Guadalupe Fuentes Sanchez

Expediente 919/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
919/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Fuentes Sanchez
  • Emiliano Campo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y tres de diciembre del presente año pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo al quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez, contra el auto de formal prisión de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en autos del proceso penal 273/2009-7, y su ejecución que se atribuyó al 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por auto de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano de control constitucional declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Así, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el proceso 273/2009-7 de su estadística, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez. Luego, por auto de tres de diciembre del presente año, se tuvo al juez responsable remitiendo las constancias de notificación realizadas a las partes del referido auto de plazo constitucional. ° Estudio resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que el juez de origen cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la misma en relación con los vicios detectados en el acto combatido. Se explica. Mediante resolución dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 273/2009-7, dejó insubsistente el auto de formal prisión emitido el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en contra de Guadalupe Fuentes Sánchez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo calificado, previsto y sancionado por los artículo 312, 313 fracciones I, incisos a) y b), III, 323, 324, 326, fracción II, 328, 331, 373, 374 fracción V, 377, 380, fracciones I, III y XI, 381, en relación a los artículos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla -acto reclamado-. Luego, siguiendo las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia dictada en este asunto, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso b), 323, 324, 326, fracción II, 328 y 331 del Código Penal del Estado. Lo anterior, derivado del siguiente ejercicio: Primero, por separado realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de homicidio, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan, fundando y motivando con qué pruebas tuvo por acreditado cada elemento. Estimó que se actualizó la calificativa de ventaja del delito de homicidio, prevista en el artículo 326, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, al considerar que los delincuentes fueron superiores a los ofendidos por las armas que emplearon, así como por el número de los que lo acompañaron en su comisión. Estableció de manera individualizada las conductas desplegadas por cada uno de los activos, así como su grado de participación o forma de intervención en la comisión del delito de homicidio, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y consideró que respecto al aquí quejoso, en autos de la causa no se encuentra debidamente acreditada la probable participación de éste en su carácter de copartícipe, pues los medios de prueba que existen en la causa no resultan suficientes para tener por probado tal extremo; además, que del cúmulo de actuaciones no aparece que Guadalupe Fuentes Sánchez, se encontraba físicamente el diecinueve de febrero de dos mil nueve, en el lugar de los hechos, aunado a que -dijo- no se advierte que exista medio de convicción bastante y suficiente para establecer aun indiciariamente que éste, en la condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, hubiera participado en los mismos. De igual forma, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V, 377, 380 fracciones I, III y XI, y 381 del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo haber cometido en agravio del occiso Emiliano Campo, en razón de lo siguiente: Primero realizó por separado el desglose de los elementos del cuerpo del delito de robo, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan. Luego, consideró que en el cúmulo de actuaciones que integran la causa penal que da origen a los actos aquí reclamados, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del cuerpo del delito de robo, pues después de haberse transcrito, analizado y valorado los medios probatorios recabados durante la investigación, éstos resultan insuficientes para justificar la existencia del cuerpo del delito en comento, ya que uno de los elementos integradores de éste, precisamente el consistente en la ajeneidad o pertenencia a un tercero de los bienes muebles supuestamente desapoderados, no se encontraba probado. Agregando que no se puede efectuar juicio de reproche alguno al aquí quejoso, por el delito de robo, pues si bien en la indagatoria la representación social se allegó del dictamen en avalúo 2020/2009, el experto que lo emitió determinó un valor a cada uno de los vehículos afectos; sin embargo, -señaló- a dicha experticia no se le puede conceder valor probatorio, -ya que a su criterio- se trata de una simple opinión dogmática, carente de sustento legal, pues refiere que el experto no refirió los procedimientos técnicos ni científicos que lo llevaron a la conclusión respectiva; además de que en dicha pericial, el experto no señaló cómo y de qué forma llegó a la conclusión, por lo que al no haberse acreditado el cuerpo del delito en estudio resulta ocioso que entrara al estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso. En tales condiciones, se estima que el juez responsable acató las consideraciones precisadas en la sentencia de amparo. En ese sentido, si bien el término "plenitud de jurisdicción" -otorgado en la sentencia- no se puede entender en un sentido literal, lo cierto es que el cambio de sentido del auto de formal prisión reclamado, derivó del ejercicio interpretativo - ausente en el acto reclamado- al que fue constreñido la autoridad responsable en la sentencia de amparo, satisfaciendo de ese modo los parámetros marcados en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA RESPONSABLE PARA PRONUNCIARSE NUEVAMENTE RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, PERO PURGANDO LAS VIOLACIONES FORMALES ADVERTIDAS POR EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTA DEBE OCUPARSE ÚNICAMENTE DE LOS EFECTOS QUE LE FUERON PUNTUALIZADOS Y NO EXCEDERSE EN EL CUMPLIMIENTO, SO PRETEXTO DE QUE SE LE DIO PLENITUD DE DECISIÓN. Cuando en una sentencia de amparo que concede la protección federal contra el auto de plazo constitucional, se otorgue a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para pronunciarse nuevamente respecto de la situación jurídica del quejoso, pero purgando las violaciones formales advertidas por el Juez de Distrito, ésta debe ocuparse únicamente de los efectos que le fueron puntualizados y no excederse en el cumplimiento, so pretexto de que se le dio plenitud de decisión, en razón de que si en el auto de formal prisión que constituyó el acto reclamado tomó la determinación de subsumir un delito a otro, por considerar que era más amplio "en su afán legislativo proteccionista", no tiene la atribución legal relativa, a que si en el nuevo auto de plazo constitucional que emite en cumplimiento, decretó la libertad por falta de elementos para procesar respecto al ilícito que consideró debía prevalecer y que constituyó la litis en la formal prisión, recoger el tipo penal que subsumió, y emitir ahora un formal procesamiento por éste, ya que contraviene en perjuicio de la quejosa el principio non reformatio in peius". ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y tres de diciembre del presente año pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo al quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez, contra el auto de formal prisión de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en autos del proceso penal 273/2009-7, y su ejecución que se atribuyó al 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por auto de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano de control constitucional declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Así, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el proceso 273/2009-7 de su estadística, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez. Luego, por auto de tres de diciembre del presente año, se tuvo al juez responsable remitiendo las constancias de notificación realizadas a las partes del referido auto de plazo constitucional. ° Estudio resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que el juez de origen cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la misma en relación con los vicios detectados en el acto combatido. Se explica. Mediante resolución dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 273/2009-7, dejó insubsistente el auto de formal prisión emitido el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en contra de Guadalupe Fuentes Sánchez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo calificado, previsto y sancionado por los artículo 312, 313 fracciones I, incisos a) y b), III, 323, 324, 326, fracción II, 328, 331, 373, 374 fracción V, 377, 380, fracciones I, III y XI, 381, en relación a los artículos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla -acto reclamado-. Luego, siguiendo las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia dictada en este asunto, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso b), 323, 324, 326, fracción II, 328 y 331 del Código Penal del Estado. Lo anterior, derivado del siguiente ejercicio: Primero, por separado realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de homicidio, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan, fundando y motivando con qué pruebas tuvo por acreditado cada elemento. Estimó que se actualizó la calificativa de ventaja del delito de homicidio, prevista en el artículo 326, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, al considerar que los delincuentes fueron superiores a los ofendidos por las armas que emplearon, así como por el número de los que lo acompañaron en su comisión. Estableció de manera individualizada las conductas desplegadas por cada uno de los activos, así como su grado de participación o forma de intervención en la comisión del delito de homicidio, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y consideró que respecto al aquí quejoso, en autos de la causa no se encuentra debidamente acreditada la probable participación de éste en su carácter de copartícipe, pues los medios de prueba que existen en la causa no resultan suficientes para tener por probado tal extremo; además, que del cúmulo de actuaciones no aparece que Guadalupe Fuentes Sánchez, se encontraba físicamente el diecinueve de febrero de dos mil nueve, en el lugar de los hechos, aunado a que -dijo- no se advierte que exista medio de convicción bastante y suficiente para establecer aun indiciariamente que éste, en la condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, hubiera participado en los mismos. De igual forma, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V, 377, 380 fracciones I, III y XI, y 381 del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo haber cometido en agravio del occiso Emiliano Campo, en razón de lo siguiente: Primero realizó por separado el desglose de los elementos del cuerpo del delito de robo, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan. Luego, consideró que en el cúmulo de actuaciones que integran la causa penal que da origen a los actos aquí reclamados, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del cuerpo del delito de robo, pues después de haberse transcrito, analizado y valorado los medios probatorios recabados durante la investigación, éstos resultan insuficientes para justificar la existencia del cuerpo del delito en comento, ya que uno de los elementos integradores de éste, precisamente el consistente en la ajeneidad o pertenencia a un tercero de los bienes muebles supuestamente desapoderados, no se encontraba probado. Agregando que no se puede efectuar juicio de reproche alguno al aquí quejoso, por el delito de robo, pues si bien en la indagatoria la representación social se allegó del dictamen en avalúo 2020/2009, el experto que lo emitió determinó un valor a cada uno de los vehículos afectos; sin embargo, -señaló- a dicha experticia no se le puede conceder valor probatorio, -ya que a su criterio- se trata de una simple opinión dogmática, carente de sustento legal, pues refiere que el experto no refirió los procedimientos técnicos ni científicos que lo llevaron a la conclusión respectiva; además de que en dicha pericial, el experto no señaló cómo y de qué forma llegó a la conclusión, por lo que al no haberse acreditado el cuerpo del delito en estudio resulta ocioso que entrara al estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso. En tales condiciones, se estima que el juez responsable acató las consideraciones precisadas en la sentencia de amparo. En ese sentido, si bien el término "plenitud de jurisdicción" -otorgado en la sentencia- no se puede entender en un sentido literal, lo cierto es que el cambio de sentido del auto de formal prisión reclamado, derivó del ejercicio interpretativo - ausente en el acto reclamado- al que fue constreñido la autoridad responsable en la sentencia de amparo, satisfaciendo de ese modo los parámetros marcados en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA RESPONSABLE PARA PRONUNCIARSE NUEVAMENTE RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, PERO PURGANDO LAS VIOLACIONES FORMALES ADVERTIDAS POR EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTA DEBE OCUPARSE ÚNICAMENTE DE LOS EFECTOS QUE LE FUERON PUNTUALIZADOS Y NO EXCEDERSE EN EL CUMPLIMIENTO, SO PRETEXTO DE QUE SE LE DIO PLENITUD DE DECISIÓN. Cuando en una sentencia de amparo que concede la protección federal contra el auto de plazo constitucional, se otorgue a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para pronunciarse nuevamente respecto de la situación jurídica del quejoso, pero purgando las violaciones formales advertidas por el Juez de Distrito, ésta debe ocuparse únicamente de los efectos que le fueron puntualizados y no excederse en el cumplimiento, so pretexto de que se le dio plenitud de decisión, en razón de que si en el auto de formal prisión que constituyó el acto reclamado tomó la determinación de subsumir un delito a otro, por considerar que era más amplio "en su afán legislativo proteccionista", no tiene la atribución legal relativa, a que si en el nuevo auto de plazo constitucional que emite en cumplimiento, decretó la libertad por falta de elementos para procesar respecto al ilícito que consideró debía prevalecer y que constituyó la litis en la formal prisión, recoger el tipo penal que subsumió, y emitir ahora un formal procesamiento por éste, ya que contraviene en perjuicio de la quejosa el principio non reformatio in peius". ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.

  3. Principal

    publicación aviso. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BEATRIZ ADRIANA CAMPO PARRA EL PROVEÍDO DE 16 DE diciembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y tres de diciembre del presente año pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo al quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez, contra el auto de formal prisión de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en autos del proceso penal 273/2009-7, y su ejecución que se atribuyó al 2. Diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por auto de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano de control constitucional declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Así, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el proceso 273/2009-7 de su estadística, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez. Luego, por auto de tres de diciembre del presente año, se tuvo al juez responsable remitiendo las constancias de notificación realizadas a las partes del referido auto de plazo constitucional. ° Estudio resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que el juez de origen cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la misma en relación con los vicios detectados en el acto combatido. Se explica. Mediante resolución dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 273/2009-7, dejó insubsistente el auto de formal prisión emitido el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en contra de Guadalupe Fuentes Sánchez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo calificado, previsto y sancionado por los artículo 312, 313 fracciones I, incisos a) y b), III, 323, 324, 326, fracción II, 328, 331, 373, 374 fracción V, 377, 380, fracciones I, III y XI, 381, en relación a los artículos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla -acto reclamado-. Luego, siguiendo las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia dictada en este asunto, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso b), 323, 324, 326, fracción II, 328 y 331 del Código Penal del Estado. Lo anterior, derivado del siguiente ejercicio: Primero, por separado realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de homicidio, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan, fundando y motivando con qué pruebas tuvo por acreditado cada elemento. Estimó que se actualizó la calificativa de ventaja del delito de homicidio, prevista en el artículo 326, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, al considerar que los delincuentes fueron superiores a los ofendidos por las armas que emplearon, así como por el número de los que lo acompañaron en su comisión. Estableció de manera individualizada las conductas desplegadas por cada uno de los activos, así como su grado de participación o forma de intervención en la comisión del delito de homicidio, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y consideró que respecto al aquí quejoso, en autos de la causa no se encuentra debidamente acreditada la probable participación de éste en su carácter de copartícipe, pues los medios de prueba que existen en la causa no resultan suficientes para tener por probado tal extremo; además, que del cúmulo de actuaciones no aparece que Guadalupe Fuentes Sánchez, se encontraba físicamente el diecinueve de febrero de dos mil nueve, en el lugar de los hechos, aunado a que -dijo- no se advierte que exista medio de convicción bastante y suficiente para establecer aun indiciariamente que éste, en la condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, hubiera participado en los mismos. De igual forma, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Guadalupe Fuentes Sánchez, respecto del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V, 377, 380 fracciones I, III y XI, y 381 del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo haber cometido en agravio del occiso Emiliano Campo, en razón de lo siguiente: Primero realizó por separado el desglose de los elementos del cuerpo del delito de robo, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan. Luego, consideró que en el cúmulo de actuaciones que integran la causa penal que da origen a los actos aquí reclamados, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del cuerpo del delito de robo, pues después de haberse transcrito, analizado y valorado los medios probatorios recabados durante la investigación, éstos resultan insuficientes para justificar la existencia del cuerpo del delito en comento, ya que uno de los elementos integradores de éste, precisamente el consistente en la ajeneidad o pertenencia a un tercero de los bienes muebles supuestamente desapoderados, no se encontraba probado. Agregando que no se puede efectuar juicio de reproche alguno al aquí quejoso, por el delito de robo, pues si bien en la indagatoria la representación social se allegó del dictamen en avalúo 2020/2009, el experto que lo emitió determinó un valor a cada uno de los vehículos afectos; sin embargo, -señaló- a dicha experticia no se le puede conceder valor probatorio, -ya que a su criterio- se trata de una simple opinión dogmática, carente de sustento legal, pues refiere que el experto no refirió los procedimientos técnicos ni científicos que lo llevaron a la conclusión respectiva; además de que en dicha pericial, el experto no señaló cómo y de qué forma llegó a la conclusión, por lo que al no haberse acreditado el cuerpo del delito en estudio resulta ocioso que entrara al estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso. En tales condiciones, se estima que el juez responsable acató las consideraciones precisadas en la sentencia de amparo. En ese sentido, si bien el término "plenitud de jurisdicción" -otorgado en la sentencia- no se puede entender en un sentido literal, lo cierto es que el cambio de sentido del auto de formal prisión reclamado, derivó del ejercicio interpretativo - ausente en el acto reclamado- al que fue constreñido la autoridad responsable en la sentencia de amparo, satisfaciendo de ese modo los parámetros marcados en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA RESPONSABLE PARA PRONUNCIARSE NUEVAMENTE RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, PERO PURGANDO LAS VIOLACIONES FORMALES ADVERTIDAS POR EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTA DEBE OCUPARSE ÚNICAMENTE DE LOS EFECTOS QUE LE FUERON PUNTUALIZADOS Y NO EXCEDERSE EN EL CUMPLIMIENTO, SO PRETEXTO DE QUE SE LE DIO PLENITUD DE DECISIÓN. Cuando en una sentencia de amparo que concede la protección federal contra el auto de plazo constitucional, se otorgue a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para pronunciarse nuevamente respecto de la situación jurídica del quejoso, pero purgando las violaciones formales advertidas por el Juez de Distrito, ésta debe ocuparse únicamente de los efectos que le fueron puntualizados y no excederse en el cumplimiento, so pretexto de que se le dio plenitud de decisión, en razón de que si en el auto de formal prisión que constituyó el acto reclamado tomó la determinación de subsumir un delito a otro, por considerar que era más amplio "en su afán legislativo proteccionista", no tiene la atribución legal relativa, a que si en el nuevo auto de plazo constitucional que emite en cumplimiento, decretó la libertad por falta de elementos para procesar respecto al ilícito que consideró debía prevalecer y que constituyó la litis en la formal prisión, recoger el tipo penal que subsumió, y emitir ahora un formal procesamiento por éste, ya que contraviene en perjuicio de la quejosa el principio non reformatio in peius". ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, del que aparece que en alcance a su anterior comunicado, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del proceso penal 273/2009-7 de su estadística, en la que se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Guadalupe Fuentes Sánchez, lo anterior para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como los efectos de la ejecutoria de amparo, también contemplan la notificación a las partes de la resolución que resolviera la situación jurídica del quejoso, con el contenido del oficio y anexo de cuenta; dese vista a la partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Asimismo, téngase por recibida la copia para conocimiento del oficio 6137/2019, del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con la que hace del conocimiento de este órgano de control constitucional, que con fecha veintisiete de noviembre del presente año, dio cumplimiento a la libertad del aquí quejoso ordenada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, de lo que este juzgado Federal queda enterado.

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