Guadalupe García Gómez
Expediente 259/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 15/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Guadalupe García Gómez
- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto dictado el ********************, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto dictado el ********************, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... En auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis se tuvo al tercero interesado Tomas Mitre Aguayo interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, remitiéndose en el recurso de referencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito el siete de junio de dos mil dieciséis y, en auto de catorce de junio de dos mil dieciséis la superioridad informó que se admitió dicho recurso radicándose bajo el número 187/2016. En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, en el expediente auxiliar 282/2016 de su índice, que deriva del recurso de revisión 259/2016 remitido por el aludido Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el original del juicio de amparo 259/2016-VIII, del índice de este Juzgado Federal. Consecuentemente, se requirió a las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Director del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Comisionado Estatal de Seguridad, informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer remitiendo la resolución dictada en la causa penal 144/2015 de su índice emitida en cumplimiento al fallo protector y, además se requirió al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de su legal notificación comunicara a este Juzgado Federal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Y, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se tuvo al Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informando que tomó conocimiento de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector en la causa penal 144/2015. En ese contexto, por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en el acuerdo de referencia, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En ese sentido, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 15379, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 144/2015; el cual, en la parte que interesa menciona: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable: Dejará insubsistente el auto de formal prisión de catorce de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro en la causa penal 144/2015, de su índice, por los delitos de abuso de confianza y fraude, previstos y sancionados en los artículos 335, fracción II, y 338, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado y en su lugar dictara una nueva resolución en la que: Al momento de resolver la situación jurídica de la inculpada, se limitara al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal; Se abstuviera de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y las conductas atribuidas a la indiciada, que omitió precisar el órgano acusador; Destacara que la omisión en que incurrió el Ministerio Público impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos del cuerpo de los delitos y probable responsabilidad de la inculpada, para estar en condiciones de decretar la formal prisión; y, A partir de lo anterior, decretara auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la inculpada; situación que de ninguna manera impedía que con posterioridad el órgano acusador insistiera en el ejercicio de la acción penal. Y del anexo que remitió la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se advierte que: En la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 144/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de catorce de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro en la causa penal 144/2015, de su índice, por los delitos de abuso de confianza y fraude, previstos y sancionados en los artículos 335, fracción II, y 338, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado y en su lugar dictó una nueva resolución en la que: Al momento de resolver la situación jurídica de la inculpada, se limitó al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal. Se abstuvo de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y las conductas atribuidas a la indiciada, que omitió precisar el órgano acusador; Destacó que la omisión en que incurrió el Ministerio Público impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos del cuerpo de los delitos y probable responsabilidad de la inculpada, para estar en condiciones de decretar la formal prisión; y, A partir de lo anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Guadalupe García Gómez; precisando que tal situación de ninguna manera impedía que con posterioridad el órgano acusador insistiera en el ejercicio de la acción penal. Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA GUADALUPE GARCÍA GÓMEZ, EL ACUERDO DE DIEZ DE ONCE DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL, EN LO QUE INTERESA DICE: El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... En auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis se tuvo al tercero interesado Tomas Mitre Aguayo interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, remitiéndose en el recurso de referencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito el siete de junio de dos mil dieciséis y, en auto de catorce de junio de dos mil dieciséis la superioridad informó que se admitió dicho recurso radicándose bajo el número 187/2016. En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, en el expediente auxiliar 282/2016 de su índice, que deriva del recurso de revisión 259/2016 remitido por el aludido Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el original del juicio de amparo 259/2016-VIII, del índice de este Juzgado Federal. Consecuentemente, se requirió a las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Director del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Comisionado Estatal de Seguridad, informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer remitiendo la resolución dictada en la causa penal 144/2015 de su índice emitida en cumplimiento al fallo protector y, además se requirió al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de su legal notificación comunicara a este Juzgado Federal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Y, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se tuvo al Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informando que tomó conocimiento de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector en la causa penal 144/2015. En ese contexto, por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en el acuerdo de referencia, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En ese sentido, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 15379, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 144/2015; el cual, en la parte que interesa menciona: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable: Dejará insubsistente el auto de formal prisión de catorce de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro en la causa penal 144/2015, de su índice, por los delitos de abuso de confianza y fraude, previstos y sancionados en los artículos 335, fracción II, y 338, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado y en su lugar dictara una nueva resolución en la que: Al momento de resolver la situación jurídica de la inculpada, se limitara al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal; Se abstuviera de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y las conductas atribuidas a la indiciada, que omitió precisar el órgano acusador; Destacara que la omisión en que incurrió el Ministerio Público impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos del cuerpo de los delitos y probable responsabilidad de la inculpada, para estar en condiciones de decretar la formal prisión; y, A partir de lo anterior, decretara auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la inculpada; situación que de ninguna manera impedía que con posterioridad el órgano acusador insistiera en el ejercicio de la acción penal. Y del anexo que remitió la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se advierte que: En la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 144/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de catorce de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro en la causa penal 144/2015, de su índice, por los delitos de abuso de confianza y fraude, previstos y sancionados en los artículos 335, fracción II, y 338, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado y en su lugar dictó una nueva resolución en la que: Al momento de resolver la situación jurídica de la inculpada, se limitó al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal. Se abstuvo de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y las conductas atribuidas a la indiciada, que omitió precisar el órgano acusador; Destacó que la omisión en que incurrió el Ministerio Público impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos del cuerpo de los delitos y probable responsabilidad de la inculpada, para estar en condiciones de decretar la formal prisión; y, A partir de lo anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Guadalupe García Gómez; precisando que tal situación de ninguna manera impedía que con posterioridad el órgano acusador insistiera en el ejercicio de la acción penal. Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
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