Guadalupe Díaz Díaz

Expediente 835/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
835/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe Díaz Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 835/2016-I promovido por Guadalupe Díaz Díaz, y remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 198/2016 de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Guadalupe Díaz Díaz, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultado primero de esta resolución. " En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 835/2016-I, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar estos en autos.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por Guadalupe Díaz Díaz; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.

  3. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ HUMBERTO ROMERO BÁEZ, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 835/2016-I, QUE ESTABLECE: "Vista la diligencia que antecede, se tiene por ratificado el escrito de la promovente Guadalupe Díaz Díaz, presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de partes de este Juzgado, en desahogo de la prevención que le fue formulada mediante proveído de veinte de julio del presente año. Por tanto, con el escrito de dos de agosto de dos mil dieciséis que ratifica, se tiene por desahogada la diversa prevención que le fue formulada mediante proveído de veinte de julio del año en cita, a efecto de que aclarara su demanda y señalara bajo protesta de decir verdad la etapa procesal en la que se encuentra el Toca Administrativo 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como exhibiera las copias necesarias de su escrito aclaratorio. De igual forma, se le tiene señalando que en el citado Toca Administrativo aún no se ha dictado sentencia definitiva. No obstante, con apoyo en lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Al respecto, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La resolución interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de notificaciones el dos de junio de dos mil dieciséis, dentro del recurso de revisión administrativo 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala -en el que se impugnó la notificación practicada el diecisiete de noviembre de dos mil quince, correspondiente al acuerdo de nueve de noviembre del año en cita- en la cual se declaró infundado dicho incidente y, por ende, legal la notificación impugnada. La resolución interlocutoria del recurso de revocación de treinta y uno de mayo de esta anualidad, en la cual confirmó el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso auto de nueve de octubre de dos mil quince y declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa en el recurso de revisión administrativo 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva de que las resoluciones reclamadas no constituyen un acto dentro de juicio que produzca una violación a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la parte quejosa. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Sentado lo anterior, debe decirse que el "juicio para efectos del amparo" se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria, por lo que todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio" para efectos del amparo. Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de garantías contra la sentencia definitiva, es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la Constitución Federal y en el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o bienes del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño en sentido estricto. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Tribunal Pleno ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Así es, esta clase de actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo definitivo, de ahí que es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, una vez agotado el medio de defensa o recurso ordinario procedente, siempre que, como ya se señaló, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora para determinar que las resoluciones reclamadas no tienen efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos, en la nueva legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, por ejemplo, sobre cuestiones de personalidad dentro del juicio laboral, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal, adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Libro 7, Tomo I, correspondiente a Junio de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, en la contradicción de tesis 377/2013 se determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa conceptualización quedó atrás la diversa señalada en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Con base en tales premisas, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso la quejosa, y de las constancias que integran el juicio natural, remitidas por la sala responsable, se colige que promueve el presente juicio de amparo indirecto con el fin de combatir los siguientes actos: La resolución interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de notificaciones el dos de junio de dos mil dieciséis, dentro del recurso de revisión administrativo 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala -en el que se impugnó la notificación practicada el diecisiete de noviembre de dos mil quince, correspondiente al acuerdo de nueve de noviembre del año en cita- en la cual se declaró infundado dicho incidente y por ende, legal la notificación impugnada. La resolución interlocutoria del recurso de revocación de treinta y uno de mayo de esta anualidad, en la cual confirmó el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso auto de nueve de octubre de dos mil quince y declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa en el recurso de revisión administrativo 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, resulta necesario señalar los antecedentes del acto reclamado, los cuales fueron descritos por la quejosa bajo protesta de decir verdad, mismos que pueden advertirse de las constancias remitidas por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativas a las resoluciones reclamadas, de los que se desprende lo siguiente: Guadalupe Díaz Díaz, promovió recurso de revisión contra el acto administrativo consistente en la orden verbal de la separación de sus funciones como Oficial de Seguridad de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el cual se encuentra registrado con el número 324/2015 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Mediante escrito de diecisiete de septiembre de dos mil quince, la quejosa Guadalupe Díaz Díaz, ofreció como pruebas, entre otras, la testimonial consistente en la declaración de personas que ofreció presentar el día y hora que se señalara. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, se reservó el desahogo de la testimonial ofrecida por la aquí quejosa hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindieran su informe respecto de los actos reclamados. El nueve de noviembre de dos mil quince, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acordó las diez horas del diecinueve de noviembre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de las personas que ofreció presentar la quejosa el día y hora citados, con el apercibimiento de que de no presentarlas se declararía desierta la aludida prueba. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso auto de nueve de noviembre del mismo año y se declaró desierta la prueba testimonial, ante la incomparecencia de la parte oferente de la misma. La parte quejosa interpuso Incidente de Nulidad de Actuaciones en contra de la notificación de diecisiete de noviembre de dos mil quince, correspondiente al acuerdo de nueve de noviembre del mismo año. De igual forma, interpuso recurso de revocación contra el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la quejosa. La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, emitió resolución en la que determinó confirmar el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince. Finalmente, el dos de junio de dos mil dieciséis la Sala señalada como responsable emitió la resolución correspondiente al incidente de nulidad de notificaciones, declarándolo infundado. Estas dos últimas resoluciones constituyen los actos reclamados en el presente juicio. De lo anterior se sigue que las resoluciones que reclama la parte quejosa, no constituyen una violación procesal relevante, ya que no producen una afectación a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la parte quejosa, pues en una de ellas se confirmó el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el que se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la quejosa y en la otra se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones. Por ende, debe concluirse que las resoluciones reclamadas no producen a la quejosa una afectación de imposible reparación; máxime que las violaciones reclamadas podrían verse subsanadas en el supuesto de que la parte quejosa obtuviera una sentencia favorable en el juicio natural. En suma, resulta evidente que las resoluciones combatidas no son de aquéllos actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Guadalupe Díaz Díaz, en atención a las razones expuestas. "

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de julio de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.

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