Guadalupe Estrada Urzúa

Expediente 760/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
760/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Estrada Urzúa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexos que remite la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual se adjuntó el testimonio de la resolución pronunciada en la queja 242/2018, en la cual se advierte que dicho Tribunal determinó:"PRIMERO.- Es procedente pero infundado el recurso de queja.SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Secretaria encargada del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el expediente 760/2018, que desechó la demanda de amparo indirecto promovida por ***."Acúsese el recibo y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, háganse las anotaciones correspondientes.Expediente el que a consideración de este Juzgado carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo, a lo cual el promovente se inconformo presentando recurso de queja, para más tarde declararse infundado por la superioridad, tal y como se asentó en párrafos precedentes.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 5018/2018 de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano admitió el recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintiseis de julio de dos mil dieciocho, el cual se registró con el número 242/2018; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe la quejosa ***, mediante el cual con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías.En aras de dilaciones procesales innecesarias, al no emplazarse a tercero interesado alguno en el presente juicio, ríndase el informe justificado, reconociendo que en la data indicada en el punto anterior se dictó el auto recurrido.A guisa de informe justificado, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado por conducto del secretario de juzgado, a quien se autoriza a suscribir el oficio correspondiente. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido, de la constancia de su notificación, de las constancias que se consideren necesarias para apoyar el referido informe, para lo que tenga a bien determinar respecto del recurso de que se trata.

  4. Principal

    Razón actuarial.De la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito, para notificar a la parte quejosa Guadalupe Estrada Urzúa, el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en la misma; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el auto en referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como los subsecuentes proveídos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. En cumplimiento a lo expuesto anteriormente, se notifica por este medio de lista a la parte quejosa, el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el cual dice: "I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Guadalupe Estrada Urzúa, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 760/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Una vez analizados en su integridad el escrito inicial de demanda, atento al contenido del artículo 113, en relación con el diverso 61 de la ley en cita, quien aquí resuelve estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo análisis debe efectuarse de oficio, por ser una cuestión de orden público preferente. El artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que se refiere al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de actos después de concluido el juicio en los casos que exista la etapa ejecutiva, cuando sea la última resolución, siendo la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descritas y, entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Se llega a la determinación anterior, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que, en la etapa de ejecución de sentencia el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución en los términos antes precisados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante la etapa de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la citada resolución, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados fuera de juicio son aquéllos que se llevan a cabo antes de la presentación de la demanda y que ayuden a preparar la acción que haya de intentarse; en cambio, los actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo dentro de la ejecución de la sentencia. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la emisión del auto de dos de julio de dos mil dieciocho, en el expediente 3199/2016 del índice del Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de siete de marzo de la anualidad que transcurre, que en lo conducente previene a la parte demandada -aquí tercera interesada-, para que dentro del término concedido señale perito de su parte, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se designará a ambas partes uno en rebeldía y continúa para el caso de que el perito que en su caso designe la parte demandada no emita su dictamen se le tendrá conforme con el rendido por su contraria, es decir, la aquí disconforme. Luego, de lo manifestado por la quejosa se desprende que dicho sumario se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. De ahí que la determinación en estudio es un acto autónomo dictado después de concluido el juicio, ya que es preliminar a la ejecución de sentencia, por tanto es una resolución intermedia en el aludido procedimiento y, los efectos y consecuencias son que se continúe con él hasta que se dicte resolución definitiva y, de ello, deviene la improcedencia de su demanda de garantías. Por consiguiente, el acto que aquí se impugna no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la norma en consulta; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y hace procedente desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Cobra aplicación al caso el criterio de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" También, cobra aplicación al caso la tesis de rubro y texto: "EJECUCION DE SENTENCIA. VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE. El juez federal en la sentencia recurrida dictaminó sobreseer el juicio de garantías por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, lo que es correcto, pues el quejoso señaló como acto reclamado del Magistrado responsable, la resolución relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado en la audiencia incidental relacionada con la ejecución de un convenio celebrado por la quejosa, y la parte actora (tercero perjudicado), en la que el juez natural admitió las pruebas ofrecidas por esta última, de lo que se infiere que las violaciones procesales reclamadas, fueron cometidas en el incidente de liquidación y ejecución de sentencia y que de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo sólo puede combatirse al promoverse el amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el incidente señalado, ya que es el momento en que se actualizan las violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución, dejando sin defensa al quejoso y, ocasionándole perjuicio o agravio y no en el de la admisión o remisión de pruebas. Por consiguiente, el acto que aquí se impugna no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo del cuerpo legal en consulta; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y hace procedente desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Cabe destacar que en el caso tampoco se actualiza el supuesto excepcional de procedencia del amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la citada ley, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional que afecten derechos sustantivos. En efecto, la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos después de concluido que no constituyan la última resolución, está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" Para mayor claridad, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 215/2009, que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada se desprende que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción IV, de la norma vigente), la cual dispone que en contra de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción V, del cuerpo legal vigente). Así, las condiciones para la aplicación del supuesto de procedencia del amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, son: a) Que los actos sean de imposible reparación, porque afecten inmediatamente derechos sustantivos. b) Que los actos no tengan una relación directa con la ejecución de lo condenado o que no tengan como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia. Así, en el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley invocada, habida cuenta que, de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; y, en el caso, el acto que se reclama solo vulnera derechos procesales de la parte quejosa, de ahí que se está en aptitud de seguir la prosecución del juicio natural para su cumplimiento, dado que únicamente se refiere al apercibimiento que en caso de ser omisa la parte demandada en designar perito, se les designará uno en rebeldía. Para mayor claridad, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una respuesta favorable a sus pretensiones en el juicio. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Además, aplicado por analogía el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos" En el caso en concreto se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado porque con los actos en estudio sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En las relacionadas condiciones se concluye, que respecto a la emisión del auto que hoy se combate es un acto verificado después de concluido el juicio, en la etapa ejecutiva, y no se está en el caso de excepción, es decir, que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza el caso de excepción a la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la misma ley, respecto del acto reclamado en estudio, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención de las partes. 1. Quejosa: Guadalupe Estrada Urzúa. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Jorge Ubaldo Valadez Velázquez, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las demás personas que indica por así haberlo solicitado. c. Autorización medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona en su escrito de cuenta, con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran " V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente"

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