Guadalupe Elizabeth Juárez Gallegos
Expediente 1061/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Elizabeth Juárez Gallegos
- Guadalupe Elizabeth Juárez Gallegos y Otros.
Actuaciones
- Principal
V... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
V... Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso en proveído de cuatro de noviembre del presente año, para que acreditara la personalidad con la que se ostentó para promover la demanda en relación a ..., pero no adjuntó algún documento para desahogar dicho requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo cual se tiene por no presentada la demanda, en relación a dichas personas. Atendiendo a lo anterior, provéase lo conducente únicamente respecto a Guadalupe Elizabeth Juárez Gallegos, por propio derecho. DESECHAMIENTO. Ahora, en primer término cabe señalar que la citada quejosa señaló como responsable a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; pero dicha funcionaria no reúne los requisitos establecidos en el numeral 5°, fracción II, de la Ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el numeral relatado dispone que es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, y tomando en consideración la naturaleza de los actos que se le reclaman a la citada funcionaria, los que no son realizados con imperio y facultad de decisión, por lo que aun cuando, éste pudiera depender jerárquicamente del titular del órgano al que se encuentra adscrito, o mantenga relación con éste, ello no significa que deba tenerse como responsable para el presente juicio, pues su actuar sólo podrá llevarse a cabo de manera subordinada de aquél de quien dependen, por tanto, no le asiste el carácter de responsable. Por otra parte, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese orden se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud que se evidencia la contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu. Lo anterior dado que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales.... Ahora, en el presente asunto se reclama la interlocutoria de veintiocho de septiembre último, que declaró infundados los agravios hechos valer en el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecisiete de agosto pasado, en el cual se determinó que a efecto de dictar auto declarativo de herederos, se debe de exhibir declaratoria judicial que acredite que la de cujus María Guadalupe ..., también era conocida como María Guadalupe .... En ese sentido, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de ejecución irreparable, en virtud de que supone una afectación estrictamente formal, con efectos intraprocesales, que inciden únicamente dentro del procedimiento con vista a la obtención de una sentencia favorable que de lograrse, los haría subsanables; por tanto, no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de las partes -libertad personal, integridad, propiedad-, de modo que no se actualiza la procedencia de la demanda de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo requisito de procedibilidad se ciñe a que se trate de actos de juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos que sean de imposible reparación. Por tanto, se advierte que el acto que se reclama en esta instancia constitucional constituye una actuación intermedia intraincidental dentro del juicio que no afecta materialmente derechos sustantivos. Lo anterior es así porque la sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que al dictarse la determinación respecto a la primera etapa, o el juez se niegue a resolverla, es cuando, de ser el caso, podría causar un perjuicio irreparable. Ciertamente, las sucesiones se componen generalmente de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento de albacea); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo a cada caso. Por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. De ahí que, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional, esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En congruencia con lo anterior, la interlocutoria reclamada no vulneran derechos sustantivos, pues no constituyen una violación sustantiva, además de que lo ahí acordado es de carácter meramente procesal, lo cual no afectan de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; por tanto, resulta improcedente el juicio constitucional. En ese sentido, como se ha dicho, las violaciones procesales habidas durante la primera etapa de la sucesión a bienes de la cual emana el acto reclamado; pueden hacerse valer hasta en tato se resuelva la misma o existe un impedimento que impida dicha circunstancia, cuya efectividad depende de que tal violación haya dejado sin defensa al peticionario y/o haya trascendido al resultado del fallo correspondiente. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo.
- Principal
V... Agréguese el escrito signado por Guadalupe Elizabeth, Paola Adriana y Marco Antonio, todos de apellidos ..., a través del cual pretenden desahogar la prevención ordenada en autos. Al respecto, los promoventes precisan el acto que atribuyen a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar de Ecatepec, exhiben copia de la interlocutoria reclamada y copias del ocurso que se acuerda; y, en relación a la personalidad de la primera quejosa, únicamente firman el escrito de desahogo los tres hermanos. En esa virtud, atienden los requerimientos formulados en los numerales 2, 3 y 4, del acuerdo de veinticinco de octubre último; no obstante, en relación al marcado con el número 1, no lo acatan en sus términos, pues solo aducen que Guadalupe Elizabeth ..., es representante común de la parte quejosa, lo cual se advierte del juicio natural. En relación a lo anterior, el artículo 11 de la Ley de Amparo en la parte que interesa establece que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido (lo cual no acontece en el caso, pues el asunto deriva de un expediente en materia familiar). No se inadvierte que los tres quejosos firman el escrito de cuenta y nombran representante común; sin embargo, la demanda de amparo únicamente fue promovida por Guadalupe Elizabeth ... quien señaló tener la representación de sus dos hermanos. Además, el ocurso mencionado en último término se presentó el último día hábil para hacerlo; por lo cual, para acordar lo conducente, es necesario acrediten la personalidad de dicha quejosa. En ese orden de ideas, no es dable tener por satisfecho el primer requerimiento formulado en autos, toda vez que no exhiben algún documento en donde se advierta la personalidad con la que se ostentó la mencionada solicitante de amparo para promover en representación de Paola Adriana y Marco Antonio, de apellidos ... Atendiendo a lo expuesto, si el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, le fue notificado el veintiséis de octubre siguiente, por tanto surtió efectos al día siguiente; luego el escrito que se provee fue presentado el tres de noviembre del año en curso; es decir, el tercer día del plazo de cinco que tienen para desahogar la prevención. Atendiendo a lo anterior, al interrumpirse el lapso en comento, la parte quejosa cuenta con dos días hábiles para dar cumplimiento en sus términos a la prevención efectuada en autos, informándole que subsisten los apercibimientos decretados....
- Principal
V... Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, transcurrido dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia está cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para acatarla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable.
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