Guadalupe Jaúregui Ramos

Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
282/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Jaúregui Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que las partes interpusieran recurso de queja contra el proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo hicieran valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvase al Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de prueba constante en un tomo que se formó con los autos originales del juicio civil sumario 121/2013, en dos tomos de su índice y con los documentos fundatorios de la acción.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa Guadalupe Jáuregui Ramos, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso, el proveído dictado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. II. Notificación por lista. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado el proveído de referencia y los subsecuentes, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio procesal cierto. por este medio de lista se notifica al quejoso, el proveído dictado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. mediante el cual Téngase por recibido el oficio 1997/2018 del secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite el escrito de presentación y la demanda de amparo con certificación promovida por Guadalupe Jáuregui Ramos, así como los demás anexos descritos y relacionados. Además, el referido comunicado contiene trascrita la resolución dictada el catorce de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo directo 176/2018 del índice del citado tribunal colegiado, por el que se declaró legalmente incompetente para conocer del acto reclamado, por considerar que no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. Con los anexos remitidos, fórmense cuaderno de prueba constante en un tomo, que se ordena guardar en la secretaría de este juzgado para su debida seguridad y custodia. Asimismo, también obran agregados en el procedimiento de origen los emplazamientos de los terceros interesados Arcelia del Rocío Gómez Iñiguez, Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia; por tanto, obténgase copia certificada y glósese como constancia en el amparo en que se actúa. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 282/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Se deja insubsistente suspensión. Toda vez que la demanda fue presenta como amparo directo y el juez responsable resolvió lo relativo a la suspensión solicitada por la parte quejosa, lo procedente es que quede sin efectos aquella determinación, puesto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo. Sustenta lo anterior, por las razones que lo indican, los siguientes criterios: "SUSPENSIÓN EN UN AMPARO CONSIDERADO EQUIVOCADAMENTE COMO DIRECTO, EFECTOS DE LA. Si la autoridad responsable, en la hipótesis de que se trataba de un amparo directo proveyó sobre la suspensión conforme a los artículos 170 y 173 de la invocada ley cuando en realidad no es así porque se trata de un amparo indirecto, de donde surge la necesidad de tramitar por el Juez de Distrito un incidente conforme a los artículos 131 y relativos a la propia ley, siendo falsa la base de que partió la Sala del Tribunal para decretar la suspensión, ésta carece de todo efecto jurídico y no podrá subsistir desde el momento en que el Juez de Distrito al recibir los autos del amparo, previa petición abrirá el incidente y después de la tramitación resolverá lo que proceda porque además la medida atacada fue provisoria de la autoridad del fuero común en auxilio de la Justicia Federal y ésta estatuirá con propia competencia lo que ordene la ley, debiéndose comunicar esta resolución para los efectos consiguientes, también al Juez de Distrito a quien haya tocado un turno la demanda de garantías" "QUEJA SIN MATERIA. REVISTE ESA CARACTERÍSTICA LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCIÓ DEL AMPARO DIRECTO REMITIÓ LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO POR CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando un Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo directo, porque advierte que deberá conocer de él un Juez de Distrito en la vía indirecta y le remite los autos, tal resolución (aun cuando no decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados) constituye una ejecutoria que deja sin efectos lo actuado incluyendo, desde luego, todo lo relativo a la suspensión solicitada ante la autoridad responsable. Esto es así, pues el Juez Federal competente, al abocarse al conocimiento del asunto, está obligado, en fiel observancia al artículo 122 de la Ley de Amparo, a pronunciarse respecto de la suspensión provisional al contenerse esa petición expresa en la demanda de garantías, con lo que su determinación al respecto, sea cual fuese el sentido, sustituye la tomada por la autoridad responsable ante quien originalmente se le solicitó esa medida cautelar por tramitarse como amparo directo, siendo incuestionable que ambas decisiones no pueden coexistir; luego, si se hizo valer un recurso de queja contra la resolución de la responsable que proveyó respecto de la suspensión en aquella vía directa, es claro que al no existir materia sobre la cual deba pronunciarse el Tribunal Colegiado, así la debe declarar, pues ya no se rige por lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo" 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Antecedentes Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen. Cuestión que es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 117 del Código Federal de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado" Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que se tengan a la vista los autos de primera instancia, dado que la manifestación de antecedentes es un requisito de forma previsto en el arábigo 108, fracción V, que se ha citado, por lo que debe ser cumplido por la parte quejosa. Esto, ya que al recibir una demanda de amparo que se presentó erróneamente en la vía directa, debe prevenirla para que subsane las deficiencias que establezca la ley, en este caso, los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo vigente, lo que se robustece con los criterios jurisprudenciales P./J. 51/95 y 1.a/J.64/2015 (10a). Dichas tesis son del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" b. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables. El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado. Así, con esta vinculación entre acto y autoridad quedaría debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, en atención al artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado, con ello las responsables estarían en aptitud de justificar los actos que en concreto se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. También debe atenderse que, en el supuesto caso de que no rindan informe justificado dichas autoridades, si están vinculadas con los actos reclamados, operaría la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero, del cuerpo legal en cita. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES, FALTA DE. EFECTOS CUANDO ESTÁN EN JUEGO INTERESES DE DOS PARTICULARES. En el juicio de amparo, la falta de informe de una autoridad sólo hace presumir la existencia del acto reclamado, en términos de los artículos 132 y 149 de la Ley de Amparo. Y dentro de ese concepto, podrán presumirse también los hechos propios de las autoridades que sean afirmados en la demanda y que estén vinculados con el acto reclamado, con sus características o antecedentes, con su contenido, etcétera. Pero cuando en el juicio de amparo entran en juego intereses de dos particulares, de tal manera que tienen pretensiones legales contradictorias en relación con los actos reclamados, la sola falta de informe de la autoridad, o el silencio del informe rendido, en cuanto a algunos hechos aducidos en la demanda, no puede establecer una presunción a favor de alguna de las partes, de existencia de los hechos que no tengan vinculación directa con los actos reclamados mismos, sino con posibles derechos de los particulares contendientes, y que no emanan de los actos reclamados mismos, sino de actos diversos no reclamados." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta. Por lo anterior, deberá precisar de los actos que reclama, cuál, en específico, le atribuye a cada autoridad. c. Nombre de la parte quejosa. Precise cuál es el nombre de la parte que promueve, en virtud de que en su capítulo II, CAPACIDAD, PERSONALIDAD, INTERÉS LEGÍTIMO, LEGITIMACION Y REPRESENTACIÓN, señala que la impetrante del presente amparo es Ramón Córdova Avalos, sin embargo, del proemio de la demanda, así como de quien signa la misma, es Guadalupe Jáuregui Ramos, por tanto, deberá indicar e el nombre de quien promueve, prevención que resulta procedente al ser un requisito formal previsto en la fracción I, del artículo 108, de la norma en consulta. Sustenta lo anterior el siguiente criterio: "NOMBRE DEL QUEJOSO. EL JUEZ DEBE REQUERIR SU ACLARACIÓN, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y NO EN OTRO MOMENTO, SI DE ÉSTA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE TAL NECESIDAD. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben expresarse al formular la demanda de garantías, a fin de proporcionar a las partes los elementos necesarios para su defensa y facilitar al juzgador el desarrollo de su función jurisdiccional. Por ello, si al proveer sobre su admisión, no se tiene certeza del nombre del quejoso, porque de la demanda o de sus anexos se advierte uno diverso, el Juez de Distrito debe prevenir a quien promueve para que, dentro del término de tres días aclare esa circunstancia, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a tal prevención, tendrá por no interpuesta la demanda; sin que en ese supuesto sea válido requerir al promovente para que lo haga en otro momento procesal, pues dicha irregularidad atañe a un componente de la legitimación activa, cuyo estudio es de orden público, aunado a que ello puede argumentarse para evidenciar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. De esa manera puede evitarse, en su caso, la tramitación de un juicio inútil, o bien, fijarse desde su inicio ese aspecto; elemento destacado del litigio constitucional, en relación con el interés jurídico de quien solicita el amparo, dándole oportunidad a las partes de ofrecer pruebas sobre el particular. Por tanto, la omisión de requerir al promovente la aclaración de su nombre y en la oportunidad referida, implica una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento del juicio de garantías para que, previo al acuerdo admisorio de la demanda de amparo, requiera al promovente con la finalidad de que señale ese aspecto de su persona" 3. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo al punto relativo, lo siguiente: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Guadalupe Jáuregui Ramos, por propio derecho. a. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el indicado en su escrito de demanda. b. Autorizado. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 24 de la invocada ley, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Pedro Foronda farro, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

  4. Principal

    Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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