosto del presente año, se tuvo por inexistente dicha autoridad y se suspendió toda comunicación con la misma. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: La falta de resolución del recurso de reconsideración presentado ante la determinación de negar el cambio de adscripción. La negativa del cambio de adscripción solicitado. La ejecución y operación de la convocatoria de siete de febrero de dos mil veintitrés del proceso para la autorización de centro de trabajo en el ciclo escolar 2023-2024. Todas las consecuencias inherentes a dicha negativa. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados, pues así se advierte del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Además, la certeza de los actos reclamados queda demostrada con los documentos aportados en el presente juicio tanto por la parte quejosa como por las autoridades responsables, mismas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, al haber sido expedido por un funcionario público por motivo de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causa de improcedencia -fundada- En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Segundo Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, como lo señalan las autoridades responsables, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto este último que precisamente es el que, en la especie, no recae en el acto reclamado por el agraviado. Empero, es menester precisar, primeramente, qué debe entenderse por "autoridad para efectos del juicio de amparo" y "acto de autoridad". Autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir del consenso del afectado o aun en contra de su voluntad. Por su parte, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la quejosa ********************, en esencia, relama la falta de resolución del recurso de reconsideración presentado ante la determinación de negar el cambio de adscripción, la negativa del cambio de adscripción solicitado, la ejecución y operación de la convocatoria de siete de febrero de dos mil veintitrés del proceso para la autorización de centro de trabajo en el ciclo escolar 2023-2024, y todas las consecuencias inherentes a dicha negativa. Sin embargo, es preciso destacar que las dependencias adscritas a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, señaladas como autoridad responsables, no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia los actos reclamados, no son combatibles a través del juicio constitucional, puesto que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la quejosa como trabajadora y la mencionada dependencia educativa, en su carácter de patrón de la quejosa, respectivamente. Es decir, las autoridades que fueron señaladas como responsables ?Servicios Educativos, secretario de Educación y Cultura, director general de los Servicios Educativos, y Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, todos del Estado de Sonora ? solo actúan en sus funciones relativas, como entes contratantes y de patrón de la quejosa, por lo que se encuentran en un plano de igualdad con la quejosa, quien reclama la falta de resolución sobre el recurso de reconsideración y demás consecuencias al respecto, sin que aquéllas estén en la posibilidad de actuar con imperio, por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Bajo las anteriores consideraciones, la falta de resolución en el medio de inconformidad y demás consecuencias reclamadas por la quejosa, no tienen el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de ella, dado que dicho organismo público, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de la procedencia de la solicitud hecha, pues es a través del procedimiento laboral o administrativo correspondiente donde puede ejercitarse la acción atinente al no ver satisfechas sus expectativas con la respuesta dada a la petición planteada, por ende, las respectivas consecuencias. En ese contexto, se puede obtener la premisa siguiente: los actos del órgano público que son susceptibles de escrutinio constitucional a través del juicio de amparo, son aquellos que tienen su origen en las relaciones de supra a subordinación, esto es, en aquellos actos en que, en ejercicio de su potestad, el organismo público emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de derechos fundamentales del gobernado. Sustenta lo anterior, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, registro 199459, con rubro y texto siguientes. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, son ilustrativas, la tesis P. XXVII/97 y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, página: 118, registro: 199459). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, y registro 161133). Lo anterior, se robustece dado que tratándose, como en la especie, de una relación entre una profesionista de la educación que presta sus servicios en el Sistema Estatal de Educación, todo lo concerniente a la situación que guarda al respecto, tiene que estar en función a una relación de coordinación entre la prestadora del servicio y la dependencia que resguarda dicho sistema de educación, conforme a lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, en relación con los diversos numerales 1°, 4°, 90 y 91 de la Ley General de Educación, 1, 2 y 3 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal." Registro digital: 194572; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: VII.2o.A.T.10 A; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Febrero de 1999, página 487; Tipo: Aislada. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 63, fracción V, de la citada ley. Los anteriores pronunciamientos hacen innecesario e imposibilitan el análisis de fondo de la controversia. De esta manera se estableció en la tesis: "IMPROCEDENCIA CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." De igual forma, se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 63, fracción V, de la citada Ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos reclamados preciados en el apartado II, por los fundamentos y argumentos expuestos en el considerando IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo de vista a las partes respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable, otorgado mediante proveído de cinco de octubre del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con cuarenta y seis minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad remite documental. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y, en atención a su contenido, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en su ocurso, las cuales serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional; y, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las pruebas documentales que anexa a su oficio la autoridad de referencia, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que existe un requerimiento formulado al titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, para que remita lo solicitado. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con dieciséis minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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