Guadalupe Gisela Lopez Rojas
Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guadalupe Gisela Lopez Rojas
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, Con Sede En Tehuacán, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 783/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Guadalupe Gisela López Rojas, por conducto de Luis García Jiménez -quien dijo ser su asesor victimal-; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional, Luis García Jiménez, ostentándose con el carácter de asesor jurídico victimal de la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, y otra autoridad. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación e incompetencia. Por acuerdo dictado el once de agosto del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 783/2021; asimismo, se declaró incompetente para conocer de la misma por estimar que los actos reclamados debieron reclamarse por la vía directa y que, por ende, eran competencia de un Tribunal Colegiado en Materia Penal, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó la remisión de los autos al Tribunal de Alzada respectivo del Sexto Circuito. Tercero. Rechazo de competencia. Mediante resolución dictada el diecisiete de agosto de la presente anualidad, dentro del amparo en revisión D-71/2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito no aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, por estimar que los actos reclamados no se trataban de una sentencia definitiva o resoluciones que pusieran fin a un juicio o proceso, ya que no resolvían la cuestión principal del juicio ni lo daban por concluido, aunado a que no se desprendía información alguna relativa a que se haya decretado el sobreseimiento de la carpeta judicial de origen y, por tanto, la vía procedente era la indirecta, de la cual conocen los juzgados de Distrito. Cuarto. Auto de parcial admisión. Por auto emitido el veinte de agosto de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional recibió los autos del Tribunal Colegiado y determinó lo siguiente: ( Con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo, desechó la acción constitucional respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la solicitud de siete de julio de dos mil veintiuno, formulada por María Luisa Oropeza Álvarez, Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, ante el juez de control responsable, por la que solicitó "el archivo de la carpeta de investigación número 247/2020/TEPEXI, la que a su vez dio origen a la carpeta administrativa número 400/2020/TEHUACÁN"; lo anterior, por considerar que dicho acto no era proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo. ( Admitió a trámite la demanda únicamente respecto del acto reclamado al juez de control responsable -sin incidente de suspensión-, requirió el informe justificado, solicitó al juez responsable la constancia que acreditara la personalidad del promovente como asesor jurídico victimal de la quejosa dentro del procedimiento de origen y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Quinto. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos d) y e), de la ley de la materia, se ordenó el emplazamiento, con el carácter de terceros interesados de los siguientes sujetos: i) José Filogonio Bello Flores -imputado de origen-, quien se apersonó a juicio mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. ii) Nora Bello Flores -imputada de origen-, quien se apersonó a juicio mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; y, iii) Rodolfo Miguel Paleta Toxtle, Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla -denominación correcta-. Sexto. Ratificación de la demanda de amparo y cita para audiencia. 1. En acuerdo de diecinueve de octubre del presente año, se advirtió que el promovente Luis García Jiménez no tenía la personalidad con la que se ostentó, es decir, como asesor jurídico victimal de la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas dentro de la carpeta judicial administrativa 400/2020/TEHUACÁN; en ese sentido, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se requirió a la directa quejosa para que, al momento en que se le notificara el acuerdo o dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara si era su deseo ratificar o no la demanda promovida en su nombre; con el apercibimiento de no hacerlo, la demanda se tendría por no interpuesta y quedarían sin efecto las providencias dictadas en este expediente. 2. En auto de veintiséis de octubre del actual, se tuvo a la quejosa ratificando la demanda de amparo en su favor, por lo que se le dio vista con las constancias de autos en términos del artículo 117 de la ley de la materia y se fijaron las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre actual, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto proveniente de un procedimiento penal, radicado ante una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas reclama: ( La determinación dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 400/2020/TEHUACÁN, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en su carácter de ofendida del delito, en contra del auto emitido el siete de julio del mismo año, por el cual, a petición de la fiscalía, se dejó sin efectos la audiencia de formulación de imputación ante insuficiencia de datos de prueba para tales efectos y, por ende, se ordenó el archivo de la citada carpeta judicial administrativa como asunto totalmente concluido. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán. Acepta. 45. Tabla Única. El juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en la copia certificada de la carpeta judicial administrativa 400/2020/TEHUACÁN de su índice, la cual, por tratarse de un documento público, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierta la resolución jurisdiccional reclamada en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio respecto del acto ahora reclamado. ° Improcedencia por no existir un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Este órgano de control constitucional considera que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1° de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, para explicar la actualización de la causa de improcedencia aludida, es menester narrar los siguientes antecedentes derivados del procedimiento de origen: 1. Mediante oficio sin número de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación 247/2020/TEPEXIDERODRÍGUEZ, Ernesto Gutiérrez Roldán, Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, entre otras cuestiones, solicitó al Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, fijar hora y fecha de audiencia para formular imputación en contra de José Filogonio Bello Flores y de Nora Bello Flores, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I, y 410, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Silvia Rojas Sorcia y de Guadalupe Gisela López Rojas -ahora quejosa-. 2. El siete de octubre de dos mil veinte, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, entre otras cuestiones, radicó la causa penal 400/2020/TEHUACÁN y señaló las once horas del veintitrés de noviembre del mismo año, para la celebración de la audiencia inicial. 3. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el citado juez de control, en lo que interesa, acordó el diferimiento de la audiencia inicial por solicitud de los imputados, señalando las once horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno para tal efecto. 4. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, ante un escrito presentado por los imputados en el que solicitaron el diferimiento de la misma por presentar síntomas de Covid-19. 5. El uno de marzo de dos mil veintiuno, Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, dentro de la carpeta de origen, acordó el citado escrito de los imputados, por lo que con el mismo, dio vista al fiscal para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, con el apercibimiento de no hacerlo, se le tendría por conforme con lo solicitado en el aludido escrito. 6. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el referido juez de control, en lo que interesa, señaló las doce horas con treinta minutos del uno de junio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. 7. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el juez de control, en lo que interesa y previa solicitud, señaló las doce horas del seis de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. 8. Mediante oficio 828/2021Tepexi de seis de julio de dos mil veintiuno, María Luisa Oropeza Álvarez, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a Tepexi de Rodríguez, Puebla solicitó a la autoridad jurisdiccional dejar sin efectos la audiencia programada para las doce horas de la propia data ante insuficiencia de datos de prueba para formulación de la imputación; ello hasta en tanto contara con los datos suficientes para formular imputación. 9. El siete de julio de dos mil veintiuno, el juez de control tuvo por recibido el oficio de mérito y acordó de conformidad lo solicitado por la fiscal, es decir, dejó sin efectos la hora y fecha señaladas para el desahogo de la audiencia inicial por insuficiencia de datos de prueba para formulación de la imputación y, por tanto, ordenó el archivo de la carpeta judicial administrativa como asunto totalmente concluido. 10. Inconforme con dicho proveído, la agraviada Guadalupe Gisela López Rojas -ahora quejosa- interpuso recurso de revocación mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. 11. Mediante determinación dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, el juez de control responsable admitió y resolvió de plano el mencionado recurso de revocación, declarándolo infundado y confirmando el auto recurrido -acto reclamado en esta instancia constitucional-. En ese tenor, se deduce que el acto reclamado no afecta derechos fundamentales de la quejosa en su carácter de ofendida del delito en el procedimiento penal de origen, ya que si bien dicha actuación confirmó el auto que dejó sin efectos la audiencia para la formulación de la imputación y ordenó el archivo de la carpeta judicial administrativa de origen ante la solicitud de la fiscal, lo cierto es que esa actuación no significa el fin del controvertido penal, cuenta habida que no decretó el sobreseimiento del asunto ni se trata del no ejercicio de la acción penal, del archivo temporal o de la aplicación de un criterio de oportunidad; y, por ende, no se ve afectado su derecho a la reparación del daño ni sus derechos a la justicia y al conocimiento de la verdad. Justamente, conforme al artículo 21 Constitucional, el fiscal investigador ejerció su facultad de ejercer acción penal en contra de los imputados de origen, solicitando hora y fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, con posterioridad y con la misma facultad, estimó que no contaba con los datos de prueba necesarios para ese ejercicio, por lo que solicitó al juez de control que dejara sin efectos la programación de la citada audiencia, quien acordó de conformidad lo solicitado y archivó su carpeta judicial como asunto totalmente concluido. No obstante, la decisión del juez de control, confirmada mediante la resolución ahora reclamada, -se reitera- no significa que la investigación criminal de origen haya culminado, pues, en todo caso, ello se determinará por el ministerio público en la etapa de investigación inicial dentro de la indagatoria de origen, lo cual, podrá impugnarse por la víctima en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; incluso, también podrán ser materia de dicha impugnación las omisiones en las que incurra el ministerio público durante de dicha etapa. En efecto, dicho numeral prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, como ya lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la contradicción de tesis 233/2017, la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por otro lado, debe decirse que la solicitud de la fiscal, acordada favorablemente por el juez de control, tampoco significa el desistimiento de la acción penal, cuenta habida que en términos del artículo 144, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquél tiene por efecto el sobreseimiento de la causa penal, mismo que, una vez firme, tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado, de conformidad con el artículo 328 del propio código. Ciertamente, el fiscal, al momento de formular su solicitud, indicó que, una vez que contara con los datos de prueba suficientes, realizaría nuevamente su solicitud para la programación de la audiencia inicial en la que se formularía imputación en contra de los implicados; de ahí que no se trata de una actuación que haya acordado favorablemente el desistimiento de la acción penal. Entonces, los actos que, en todo caso, causarán una afectación a los derechos fundamentales de la víctima, serán aquéllos en los que el ministerio público determine el no ejercicio de la acción penal, un criterio de oportunidad o el archivo temporal, así como actuaciones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; asimismo, aquéllos en los que el juez de control decrete el sobreseimiento de la causa, en términos de los artículos 327, 328, 329 y 330 del código nacional; o bien, no vincule a proceso a los imputados o dicte una sentencia absolutoria, entre otros. Lo anterior, porque hasta cualquiera de esos momentos podrán verse afectados, directa o indirectamente, los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia. Mientras la determinación aquí reclamada no se trata del sobreseimiento del controvertido penal por la actualización de alguna de las causales previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, no se trata de una resolución con efectos absolutorios para los imputados, no pone fin al procedimiento ni inhibe una nueva persecución penal por los hechos imputados, tan es así que al final de su resolución, el juez de control señaló expresamente lo siguiente: "(.) Cabe señalar que el archivo de la presente carpeta judicial administrativa no implica el archivo de la carpeta de investigación 247/2020/TEPEXI, de la cual derivó la presente causa, pues en un momento dado la fiscal investigadora cuenta con la facultad de judicializar nuevamente el asunto una vez que cuente con los datos de prueba suficientes para sustentar su solicitud, generando una nueva carpeta judicial administrativa. (.)" Ahora bien, analizando el asunto desde otra óptica: ¿qué efectos prácticos y jurídicos tendría que el juez de control celebrara la audiencia inicial, a sabiendas de que el fiscal, único facultado en el asunto de origen para ejercer la acción penal, ha manifestado que no cuenta con los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación a proceso de los imputados? Este órgano jurisdiccional considera que ninguno, ya que de ser cierta la aseveración del fiscal, en el sentido de que no cuenta con los datos de prueba suficientes, la pretensión de vinculación a proceso será infructuosa; lo que, incluso, podría generar, en perjuicio de la víctima u ofendido, un mayor retraso en la impartición de justicia y en una eventual condena por reparación del daño. No obstante, en el supuesto de que no fuera cierta la aseveración del fiscal, la actuación del juez de control, como garante de los derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas, no puede ser parcial; dicho en otras palabras, él no tiene el interés para obligar al fiscal a que formule la imputación y realice la solicitud de vinculación a proceso, cuando dicho órgano acusador ha informado que, por el momento, no cuenta con los datos de prueba suficientes para tales efectos. En efecto, con base en los principios de imparcialidad, oralidad y contradicción que rigen el nuevo sistema penal acusatorio, el juez de control no puede fungir como órgano acusador y como impartidor de justicia al mismo tiempo; de modo que resultaría incorrecto que obligara al fiscal al desahogo de la audiencia, cuando éste es el único facultado para ejercer la acción penal. En conclusión, la actuación del juez en la que deja sin efectos la fecha programada para la audiencia de formulación de la imputación y ordena el archivo de la carpeta judicial administrativa, no afecta derechos fundamentales de la ahora quejosa, simplemente tiene efectos administrativos y estadísticos al no contener pronunciamiento alguno sobre el ejercicio de la acción penal o sobre el acreditamiento delito, la responsabilidad de los implicados o la actualización de alguna causa de sobreseimiento. Dicho en otras palabras, no incide en la reparación del daño ni en algún otro derecho sustantivo de la víctima dentro del procedimiento penal, de manera que si ésta considera que el fiscal, con su actuación u omisión dentro de la investigación, ha vulnerado tales derechos, tiene a su alcance el control judicial a que se ha hecho referencia. No pasa desapercibido que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio, como el aquí combatido, pues éste tuvo lugar antes de la celebración de la audiencia inicial, tomando en cuenta que el artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la ley de la materia, dispone que para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; luego, en términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Sin embargo, el hecho de que el acto aquí reclamado haya tenido lugar fuera de juicio, no es suficiente para concluir que procede el amparo en el presente asunto, ya que ese tipo de actos deben afectar de manera directa y actual derechos fundamentales del quejoso. En similares términos, lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro la contradicción de tesis 141/2018, en donde estableció que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. Justamente, dicho Tribunal Constitucional si bien reconoció que la citación para audiencia inicial se trataba de un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio, también indicó que ello no era suficiente para concluir que procedía el amparo, ya que debía afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso, tal como se desprende de la siguiente transcripción: "(.) 27. El punto a dilucidar es si procede el juicio de amparo indirecto en contra de la citación a la audiencia inicial, dictada en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece, en lo que interesa, que cuando el Ministerio Público considere que tiene elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su comisión, solicitará al Juez de Control que se cite al imputado para la audiencia inicial del juicio, en la que se le comunicará la imputación, se determinará si se le vincula o no a proceso, en su caso se le fijará una medida cautelar y se determinará plazo para concluir la investigación. 28. Conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. 29. Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo en este supuesto, debe partirse de que la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. 30. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo,(13) establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. La pregunta, entonces, es si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. (.)" En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, en relación con la determinación dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 400/2020/TEHUACÁN, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en su carácter de ofendida del delito, en contra del auto emitido el siete de julio del mismo año, por el cual, a petición de la fiscalía, se dejó sin efectos la audiencia de formulación de imputación ante insuficiencia de datos de prueba para tales efectos y, por ende, se ordenó el archivo de la citada carpeta judicial administrativa como asunto totalmente concluido. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de la aludida resolución, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores la presente sentencia, por conducto de Pedro Isaías Morales Herrera, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, quien tiene concedido el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Guadalupe Gisela López Rojas, contra el acto y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de la sentencia. Notifíquese por lista a la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas; electrónicamente a los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores, por conducto de Pedro Isaías Morales Herrera, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado (a estas autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas y, en atención a su contenido, primero téngasele revocando el domicilio y a los autorizados procesales que se encuentren designados en autos y designando a Arturo Román Rosas y a Bertín Eliud Brigada Valdez como nuevos autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tiene a la quejosa autorizando, únicamente para efectos de recibir notificaciones, a los que menciona en el escrito de cuenta. Por otro lado, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír notificaciones el domicilio ubicado en Cerrada "a" de la central número seis, Colonia Lomas Flor del Bosque de la ciudad de Puebla, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, en el domicilio referido. En diversa arista, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a costa de la quejosa copia certificada de las constancias que indica en su escrito de cuenta, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) las personas que menciona en su escrito; en la inteligencia de que deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Ahora bien, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores; y, en atención a su contenido, primero se les tiene apersonándose al presente juicio con dicho carácter y designando a Pedro Isaías Morales Herrera como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. En segundo lugar, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia, téngase a los citados terceros interesados realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicitan los terceros interesados, en atención a que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que Pedro Isaías Morales Herrera es titular del usuario: "PedroMh", el cual se encuentra vigente; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga a los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores, por conducto de su Autorizado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 34 a 41 y 55 a 67 del referido AG12/2020, realícense las notificaciones que le correspondan a los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores, mediante el usuario "PedroMh", el cual se encuentra vigente y del cual es titular su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas; electrónicamente a los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, la diligencia de entendida con la quejosa Guadalupe Gisela López Rojas el veinticinco de octubre del presente año y llevada a cabo en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por Luis García Jiménez, quien se ostentó como su asesor jurídico victimal sin tener ese carácter dentro de la carpeta judicial 400/2020/TEHUIACÁN, de donde deriva la resolución aquí reclamada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, entiéndanse las diligencias que se ordenen en el presente juicio directamente con la quejosa, sin perjuicio de que con posterioridad designe personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; y, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, désele vista con las constancias de autos y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ahora bien, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada y la fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten. Finalmente, de la certificación de cuenta también se advierte que los terceros interesados José Filogonio Bello Flores y Nora Bello Flores no señalaron domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Puebla ni en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, dentro del plazo que les fue concedido para tal efecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de octubre de la presente anualidad y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que les correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos. Notifíquese por lista a las partes.
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San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con residencia en Tehuacán, Puebla, Joel Daniel Baltazar Ávalos, por medio del cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, informa que LUIS GARCÍA JIMÉNEZ, fue requerido por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que compareciera a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido como asesor jurídico de GUADALUPE GISELA LÓPEZ ROJAS, dentro del término de tres días, y a pesar de haber sido notificado a través del medio electrónico señalado para tal efecto, no compareció. De lo que toma conocimiento este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue presentada por LUIS GARCÍA JIMÉNEZ, en su carácter de asesor jurídico de GUADALUPE GISELA LÓPEZ ROJAS, y como se advierte de la comunicación relacionada en el párrafo que antecede, ya que en autos del expediente de origen no cuenta con la personalidad con la que ostenta, se provee: Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a GUADALUPE GISELA LÓPEZ ROJAS, para que manifieste en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. En el entendido que, el actuario judicial de la adscripción deberá correr traslado a la quejosa con la demanda de amparo y el admisorio, para los efectos legales a que haya lugar. DEVOLUCIÓN DE DESPACHO. Téngase por recibido el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y anexo que acompaña, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 473/2021, quien en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazó al presente juicio de amparo a los terceros interesados 1. José Filogonio Bello Flores y 2. Nora Bello Flores; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por acuerdo de catorce de octubre pasado, se tuvo por recibido vía electrónica, acordándose lo conducente. Por lo que, agréguese para que obre únicamente como corresponde. Notifíquese personalmente a la quejosa GUADALUPE GISELA LÓPEZ ROJAS, y cúmplase.
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