Guadalupe Magnolia Mancilla Mandujano
Expediente 1451/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Magnolia Mancilla Mandujano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que adjuntó en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE ONCE DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que adjuntó en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de la Delegación Regional Estado de México, Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso a fin de que acuda a la cita programada para las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el consultorio 2, y solicita que por conducto de este juzgado se le haga saber que puede acudir a notificarse en las instalaciones del Seguro Social Delegación Poniente en un horario de nueve horas a quince horas. Atento a lo informado, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable para que en el término de veinticuatro horas, programe una nueva cita la cual no deberá ser menor a ocho días a fin de que se esté en posibilidad de recabar algún domicilio donde pueda ser notificado el quejoso. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de agosto del año que transcurre. Para ello, se informa que a través de correo electrónico institucional tramite2@correo.cjf.gob.mx deberá remitir lo que se le solicita (confirmando al teléfono 7222360500, extensión 3267). En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Además, en caso de conducta contumaz, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado por la responsable, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días proporcione domicilio donde pueda ser notificado personalmente respecto a la cita que programara la autoridad responsable a fin de que sea valorado; asimismo, una vez que tenga conocimiento de la fecha para llevar a cabo la citada valoración acuda a la misma; apercibido, que de ser omiso o bien no informe la imposibilidad de hacerlo, este juzgado se pronunciara respecto al cumplimiento dado por la responsable una vez que dé contestación al presente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que es su obligación estar pendiente de las notificaciones que se realizan en el domicilio procesal que señalo a saber, la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO RESPECTIVO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ****, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la ley de la materia, regístrese bajo el número 1451/2022-III-C. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Fiscal General de Justicia del Estado de México. Fiscal Regional de Atlacomulco. Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Directora de Administración de Personal y Nómina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De las que reclama: La reducción de su salario y cambio de categoría de Secretario de Ministerio Público R1 a Ministerio Público. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Estas porciones normativas disponen que el juicio de amparo procede solamente contra "actos u omisiones de autoridad". En ese tenor, resulta indispensable precisar los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad", y lo tocante a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable", a que se refiere el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis. P XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ***." De lo anterior se colige que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es la que, teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En otras palabras, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los municipios, que con facultades de facto o de iure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c). Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Bajo esta óptica, el concepto de "autoridad" para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, sobre los cuales, el juicio de amparo resulta improcedente. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Sobre el particular, es oportuno precisar que las relaciones jurídicas de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que, dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: La reducción de su salario y cambio de categoría de Secretario de Ministerio Público R1 a Ministerio Público. Dicho acto reclamado deriva esencialmente de la relación laboral que sostiene la parte quejosa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde presta sus servicios como Ministerio Público. Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, dispone en su numeral 1º: "Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno- Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos." Consiguientemente, la reducción del salario que venía detentando y el cambio de categoría de Secretario de Ministerio Público R1 a Ministerio Público de la aquí quejosa, no puede ser considerado como acto de autoridad, para los efectos juicio de amparo. Esto se considera así, porque la relación jurídica de la que emana el acto reclamado se ubica dentro de las denominadas de coordinación, dado que su acto deriva de la relación laboral que vincula a la quejosa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En esa tesitura, el aludido acto reclamado no constituye en modo alguno, de acuerdo con su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos que derivan de una relación laboral. Así como la tesis I.15o.A.36 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1316, Tomo CCVIII, Novena Época, con registro electrónico 168507, que versa: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. ****." Por lo que es evidente que el acto aquí reclamado, no obedece a un acto de autoridad, actuando esta última en un plano de supra-subordinación con relación al hoy quejoso, sino que, se trata de un acto entre empleador y trabajador, es decir, una relación meramente laboral; en consecuencia, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia ****, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). ***. También, se cita por analogía de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 218453, tomo X, de septiembre de 1992, pág. 232, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE. BAJA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ****." DESECHAMIENTO Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. CONSULTA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos."
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