Guadalupe Martinez Barajas
Expediente 2035/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Martinez Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintidós de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: 1) Al Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, el tomo de pruebas I. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado del Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, asimismo, remitió copia certificada del juicio 1185/2021, de su índice. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juez Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio 1185/2021, de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio 1185/2021, del índice de la responsable; sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, acordó el aludido escrito por el cual la parte quejosa solicitó se decretara la guarda y custodia provisional del menor E.K.M.M., y, al efecto, determinó que no es procedente la solicitud. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión del Juez responsable de proveer sobre la guarda y custodia provisional del menor E.K.M.M., dentro del juicio de origen, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de febrero de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la representación del Director General y Subdirector de Control de Pago ambos de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden en el sentido de que ya ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos. No obstante, resérvese el acuerdo respectivo hasta en tanto obren en autos las constancias necesarias para calificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Requerimiento. Ahora, con independencia de lo anterior, requiérase a las autoridades Director General y Subdirector de Control de Pago ambos de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído: Informen si ya se ha realizado el pago respectivo a la parte quejosa (acreedora alimentaria), mismo que comprende los meses de febrero a diciembre de dos mil veinte, incluyendo la gratificación anual de dos mil veinte y enero de dos mil veintiuno, y que se encuentra programado para el primer día hábil del mes de febrero del presente año. Remitan copia certificada de las constancias que acrediten tal circunstancia, o bien, las gestiones que se encuentran realizando a fin de lograr que la parte quejosa (acreedora alimentaria) reciba el pago correspondiente. Haciendo la precisión a las autoridades requeridas que el deudor alimentario lo es ..., y que subsisten los apercibimientos decretados en autos para el caso de incumplir con lo ordenado en autos. Autoridad informa y remite. Por otra parte, glósese a los presentes el oficio de cuenta signado por la representación del Juzgado Tercero de lo Familiar de Puebla, Puebla; visto su contenido, téngasele informando que el deudor alimentario ..., ha dado cumplimiento a lo ordenado en autos, esto es, que ha realizado los trámites necesarios ante la Dirección de Prestaciones Económicas respectiva a fin de que le sean cubiertas las prestaciones a que tiene derecho, y al efecto remite copia certificada de las constancias que acreditan tales circunstancias. Requerimiento. Luego, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, es necesario recalcar, que el presente juicio el amparo se concedió para los siguientes efectos: VI. DECISIÓN 48. Por lo anterior, y ante lo fundado del concepto de violación enderezado por la quejosa, se impone conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: Que la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dicte un acuerdo en el que: Ordene al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que se allegue de todas aquellas constancias que pueda recabar y que sean necesarias para iniciar el trámite respectivo para el pago de la pensión alimenticia y la garantía por dicho concepto sobre la cantidad de liquidación a cargo de ..., en términos del convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada el seis de junio de dos mil dieciséis. Ordene al deudor alimentario, bajo las medidas de apremio que estime idóneas, a fin de que entregue los documentos requeridos por el citado Instituto e inicie los trámites correspondientes para dar cumplimiento a la pensión alimenticia decretada a favor de la quejosa. Hecho lo anterior, la Juez responsable verifique que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ordene el descuento de las cantidades correspondientes a los conceptos de la pensión alimenticia y a la garantía por dicho concepto a cargo de ..., en términos del convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada el seis de junio de dos mil dieciséis. En consecuencia, requiérase a la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informe lo relativo a la garantía por concepto de pensión alimenticia a cargo de ..., debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Se reitera a la mencionada autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; y a las autoridades Director General y Subdirector de Control de Pago ambos de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por oficio que al efecto se gire vía ordinaria y a la cuenta de correo electrónico prestaciones@issfam.gob.mx.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Autoridad informa suspensión y solicita prórroga. Agréguese el oficio del presidente de la Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje, por el cual informa que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se encuentra cerrada del veinticuatro al treinta y uno de enero del año en curso debido a un caso positivo de SARS-COVID2, lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, la Junta responsable solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 192 último párrafo y 193 tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se le concede el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que reanude términos, a efecto de que informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento. En la inteligencia que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de enero de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
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