Guadalupe Flor Carreño Diaz

Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Flor Carreño Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Incidental

    Agréguense para que obre como corresponda la comparecencia de la que se advierte la entrega del billete de depósito ahí precisado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra la resolución de veintitrés de mayo del año en curso, sin que hasta este momento se haya hecho valer, consecuentemente, SE DECLARA FIRME. Finalmente, glósese el ocurso de la endosataria en procuración de la tercera interesada, en atención a su contenido; dígase que deberá estarse a lo acordado en las líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovido por el tercero interesado ..., derivado del juicio de amparo 734/2022, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Antecedentes. 1. ... promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez y Actuarios, adscritos al Juzgado Segundo Civil de la Ciudad de México. De la demanda, se aprecia que su inconformidad se hizo consistir en el emplazamiento que se le practicó en el juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Segundo Civil de la Ciudad de México, así como todo lo actuado en el proceso natural. 2. La demanda se admitió a trámite el veintisiete de julio de dos mil veintidós; y en esa misma fecha, se decretó la suspensión provisional. En dicha determinación, se estableció que la parte quejosa debería garantizar los posibles daños y perjuicios, mismos que se fijaron conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), en los siguientes términos: "La medida tendrá vigencia desde luego, pero dejará de hacerlo si el accionante no otorga garantía, en cualquiera de las formas que establece la ley, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, por la cantidad de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercera interesada con su otorgamiento, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Ahora bien, el monto indicado en primer término es producto de cuantificar los daños, que es de $26,735.40 (veintiséis mil setecientos treinta y cinco pesos 40/100 moneda nacional); monto que resulta de multiplicar $652,210.08 (seiscientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 08/100 moneda nacional), por el factor 0.0084, que equivale a la actualización de junio de dos mil veintidós, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación; lo que resulta en $5,478.56 (cinco mil cuatrocientos setenta y ocho 56/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por el lapso de 4.882 meses calendario, da como resultado la primer cantidad apuntada, relativa a los daños. Los perjuicios ascienden a $21,351.18 (veintiún mil trescientos cincuenta y un pesos 18/100 moneda nacional); que resulta de multiplicar el monto citado como suerte principal por 0.08054, que corresponde a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) publicada por el Banco de México, el día de hoy, para solventar obligaciones a veintiocho días, lo que resulta en $52,502.91 (cincuenta y dos mil quinientos dos pesos 91/100 moneda nacional), numerario que dividido entre doce -para conocer el monto mensual correspondiente- da $4,375.24 (cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), y multiplicado por el lapso de 4.88 meses calendario, da como producto el monto indicado en primer término por concepto de perjuicios. Así, la cantidad fijada de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), deriva de sumar los daños y los perjuicios precisado en los párrafos que anteceden." 3. El cinco de agosto siguiente, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito número N ... por la cantidad de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. 4. Posteriormente, por interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva, misma que se fijó para los siguientes efectos: "Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se realice ningún acto tendiente a ejecutar la sentencia definitiva que condenó a la quejosa, ni se continúe con la ejecución del remate del inmueble ubicado en Calle ..., en la Ciudad de México, lo cual implica que no se ordene o inscriba la escritura de adjudicación; y tampoco se lleve a cabo su entrega; en términos del numeral 151 de la propia legislación." Asimismo se determinó que el documento nominativo exhibido servía para que surtiera efectos la definitiva: "En lo respectivo a la cantidad para responder por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de la medida suspensional, la accionante deberá estarse al monto fijado en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, y toda vez que ya la exhibió en su escrito con registro 12812, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la suspensión definitiva surte sus efectos desde este momento; por el lapso de 4.88 meses calendario, tiempo probable en resolver el juicio del que deriva esta incidencia." 5. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio de amparo principal, en la que se concedió a la quejosa la protección constitucional. 6. Determinación que fue revocada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la resolución emitida en el R.C. ..., para en su lugar, negar la protección de la justicia federal. SEGUNDO. Admisión del incidente de daños y perjuicios. El veintisiete de marzo de este año, se tuvo a la parte tercera interesada promoviendo incidente de daños y perjuicios, en términos de los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, dándose inicio a la substanciación correspondiente. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de alegatos, quedando el asunto listo para resolver, lo que se hace en este acto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por los artículos 156 de la Ley de Amparo y 54 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser un incidente relacionado directamente con el juicio de amparo promovido y resuelto en este Juzgado. SEGUNDO. Estudio de fondo. El presente incidente es fundado, por lo motivos que se expondrán a continuación. Los artículos 156 y 132 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De una interpretación armónica de los preceptos citados, se advierte que para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para reparar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar. Esto es, para la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.120 K (9a.)1 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Así como, en complemento a la anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/7 K (11a.) 2 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA DEMOSTRACIÓN POR PARTE DEL INCIDENTISTA DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA I.3o.C.120 K (9a.)]. Hechos: Un Juez de Distrito en Materia Civil declaró infundado el incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por la parte tercero interesada en el juicio de amparo, actora en el juicio ordinario, ocasionados con motivo de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada a una persona extraña al juicio natural, para el efecto de que no se ejecutaran diversos actos. Ello, con base en que no se acreditaron plenamente los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la concesión de la suspensión decretada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, de una nueva reflexión, que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, debe ser presuntiva, ya que con la promoción de un juicio de amparo y la obtención de una sentencia que lo sobreseyera o negara y que hubiere causado ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Justificación: Lo anterior, porque es desproporcional solicitar al incidentista que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo puede advertirse presuntivamente si resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que en cuanto a la demostración de los perjuicios, es innecesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer de un bien; de manera que basta con la narración o explicación de los hechos de donde surgiría la ganancia de la que en su concepto se vio privado. Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta parcialmente del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.120 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1983, con número de registro digital: 159870, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS.", en la parte que establece: "...4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.", para que ahora se lea: "...4) La demostración presuntiva de que el incidentista resintió daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada"." Ahora bien, en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.)3 , el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado. Asimismo indicó que si al otorgar la medida suspensional, ello tiene como efecto el impedir la ejecución de una condena a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a una cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; y respecto de los perjuicios indicó que se reflejan como las ganancias lícitas que se obtendrían de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, y que éstos deben calcularse con base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio y al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Precisado lo anterior, procede examinar si en el caso se surten los elementos mínimos para la actualización de los daños y perjuicios causados con motivo de la suspensión concedida; lo cual debe hacerse sin llegar a un extremo de forzar los hechos, pero tampoco soslayando los resultados concretos de las pruebas; es decir, encontrando un equilibrio entre las manifestaciones de la parte actora incidentista y los elementos de prueba; bastando para examinar los planteamientos, que se exprese con claridad la petición y la causa de pedir. En el caso, se cumplen con los elementos enunciados como se demostrará a continuación: 1. De la presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; se acredita con el señalamiento que se realizó en el auto admisorio, donde se tuvo con tal carácter a .... 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; se configura con las determinaciones de veintisiete de julio y veintidós de agosto, ambos de dos mil veintidós, donde se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, con la condición de que exhibiera la cantidad de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), deriva de cuantificar los daños y perjuicios. 3. La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; sobre este punto, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la resolución emitida en el R.C. ..., revocó la sentencia dictada en el cuaderno principal del cual deriva esta incidencia, para en su lugar, negar la protección de la justicia federal. 4. La demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. En el caso, la parte tercera interesada sustancialmente manifiesta que con motivo de la medida no se pudieron llevar a cabo actuaciones tendentes a obtener el pago de lo que la quejosa adeuda con motivo del juicio de origen, por haberse paralizado el remate con motivo de la suspensión concedida en la incidencia en que se actúa. Además, refiere que ahora que le fue negado el amparo a la parte quejosa debe iniciar nuevamente con el remate que se suspendió, lo que implica que el avalúo que obraba en autos tenga que ser actualizado pues ya transcurrió el plazo de seis meses que otorga la ley para su vigencia, lo cual también acontece con el certificado de libertad de gravámenes, lo que se traduce en nuevos gastos. Así como el daño que se sufrió por el poder adquisitivo derivado de la inflación, por el simple transcurso del tiempo y que ahora no es el mismo que se pudo haber obtenido cuando se suspendió la etapa de ejecución. De lo anterior, en relación a los elementos de convicción con que se cuenta, particularmente la instrumental de actuaciones4 consistente en los autos que integran este expediente, se tiene que medularmente los hechos apuntan razonablemente a la existencia de una posible ganancia lícita, son los siguientes:  La existencia de una condena a favor de la parte actora en el juicio natural (incidentista en este procedimiento) donde a través del remate del bien se pretende que cumpla la quejosa.  Durante un periodo de seis meses diecinueve días (contados desde el veintisiete de julio de dos mil veintidós, fecha en que iniciaron los efectos de la suspensión provisional, pasando por la definitiva que la sustituyó, hasta el quince de febrero pasado), esto es, 6.19 meses calendario, la parte tercera interesada no pudo realizar actos encaminados a rematar el inmueble ubicado en Calle ..., en la Ciudad de México. Y es así, pues el efecto de la suspensión fue precisamente que no se realizara ningún acto tendiente a ejecutar la sentencia definitiva que condenó a la quejosa ni se continuara con el proceso de remate del inmueble, lo que implicaba que no se ordenara o inscribiera la escritura de adjudicación, en caso de ya estuviera realizada. Los anteriores factores ponen de relieve la existencia de una suspensión concedida dentro de un proceso constitucional, donde la decisión final no fue favorable para la quejosa; lo que le permitió injustificadamente que no se le ejecutara en un proceso donde es parte; por lo que lógicamente la moral tercera interesada, actora en el proceso natural, no pudo continuar con la etapa de ejecución a fin de poder rematar el inmueble que el impetrante de amparo defendió. Por lo que, al estar paralizada la etapa de ejecución de la sentencia definitiva, con motivo de la defensa constitucional entablada por la parte quejosa, durante todo el lapso relativo a la sustanciación del juicio de amparo, es claro que existió una limitación legal para la autoridad, que a su vez generó a favor de la quejosa la posibilidad de retener el bien y que este no fuera sacado a remate; lo que trae en vía de consecuencia que el tercero no pudiera ejecutar la sentencia dictada en el proceso natural. Lo que incluso podría caer en la desatención de lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo5 ; y la autoridad no podía permitir por ningún medio que siguiera con el proceso de ejecución, pues para ella podría representar una causa de responsabilidad penal en términos del artículo 2626 de dicho ordenamiento. Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.73 K (10a.)7 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "SUSPENSIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO NO FACULTA AL PARTICULAR A EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. El hecho de que ni el Juez de Distrito ni la autoridad responsable ordenen expresamente al particular paralizar la ejecución del acto reclamado, no lo faculta para que pueda llevarla a cabo. Es así, porque la inobservancia de la obligación establecida en el artículo 149 de la Ley de Amparo, bajo ninguna circunstancia justificará, en relación con el particular, el incumplimiento de la medida cautelar, ni atenuará las consecuencias jurídicas que se deriven de éste, pues su respeto y obediencia provienen, ante todo, de su naturaleza y de la finalidad instrumental que persigue. Intelección que es acorde con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la suspensión decretada en un juicio de amparo no sujeta únicamente a las autoridades, pues los principales obligados a respetarla son los individuos que figuran como partes en el propio juicio de amparo, sin que el cumplimiento de un acuerdo de autoridad que tenga efectos a cargo de ellos, implique que la suspensión origine un desvío del amparo hacia el enjuiciamiento constitucional de actos que no son de autoridad, sino de particulares (criterios de rubros: "SUSPENSIÓN.", "ACTOS DE AUTORIDAD A CARGO DE PARTICULARES, SUSPENSIÓN EN CASO DE." y "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES." (Registros digitales 303498, 320718 y 2004604, respectivamente)." De modo que, en el caso los elementos aludidos se configuran a favor de la tercera interesada a partir de lo descrito, por tanto se procede a verificar los daños y perjuicios que se le causaron con motivo de la suspensión concedida en esta incidencia. Ahora bien, aun cuando el tercero expuso que debía considerarse para la condena el monto de $54,409.82 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 82/100 moneda nacional), por el plazo de seis meses veintiún días; lo cierto es que corresponde al suscrito verificar el periodo de indisponibilidad y los posibles daños y perjuicios que se ocasionaron al promovente, a fin de determinar la generación de la afectación patrimonial alegada. Para lo cual, se advierte que, como se ocupó en la determinación provisional y definitiva para cuantificarlos, es procedente utilizar como base la condena que pesa sobre la quejosa por $652,210.08 (seiscientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 08/100 moneda nacional), que constituye el monto líquido principal que consta a favor de la actora incidentista, al cual no pudo acceder, con motivo del efecto de la suspensión, que fue precisamente la paralización de la ejecución de la sentencia que se dictó en el juicio natural y sacar a remate el inmueble litigioso. Bajo este lineamiento y como se vio, se tiene de las constancias de autos que el periodo en que estuvo vigente la suspensión de amparo en favor de la quejosa, comenzó el veintisiete de julio de dos mil veintidós (con el dictado de la suspensión provisional, sustituida por la definitiva de veintidós de agosto de ese año), hasta el quince de febrero de dos mil veintitrés (fecha en que el Tribunal Colegiado Revisor revocó el fallo dictado por este Juzgado Federal); lo cual comprende un periodo de seis meses diecinueve días. Por tanto, por la cantidad de los daños y perjuicios que se ocasionaron a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la medida cautelar de amparo ascienden a $60,995.01 (sesenta mil novecientos noventa y cinco pesos 01/100 moneda nacional). El monto indicado es producto de cuantificar los daños, que es de $33,912.28 (treinta y tres mil novecientos doce pesos 28/100 moneda nacional); monto que resulta de multiplicar $652,210.08 (seiscientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 08/100 moneda nacional), por el factor 0.0084, que equivale a la actualización de junio de dos mil veintidós, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación; lo que resulta en $5,478.56 (cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 56/100 moneda nacional), cantidad que multiplicada por el lapso de 6.19 meses calendario, da como resultado la primer cantidad apuntada, relativa a los daños. Los perjuicios ascienden a $27,082.73 (veintisiete mil ochenta y dos pesos 73/100 moneda nacional); que resulta de multiplicar el monto citado como suerte principal por 0.08054, que corresponde a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) publicada por el Banco de México, el día en que se dictó la suspensión, para solventar obligaciones a veintiocho días, lo que resulta en $52,502.91 (cincuenta y dos mil quinientos dos pesos 91/100 moneda nacional), numerario que dividido entre doce -para conocer el monto mensual correspondiente- da $4,375.24 (cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), y multiplicado por el lapso de 6.19 meses calendario, da como producto el monto indicado en primer término por concepto de perjuicios. Así, la suma razonada de todos los factores apuntados hacen concluir al suscrito que procede hacer efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 156 de la Ley de Amparo; por lo que debe responderse hasta por el monto garantizado por la cantidad de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), mediante el billete de depósito N ..., expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, hoy Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia visible en la página 998, segunda parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, del siguiente tenor: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA SUSPENSIÓN. Los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, deben ser consecuencia inmediata y directa de dicha suspensión y esta relación inmediata y directa debe de probarse. Por lo tanto, si no se rindió prueba alguna para acreditar la existencia de tales daños y perjuicios, consecuentemente menos se pudo probar la relación inmediata y directa entre ellos y la suspensión como causa. El incidente de daños y perjuicios establecido por el artículo 129 de la Ley de Amparo, sólo puede ocuparse de los causados con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, de donde se advierte que no es materia del mismo el monto de las costas, el que deberá fijarse en el incidente respectivo por el juez del conocimiento." En esta tesitura, al ser procedente el reclamo de los daños y perjuicios generados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo, una vez que esta determinación quede firme, endósese a favor del tercero interesado ..., el billete de N ..., expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, hoy Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo. Ahora bien, al hacer efectiva la citada garantía por la cantidad señalada por concepto de daños y perjuicios, que fue cuantificada a partir de 4.88 meses, como tiempo probable en resolver el juicio, resulta un remanente por el monto que corresponde a 1.31 más -pues como se vio, la medida suspensional estuvo vigente 6.19 meses- sin embargo, el suscrito está imposibilitado para despachar ejecución más allá del monto de la garantía exhibida en autos, ya que a esto es a lo que acota el incidente a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, por lo tanto, el efecto útil de la presente interlocutoria es que, una vez que adquiera firmeza, la tercera interesada pueda acudir a los juzgados comunes a reclamarlo, pues es esa autoridad jurisdiccional quien cuenta con la potestad para emitir las determinaciones a través de las cuales pueda obligar a los quejosos a resarcir en su integridad los daños y perjuicios causados, por el tiempo restante que no fue garantizado, así como efectuar las diligencias necesarias para conseguir ese fin. En efecto, conforme a la fracción I, del artículo 407 del Código Federal de Procedimientos Civiles8 las sentencias ejecutorias constituyen títulos ejecutivos que dan lugar a la vía de apremio. El documento ejecutivo es el presupuesto esencial para la instauración de un juicio de ejecución, el cual se caracteriza por tener una presunción de certeza, toda vez que su contenido se supone indiscutible. El juicio ejecutivo, es un procedimiento especial, sumario y de ejecución, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en algún instrumento dotado de presunta autenticidad. Al respecto, el numeral 400 del Código Adjetivo Federal9 , señala que cuando un juicio de ejecución se sustente en una sentencia ejecutoria anterior, sólo se pedirá que se ejecute. En el particular, la presente interlocutoria que declaró la existencia de perjuicios cometidos en contra del tercero interesado, representa un instrumento ejecutivo, cuyo cumplimiento podrá solicitarse en términos del precepto legal invocado, lo anterior, porque en ella se determinó que con la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo de origen se le causaron daños y perjuicios a dicha parte procesal. Por tanto, en términos de los preceptos 400 y 407 del ordenamiento legal en cita, se dejan expeditos los derechos de la parte tercera interesada para acudir a los Juzgados comunes a reclamar el remanente de los perjuicios ocasionados por la cantidad que resulte de cuantificar los daños y perjuicios por 1.31 meses, utilizando las mismas operaciones que este órgano jurisdiccional empleó para su cálculo, una vez que quede firme la presente resolución, por ser dicha autoridad la facultada para emitir las determinaciones tendientes a obligar a la peticionaria del amparo al cumplimiento de lo decidido en la presente incidencia, así como realizar las diligencias necesarias para conseguirlo. No es impedimento para resolver en estos términos que la quejosa se oponga a la acción incidental del tercero interesado, señalando que con los intereses que se generan el proceso natural constituyen una ganancia a su favor y que en el juicio de origen se le puede condenar a gastos y costas, lo que en su caso puede incluir, el nuevo avalúo y el certificado de libertad de gravámenes; sin embargo, como en este fallo se ha explicado en forma suficiente, se demostró que hubo afectación patrimonial por la indisposición del ejercicio de los derechos inherentes al remate respecto del inmueble materia del juicio, con motivo de la suspensión que se otorgó a la quejosa, además de que existen factores temporales y pecuniarios definidos, por lo que debe el órgano estarse a este modelo, por congruencia con las actuaciones judiciales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 360 párrafo final del Código Federal de Procedimientos Civiles, se RESUELVE: Primero. Es fundado el INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS planteado por la tercera interesada .... Segundo. Hágase efectiva la garantía por la cantidad $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), que otorgó la parte quejosa para responder por los daños y perjuicios generados a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la suspensión definitiva. Tercero. Una vez que se decrete la firmeza de la presente resolución, endósese a la tercera interesada ..., el billete de depósito N ... por la cantidad de $48,086.58 (cuarenta y ocho mil ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional), expedidos por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que exhibió la parte quejosa. Cuarto. Se dejan a salvo los derechos de la parte tercera interesada, para que, una vez que quede firme esta determinación, pueda reclamar en la vía que corresponda, el excedente de la condena impuesta. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de .., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Incidental

    día y hora señalados para la AUDIENCIA DE ALEGATOS DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS en el cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 734/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Escrito inicial del incidente de daños y perjuicios; B) El auto que lo admitió a trámite; C) Notificación de la parte quejosa. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la tercera interesada ofreció diversas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Al respecto se provee: Se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber más elementos de convicción que desahogar, se cierra dicho periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que las partes los formularon, por lo que se cierra esta fase. En estas condiciones, se da por terminada la audiencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano