Guadalupe Martinez Barajas

Expediente 450/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
450/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Martinez Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Causa estado el acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós. TCC informa. El Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo 301/2021, en el cual hace del conocimiento que el mismo fue resuelto en sesión ordinaria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se concedió para efectos la protección constitucional solicitada. Se toma conocimiento de lo informado Se requieren constancias. En consecuencia, a fin de contar con todos los elementos necesarios para poder resolver esta instancia constitucional y, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, solicítese respetuosamente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para que en el plazo de tres días, de no tener inconveniente alguno, instruya a quien corresponda para que vincule y autorice a este Juzgado, el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo directo 301/2021 de su índice y remita copia certificada del mismo. ... Notifíquese; vía electrónica al representante especial de la menor.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa gestiones de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por el encargado del despacho de la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla por el cual informa las gestiones de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable remite copia certificada del oficio *** y del oficio *** de los que se desprende lo siguiente: El Director Regional de la Empresa INTECPROOF, sociedad anónima de capital variable, informó que la placa *** a nombre de la quejosa *** fue inscrita en la "lista blanca" por lo que no le serán generadas en lo fututo foto infracciones. La Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas le requirió aclarar el monto a devolver a la quejosa por concepto de foto infracciones. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones que la autoridad actuante se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se reserva dar vista a la parte quejosa con la parte conducente del cumplimiento relativo a la inscripción de su placa en la lista blanca que impide que se le generen futuras foto infracciones. Ahora, respecto de la aclaración del monto a devolver a la quejosa, indíquese a la autoridad responsable que en acuerdo del catorce de marzo del año en curso se recibió un oficio del Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas por el que solicitaba idéntica aclaración, a lo que se acordó que el monto a devolver a la parte quejosa con motivo del pago de las foto infracciones asciende a la cantidad de *** lo cual incluye las foto multas identificadas con los folios *** y ***. Lo anterior dado que en el presente juicio se concedió el amparo contra una norma declarada inconstitucional, por lo que el efecto del amparo tiene el alcance de dejar insubsistente no solo el acto de aplicación en concreto, si no cualquier acto en el que se le haya aplicado dichos preceptos. En ese sentido, resulta evidente que las foto infracciones con folio *** y *** resultan ser un acto de aplicación de los preceptos declarados como inconstitucionales en el presente asunto, por lo que se debe devolver la cantidad pagada por la quejosa respecto de dichas infracciones. Lo anterior se hace del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Se ordena publicación de edictos a costa del CJF. Agréguese a los autos el escrito de *** parte quejosa, mediante el cual manifiestan que carecen de recursos económicos para sufragar el pago de las publicaciones de los edictos ordenados en autos, por lo que solicitan se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado [emplazamiento en juicio agrario 529/2006] y tomando en consideración que los quejosos forman parte de un núcleo de población ejidal, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, se determina que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos ordenados para emplazar en este juicio de amparo al tercero interesado, ***. Sirven de fundamento, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Por tanto, gírese atento oficio al Administrador Regional en Puebla de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, para que por su conducto ordene la publicación de los edictos por tres veces, de siete en siete días naturales, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico La Prensa. Para tal efecto, con fundamento en la fracción I del artículo 239 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales relativos a la normatividad en materia de publicación de edictos; remítansele seis tantos del edicto con los requisitos necesarios para su publicación, y un disco que contenga el respectivo archivo electrónico del edicto, en cumplimiento al Acuerdo General 16/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el artículo 2, fracción I, del diverso Acuerdo General 5/2013, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se concede al tercero interesado, Alberto Sánchez Trujillo, el término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, para hacer valer sus derechos en el presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad ante este juzgado; apercibido que de no hacerlo, se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se les harán por lista en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, quedando a su disposición en este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, se ordena fijar durante el tiempo del emplazamiento en la mampara (estrados) que se ubica en la entrada del edificio sede, una copia íntegra del presente acuerdo y del edicto correspondiente. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

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