Guadalupe López Mendoza
Expediente 1542/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/01/2017
Partes del expediente
- Guadalupe López Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el escrito suscrito por el quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias que solicita y se ordena la devolución de los documentos que refiere, previa razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger los documentos que exhibió en este juicio, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEHOSA LO SISGUIENTE: Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger los documentos que exhibió en este juicio, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1045/2016, promovido por Joel Naranjo Vilchis, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto en Materia Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Joel Naranjo Vilchis, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables. "3.- Nombre y domicilio de las AUTORIDADES RESPONSABLES.- --- a).- JUEZ SEXTO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; con domicilio en Avenida Tecnológico sin número, Fraccionamiento Rancho la Virgen, de la comunidad de San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México. --- b).-MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO SEXTO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; con domicilio en Avenida Tecnológico sin número, Fraccionamiento Rancho la Virgen, de la comunidad de San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México. --- c).- REGISTRADOR del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, de la OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA con domicilio en Avenida Doctor Nicolás San Juan casi esquina con Alfredo del Mazo sin número, Colonia Ex-Hacienda La Magdalena, Toluca, Estado de México." Actos Reclamados. "4.- ACTO RECLAMADO.- --- 1).- La orden de desposesión, desocupación y entrega que emitió en mi perjuicio el JUEZ SEXTO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO; en los autos del expediente 471/2012, mediante la sentencia definitiva pronunciada en ese juicio, respecto del inmueble ubicado en: --- a).- Calle Ignacio Manuel Altamirano numero 125 Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, México. --- 2).- La violación al derecho de prioridad o preferencia con que mi persona debe ser atendida o considerada respecto de otra u otras, derivado de un derecho consignado por la inscripción judicial de un acto jurídico consignado en mi favor, respecto de un crédito concurrente en caso de ejecución forzada." SEGUNDO. El impetrante de garantías señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de garantías a este Juzgado Quinto cuyo titular mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 48 a 50), previas prevenciones y su desahogo, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que previos diferimientos, fue desahogada en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los informes justificados se obtiene que la parte quejosa reclama de las responsables: - La orden de desposesión, desocupación y entrega emitida por el Juez Sexto en Materia Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México; en los autos del expediente 471/2012, respecto del inmueble ubicado en Ignacio Manuel Altamirano número 125, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, México; y como consecuencia la violación al derecho de prioridad o preferencia. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." a).- Actos inexistentes. La Titular de la Oficina Registral de Toluca, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 88) negó la existencia de los actos reclamados, sin que el peticionario de amparo haya aportado prueba en contrario para desvirtuar tal negativa. En ese tenor, conviene precisar que en el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia del acto reclamado manifestado por la autoridad responsable, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos humanos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ahora, la parte quejosa no aportó ningún medio de prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad señalada como responsable respecto de la existencia del acto reclamado, e incluso se abstuvo de hacer manifestación alguna en la vista que se ordenó dar con ellos, por lo que dicho acto debe tenerse por inexistente. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que por esta vía se combate, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, la tesis VI.2º.451 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 556, tomo XV-II, correspondiente a febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la quejosa la carga de demostrar lo contrario; de tal manera que si no desvirtúa los informes justificados, procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." b) Actos existentes. El Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y por su parte la Ejecutora adscrita a dicho Juzgado, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 471/2012, que adjuntó a su oficio 1736 (fojas 92 a 97), mismas que obran en anexo por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". IV. Causales de improcedencia. Por razón de técnica, y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1985, Tomo VIII, Quinta Época, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tal tesitura, en el caso, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la facción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del numeral transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por no oponerse a la ley de amparo vigente, la tesis 1484, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Asimismo, cabe precisar que la afectación al interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no se opone al espíritu de la Ley de Amparo vigente, y que expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De conformidad con lo establecido en el ordinal 107, fracción I, de la Constitución General de la República, el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. El artículo 6º de la Ley de Amparo, por su parte, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. De esta manera, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado, el cual desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Esto es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Ahora bien, el quejoso se ostenta tercero extraño a juicio, y reclama como uno de los actos reclamados destacados la falta de llamamiento o emplazamiento a juicio, empero al ser el quejoso ajeno a la relación jurídico procesal de origen, y no haberse dirigido en su contra la acción pro forma intentada, se actualiza la aludida causa de inejercitabilidad de la acción constitucional. Además, el procedimiento al que pretende ser llamado (471/2012) se inició el treinta y uno de agosto de dos mil doce, dictándose sentencia definitiva el diecinueve de junio de dos mil catorce; mientras que el diverso juicio ejecutivo mercantil 1259/2014, en el cual el quejoso funda su derecho de "prioridad o preferencia" por contar con un endoso en propiedad que consta en el título accionario de este último juicio, se instauró el veintitrés de octubre de dos mil catorce, y la diligencia de embargo del bien inmueble sobre el que aduce tiene derecho, se registró el veinticinco de febrero del año siguiente. A lo anterior debe agregarse además, que en el juicio ejecutivo mercantil en el que el quejoso funda su derecho de "prioridad o preferencia", no se ventilaron aspectos sobre propiedad o posesión de algún bien inmueble, ya que la contienda se vincula únicamente con una acción personal sobre las obligaciones derivadas de un título de crédito como el mismo solicitante del amparo lo reconoce en su demanda: ".Es importante manifestar que el señor RAFAEL RAMÍREZ VILLEGAS, por mandato del señor HECTOR BERNAL SILVA me ENDOSÓ EN PROPIEDAD el documento base de la acción ejecutiva que ejercitó en contra de la señora MA. CRISTINA GUZMÁN PICHARDO y/o MARÍA CRISTINA GUZMÁN PICHARDO a favor del suscrito, del cual ahora me prevalgo en subrogación de sus derechos y obligaciones." Aunado a lo anterior, si bien existe un embargo en el juicio ejecutivo mercantil 1259/2014, ello deriva de un derecho personal que se constituye en un derecho de garantía del cual su titular está facultado para exigir al Juez, en su caso, su ejecución; también tiene la finalidad de impedir al deudor ponerse en estado de insolvencia o disminuir su posibilidad de pago, con daño del ejecutante Así, el Máximo Tribunal del país, sostuvo que el embargo no constituye un derecho real, pues con motivo de él, la obligación que tiene el deudor de pagar con todos sus bienes presentes y futuros, se singulariza mediante la designación que hace de los bienes que deben quedar afectos al pago, pero el embargo será legítimo en tanto recaiga sobre bienes del deudor y no en bienes que hayan salido de su patrimonio. Al respecto, deviene aplicable la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 589, tomo XLIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del sumario siguiente: "EMBARGO, NATURALEZA DEL. Las características más importantes del derecho real, son las siguientes: el poder directo e inmediato que confiere a su titular, sobre una cosa; el derecho de persecución, y el derecho de preferencia, cuando se trata, naturalmente, de los derechos reales que constituyen una garantía. Ahora bien, es indudable que el embargo no concede al embargante un poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, sino que lo coloca bajo la guarda de un tercero y a disposición del Juez que conoce del juicio en que se ordenó la providencia; lo que significa que la cosa embargada no se encuentra bajo el poder del embargante, sino bajo el de una autoridad judicial, que no puede considerarse siquiera como intermediario entre el embargante el que puede disponer del bien secuestrado; de ahí, que el embargo deba considerarse como una institución de carácter procesal y de naturaleza sui generis, cuyas características se relacionan con el depósito, según lo dispuesto por los artículos 2545 y 2546 del Código Civil de 1884, debiendo buscarse el origen de esta institución en lo que los romanos denominaban secuestro, y no en el pignus praetorium, o en el pignus ex judicati causa captum, que constituían, en el derecho romano, casos de seguridad, o garantía real. Tampoco implica el embargo, el derecho de persecución, porque éste consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, siguiendo un juicio en contra de un tercero o sea, deduciendo una acción que es correlativa del derecho de persecución por tanto, aun aceptando que el embargante pueda privar, en ciertos casos a un nuevo adquirente, de la cosa embargada, haciendo que ésta se remate y se le adjudique, el derecho de persecución lo adquiere desde el momento en que se convierte en adjudicatorio, es decir, en propietario; teniendo, entretanto sólo el derecho de hacer rematar la cosa por el Juez a cuya disposición se encuentra el bien embargado, derecho que emana estrictamente de la sentencia pronunciada en el juicio en que se ha ordenado el embargo y al cual corresponde la actio judicati de que habla Chiovenda. Finalmente, el embargo, no otorga al embargante el derecho de preferencia, ni tampoco se adquiere tal prerrogativa, que es característica de los derechos reales de garantía, en virtud de su registro, pues el acreedor hipotecario no aumenta su preferencia, ni puede decir que tiene una nueva causa de ello, cuando embarga la cosa hipotecada mediante fijación de la cédula respectiva; en cambio, si el titular de una segunda hipoteca se subroga en los derechos del primer acreedor hipotecario, con relación a los demás acreedores, también hipotecarios, puede invocar, en lo sucesivo, dos causas, de preferencia, y en caso de que no existan otros acreedores, puede decirse no sólo que tiene dos causas, sino que su preferencia aumentó; lo que significa que el embargo en sí no constituye una causa de preferencia, o menos que se considere como tal, la prelación que se establece por el Código de Procedimientos Civiles, en el caso del reembargante; pero entonces, tendría que considerarse una tercera causa de preferencia al lado de las garantías y de los privilegios, con características especiales, y que no podría aplicarse sino al caso expresamente previsto por la ley, ya que las disposiciones que establecen la preferencia, implica una excepción a la regla general, según la cual, todos los acreedores deben sufrir proporcionalmente las disminuciones que resienta el patrimonio de su deudor; y así como en el caso de concurrencia de créditos preferentes, por causas de garantías reales o créditos privilegiados, el problema se resuelve dando la preferencia a estos últimos, tendrá que concluirse en caso de concurrencia de créditos hipotecarios con créditos garantizados con embargo o reembargo, que la preferencia corresponde a los primeros; de todo lo que se deduce que el embargo no constituye un derecho real, dado que no reúne ninguna de las características más importantes que este derecho, confiere a su titular." En tal contexto, el embargo no constituye un derecho de propiedad a favor de la persona que se verifica, ya que no reúne alguna de las características más importantes que este derecho confiere a su titular, sino que solo representa una medida a fin de garantizar el pago de la condena que llegare a imponerse al deudor. De consiguiente, al vincularse el embargo realizado únicamente con el otorgamiento de una garantía para hacer frente a las obligaciones derivadas de un crédito, y no constituir en modo alguno un derecho de propiedad a favor del quejoso, es claro que carece de interés jurídico para defenderlo a través del juicio de amparo biinstancial, para que se llamara a protegerlo en diverso juicio del que dimanó el embargo. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.C.570 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 3201, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." Ahora, por disposición del artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de tribunales judiciales necesariamente se requiere que el quejoso cuente con un derecho subjetivo, entonces para la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados dentro y en la etapa de ejecución de sentencia de un procedimiento judicial de índole civil, debe demostrarse un interés jurídico para iniciar el procedimiento federal en la presente instancia Constitucional, sin que el quejoso acredite dicha circunstancia como ya se vio. No es inadvertido que, que si bien el impetrante no se prevaleció de derecho de propiedad alguno en relación con el inmueble en conflicto, empero, la finalidad de la instauración del juicio constitucional fue defenderlo a fin de que no se entregara a la parte actora en el juicio pro forma de origen, y pudiera hacer prevalecer el gravamen real que dice existente a su favor. Por ende, si la finalidad del amparo era proteger el aludido inmueble, para efectos de establecer el interés jurídico del quejoso para comparecer en su defensa, resulta indispensable que acredite contar con un derecho de propiedad o posesión a su favor, legítimamente tutelado por una figura jurídica. De consiguiente, si los artículos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo precisan que el interés jurídico, para efectos del juicio de garantías, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, y que dicha afectación sea actual o inminente, concreta y objetiva, ya sea por la violación de ese derecho, o bien por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad; de ahí que solo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación, cuando por la actuación de cierta autoridad se transgredan sus derechos fundamentales. Consecuentemente, es indudable que se actualiza la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ende, ha lugar a sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joel Naranjo Vilchis, por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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