Guadalupe Jesús Machuca Campos

Expediente 1401/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1401/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/01/2024

Partes del expediente

  • Guadalupe Jesús Machuca Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1401/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirles copia de la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica a la controversia de arrendamiento inmobiliario ... del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, lo actuado en el proceso natural, la sentencia definitiva y su ejecución consistente en la orden de desposesión del inmueble ubicado . TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa acredita indiciariamente su interés para efectos de la suspensión, con la documental consistente en copia certificada del contrato de usufructo del diecinueve de enero de dos mil dieciséis CUARTO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del ordinal 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y que no se realice ningún acto tendiente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio controversia de arrendamiento inmobiliario ... del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, esto es, que no se desposea al quejoso del inmueble ubicado en ., ni se tire o inscriba la escritura de adjudicación; en términos del numeral 151 de la propia legislación. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que se dicte la resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. QUINTO. DE LA GARANTÍA. La medida surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa no otorga garantía, en cualquiera de las formas que establece la ley, dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, por $1, 500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con esta suspensión, por el lapso de cinco días, que refiere la fracción II del citado numeral. Suma que se fija tomando en consideración que se trata de un inmueble ubicado en una zona de plusvalía media destinado para vivienda, y acorde a la consulta efectuada en esta fecha en diversos sitios de internet, bajo el criterio establecido en la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, registro 2004949, cuyo rubro es: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL."; se obtuvieron los siguientes datos: En el sitio web ... se observaron inmuebles con características similares al defendido en esta vía, donde el precio promedio por la renta es de $9, 500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). De la diversa página de internet ... bajo los mismos parámetros se obtuvo que el promedio de renta, es de $9, 000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). Y por último, del sitio de internet...se advierten inmuebles similares al referido, cuyo promedio de renta es de $8, 500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Información que se obtuvo hoy por la Secretaria del Juzgado en los sitios detallados, y arrojó las cantidades indicadas, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser accesible, aceptable e imparcial. Consecuentemente, de la búsqueda señalada se obtiene que el promedio por la renta en la zona del inmueble defendido y con características similares en las tres páginas es de $9, 000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), suma que dividiéndola entre treinta días que contiene un mes, resulta una renta diaria de , , y éste multiplicado por los cinco días aludidos, da como resultado el monto señalado en primer término. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J.61/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA.- La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural." Además, es aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis I.12o.C.123 C (10a.), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2019036, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS A FIN DE REPARAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CUANDO SE IMPIDE AL TERCERO INTERESADO DISPONER DEL BIEN INMUEBLE, MATERIA DE LA CONTROVERSIA. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla pudieran causar al tercero interesado, si aquél no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Por lo que con base en un criterio objetivo, para cuantificar el monto de la medida cautelar, en los casos en que el tercero interesado no pueda disponer del bien inmueble materia de la controversia, la garantía que se fije por ese concepto debe atender al monto que el tercero interesado pudiera obtener de las rentas generadas del inmueble del que no podrá disponer durante el tiempo que surta efectos la suspensión. Lo anterior es así, porque con motivo de la suspensión decretada, el tercero interesado está imposibilitado para usar y disfrutar el inmueble arrendado, lo que genera un daño, pues mientras la quejosa lo ocupe, impide a aquél obtener las ganancias lícitas que derivaron de la renta de ese bien. Por tanto, para cuantificar los daños y perjuicios durante el tiempo que surta efectos la medida cautelar, debe partirse de datos objetivos para establecer la rentabilidad del inmueble, conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además, los órganos jurisdiccionales pueden auxiliarse de las herramientas tecnológicas actuales, como el Internet, el cual permite acceder a múltiples bases de datos como las especializadas en el mercado inmobiliario para determinar el parámetro de las rentas que el tercero interesado podría obtener del bien inmueble de acuerdo con sus características y el lugar de su ubicación, el cual deberá multiplicarse por el tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo, estableciéndolo, asimismo, con base en los indicadores estadísticos judiciales de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y una apreciación de las circunstancias propias del caso, siendo ése el tiempo aproximado que, en su caso, surta efectos la suspensión concedida al quejoso, lo que traerá como consecuencia que el tercero interesado no pueda disponer del bien inmueble, y así calcular una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de la medida cautelar se causaren si la quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, en términos del artículo invocado." Con el propósito de la integración del Fondo para la Administración de Justicia, contemplado en la fracción III del numeral 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; por lo que, al estarse solicitando en el presente asunto, los depósitos por las cantidades indicadas las cuales encuadran en los supuestos de la fracción III del artículo 225 citado, de preferencia deberán constituirse ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banco del Bienestar). De lo contrario los depósitos que se realicen ante institución diversa se remitirán a Banco del Bienestar, quien expedirá el billete de depósito correspondiente; además, en términos de los preceptos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, la depositaria tendrá que incluir la leyenda de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante y la relativa a que la depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control del depósito, en el entendido de que si dicho billete de depósito no contiene las inserciones antes referidas, no constituirá un obstáculo para la recepción del documento. En el entendido de que si opta por exhibir póliza de fianza, deberá indicar que es para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con motivo de la concesión de la suspensión. SEXTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita y con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica en el escrito de demanda, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    Vista la comparecencia que antecede, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, en ese sentido se provee, Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Conforme a lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, con copia simple de la demanda, así como con reproducción certificada del presente proveído, fórmese el incidente de suspensión. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ..., a quien se deberá emplazar en el domicilio que se proporciona para tal efecto. En términos del precepto 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el fedatario adscrito a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de cuatro de diciembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: "Vista la demanda que promueve . , por propio derecho; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1401/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la materia, a efecto de acordar lo que proceda sobre la demanda de amparo, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, cumpla con los puntos que a continuación se especifican: ÚNICO. Ratifique su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, mediante comparecencia en este Juzgado de Distrito, debidamente identificado con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Al respecto, se cita la tesis con número de registro 218629, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 345, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." En efecto, este requerimiento se sustenta en el hecho de que, la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, lo que se traduciría en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, convenios o contratos privados (de compra-venta, arrendamiento, comodato, etcétera) celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, visible en la página 11, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el presente juicio no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar la demanda inicial y al emitirse la sentencia correspondiente, de considerarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedora, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." De igual forma, se cita la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 34, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el título: "ARRENDAMIENTO. MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO. Este tribunal ha venido observando que son numerosos los casos en que se interpone amparo en asuntos de arrendamiento, en los que se demanda la terminación del contrato del inmueble, su desocupación y entrega, invocando conceptos de violación notoriamente injustificados, y presentando la demanda ante autoridad incompetente, pues combatiéndose una sentencia dictada por la justicia de paz, o una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Superior en asuntos de cuantía inferior a la que corresponde conocer a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la demanda se presenta en la Suprema Corte o se dirige a un Juzgado de Distrito en Materia Civil, por lo que se provoca la demora y el entorpecimiento de la ejecución de los actos reclamados. Este ejercicio abusivo de la acción de amparo no sólo ocasiona perjuicios a la contraparte del quejoso en el juicio que motiva el de garantías, sino que redunda en perjuicio social porque contribuye al retardo en la expedición de la justicia obligando a este tribunal a ejercer su fundación jurisdiccional en la tramitación y decisión de amparos que sólo tienden a retardar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sustrayéndolo al ejercicio de sus funciones en los amparos que justificadamente lo requieren; por otra parte, en estos casos el abuso del amparo redunda en desprestigio de la institución misma, porque establecida para el alto fin de salvaguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es utilizada con el sólo fin de retardar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en los juicios comunes. En consecuencia, y de acuerdo con el contenido del artículo 81 de la Ley de Amparo, si el juicio fue iniciado para demorar y entorpecer la ejecución de los actos reclamados, lo que se evidencía por su presentación ante autoridad incompetente y porque se opusieron excepciones notoriamente improcedentes y conceptos de violación también notoriamente injustificados, procede imponer a la parte quejosa y a sus abogados, sendas multas por trescientos pesos y hacerse del conocimiento de la Tesorería de la Federación, para los efectos de su cobro." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez de amparo que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno, obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio de amparo, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad de la quejosa la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario1 . Planteamientos en esencia compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil . . Aclaración que deberá formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo. Independientemente de lo anterior, considerando que la peticionaria se ostenta tercera extraña auténtica al procedimiento de origen, y no se cuenta con mayor información que permita determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso conforme al artículo 62 de la Ley de amparo; o bien, si existe conocimiento previo por diverso juzgador -aspecto que tiende a preservar el principio de seguridad jurídica- y evitar el dictado de resoluciones contradictorias, en términos del numeral 17 constitucional, solicítese al Juez responsable, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe lo siguiente: 1) Quiénes son las partes en el controvertido natural y cuáles son las prestaciones reclamadas. 2) Cuál es el estado procesal que guarda el juicio . de su índice, si ya se dictó sentencia y si fue recurrida, debiendo acompañar copia certificada de las resoluciones respectivas. 3) Si dentro del proceso de origen se han promovido otros juicios de amparo indirecto (aun cuando no los haya instado la parte quejosa), y de ser afirmativo, precise qué actuación fue sometida al análisis constitucional, juez de distrito que conoció del asunto, número de expediente y si ya fue resuelto el juicio biinstancial. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Con relación a quien nombra en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrá las facultades amplias que prevé, si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estará autorizada para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. "

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la juez responsable con el que da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto el promovente del presente juicio de amparo acate lo solicitado en el auto de prevención. NOTIFÍQUESE.

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