Guadalupe Franco Delgado
Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Franco Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
XII... Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; como lo solicita, hágase disponible el expediente electrónico, por lo que se instruye al Oficial Judicial A para que de manera inmediata lleve a cabo la vinculación del presente sumario con relación al diverso 706/2023-II, de la estadística del homólogo federal.
- Principal
XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
XII... Visto el contenido del oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, se le tiene informando que ordenó la vinculación del expediente electrónico 1287/2021-V-B de su estadística al presente asunto.
- Principal
XII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el defensor privado de la parte quejosa, en atención su contenido, se tiene desahogada la prevención decretada en autos. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Guadalupe..., por conducto de su defensor privado Gerardo Azuara Rosseti; contra actos del Poder Judicial del Estado de México y otra autoridad. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, con relación a los diversos 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Amparo, los cuales estipulan los plazos para promover juicio biinstancial. De dichos preceptos, se advierte, por regla general, que el juicio constitucional deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. Plazo que se contará en días hábiles de conformidad con el artículo 22 de la mencionada ley. De lo anterior se desprende que la parte quejosa se sitúa en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, se afirma lo anterior, pues el peticionario del amparo indicó bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto de molestia que reclama. En ese sentido, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, a excepción de las reglas descritas, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, el promovente señala como acto reclamado, la orden de cateo y aseguramiento del bien inmueble ubicado en Circuito Valle Escondido, número 167, Fraccionamiento Loma de Valle Escondido, en la Ciudad López Mateos, Atizapán en el Estado de México. Asimismo, el promovente refiere -bajo protesta de decir verdad- en el capítulo de antecedentes haber tenido conocimiento del citado acto el diecisiete de enero de dos mil veintidós. Lo anterior evidencia que por lo menos, desde la aludida fecha, la parte quejosa es sabedora de la existencia de los actos que reclama. Por tanto, es incuestionable que el plazo de quince días con que contaba la promovente constitucional para hacer valer la presente instancia constitucional respecto de dicho acto, debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, es decir, a partir del dieciocho de enero del año en curso; por lo que el plazo para presentar su demanda transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero del presente año, descontando los días declarados inhábiles y los señalados en la ley, a saber, el veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta de enero y cinco, seis y siete de febrero, todos del año en curso. De modo que, conforme a la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, con relación al diverso numeral 18 del propio ordenamiento legal, el término para presentar su demanda de amparo trascurrió con exceso; por lo que si la presente demanda fue presentada hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, según se advierte de la boleta de turno de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito que obra en el escrito inicial, resulta notoriamente extemporánea. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues evidentemente transcurrieron más de quince días desde la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; lo que pone en evidencia sin mayor cálculo que a la fecha de presentación de la demanda, había fenecido el plazo que tenía para hacerlo; además que, al no encontrarse el acto reclamado dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es incuestionable que transcurrió en exceso el término establecido en la ley de la materia y su presentación resulta extemporánea. En efecto, en el presente caso no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido el juicio de amparo en el término establecido en el artículo 17 de la citada ley, lo procedente es desechar la demanda de amparo. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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