Guadalupe Díaz Ramírez
Expediente 1731/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1731/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guadalupe Díaz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1731/2018-III, promovido por GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas como Gobernador del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transportes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda; inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de queja al considerar que resultaba necesario sustanciar el juicio para que el juzgador se allegara de más y mejores elementos para poder dilucidar si estaba o no en el supuesto de exigir la definitividad. Por consiguiente, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda promovida por GUADALUPE DÍAZ RAMÍREZ, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otra autoridad, solicitándoles sus respectivos informes justificados, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Gobernador del Estado y del Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos es: La omisión o negativa de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión PAY-0027. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado y al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado al promovente de amparo. Pues no obstante que hayan negado el acto reclamado, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se evidencia lo contrario, ello es así pues la primera de las autoridades en mención manifestó que la facultad de expedir la declaratoria de necesidades, es exclusiva del Ejecutivo del Estado, mientras que el Gobernador del Estado de Morelos manifestó que dichas facultades ya fueron delegadas al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Aunado a ello, toda vez que si el acto reclamado por la parte quejosa es de carácter negativo, la carga de la prueba ante la inexistencia referida de los informes corresponde a las propias autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 81857, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Volumen 5, Tercera Parte, pagina 13, de la séptima época, del rubro: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO." De igual forma la tesis II.2o.201 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 213037, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XIII, Marzo de 1994, página 301, de la octava época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME." Por ello como se mencionó, son ciertos los actos reclamados, puesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las responsables no acreditaron haber emitido la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago referida con documento respectivo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de quien resuelve, atento al estado procesal que guarda el expediente se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado adolece de definitividad por lo que no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de las omisiones combatidas el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de diversas autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo el Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, quien es dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo al artículo 1º del Reglamento Interior de dicha Secretaría, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Cierto, en este estadio procesal existen elementos que permiten concluir que la parte quejosa tenía que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto omisivo que reclama en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. "Artículo 18. Cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de Hacienda. En todos los demás casos el Titular del Ejecutivo será representado por el Consejero Jurídico." Asimismo el artículo 147 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, dispone que toda resolución o acuerdo en materia de transporte público que emita el Gobernador del Estado de Morelos, puede ser modificado, revocado o anulado por las propias autoridades, mediante el recurso de revisión, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, o bien, en su defecto, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa). Por ello, si de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la omisión del Gobernador Constitucional y del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, de emitir de forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad de la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el municipio de Ayala, así como el reconocimiento y aplicación retroactiva de los derechos y efectos que se otorgaron a los permisionarios mediante la publicación del decreto publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, que a su vez se delegó al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, a través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ejemplar número 5630 y la injustificada negativa de renovar su permiso de circulación otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión PAY-0027. Entonces, al verificar la legislación de justicia administrativa estatal vigente, se advierte que de conformidad con lo establecido en los ordinales 1 y 18 de la misma, es posible controvertir esas omisiones a través del juicio de nulidad. Aunado a ello, el acto reclamado sí tiene la naturaleza de administrativo por provenir de autoridades de esa característica, como son el Gobernador Constitucional y la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno, ambos del Estado de Morelos. Es decir, de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir las omisiones de carácter administrativo emanados del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece. Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del escrito inicial de demanda, la parte quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades del Ejecutivo Estatal, que refiere constituyen una inacción u omisión en el cumplimiento de sus funciones al no acatar la disposición transitoria novena del decreto dos mil ochocientos cincuenta y siete, en el que se facultó por única ocasión al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, o a quien él designe, para otorgar extensión de concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años, para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, por lo tanto, en términos de los artículos 1, 3 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante las omisiones reclamadas por la parte aquí quejosa, procede el Juicio de Nulidad; por lo que resulta evidente que la quejosa tiene la obligación de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previo a la promoción del juicio de amparo. De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De modo que, los actos reclamados al provenir de diversas autoridades eminentemente administrativas incluido el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, era obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, la quejosa acudiera al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados el cual está previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al Gobernador del Estado así como al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos. Ahora bien, en relación a la suspensión del acto reclamado solicitado por la parte quejosa, es importante aclarar que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales 43 y 109 al 116 establecen lo siguiente: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y del Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos; habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. A más que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a diversas autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por lo que hace a la excepción a que alude el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que los actos reclamados versan sobre omisiones y no se trata propiamente de una resolución que deba estar fundada y motivada, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. En relación a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo en cita, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia de ello la renovación de la concesión que le fue otorgada; sin embargo, como la propia quejosa lo refiere, ese servicio público y la obtención de la concesión están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de una norma general -Ley de Transporte del Estado de Morelos-, lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo destacado es propio). Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no observar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en la ley aplicable -Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en el particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que la quejosa agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnaron actos de autoridad distinta a los tribunales, que no obstante tratarse de una omisión pueden ser recurridas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la inexistencia de las omisiones combatidas; pues aun en el caso de estimarla como causantes de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos. No se soslaya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 344/2018, haya revocado el auto de desechamiento dictado en este juicio, en el cual se analizó la causal de improcedencia que ahora se estudia, en virtud de que la Superioridad sustentó su determinación en que consideraba que no era notoria ni manifiesta, puesto que para su análisis era menester contar con mayores datos, los que se obtendrían de los informes justificados de las autoridades responsables y con las pruebas aportadas en su caso; por ello, si al dictar esta sentencia ya se cuenta con mayores elementos y el quejoso tuvo la oportunidad de ofrecer las pruebas que a su derecho le convinieran, asimismo, el criterio sostenido en esta resolución fue confirmado en el recurso de queja 194/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Visto para resolver el juicio de amparo 1731/2018-III, promovido por GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas como Gobernador del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transportes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda; inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de queja al considerar que resultaba necesario sustanciar el juicio para que el juzgador se allegara de más y mejores elementos para poder dilucidar si estaba o no en el supuesto de exigir la definitividad. Por consiguiente, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda promovida por GUADALUPE DÍAZ RAMÍREZ, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otra autoridad, solicitándoles sus respectivos informes justificados, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Gobernador del Estado y del Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos es: La omisión o negativa de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión PAY-0027. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado y al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado al promovente de amparo. Pues no obstante que hayan negado el acto reclamado, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se evidencia lo contrario, ello es así pues la primera de las autoridades en mención manifestó que la facultad de expedir la declaratoria de necesidades, es exclusiva del Ejecutivo del Estado, mientras que el Gobernador del Estado de Morelos manifestó que dichas facultades ya fueron delegadas al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Aunado a ello, toda vez que si el acto reclamado por la parte quejosa es de carácter negativo, la carga de la prueba ante la inexistencia referida de los informes corresponde a las propias autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 81857, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Volumen 5, Tercera Parte, pagina 13, de la séptima época, del rubro: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO." De igual forma la tesis II.2o.201 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 213037, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XIII, Marzo de 1994, página 301, de la octava época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME." Por ello como se mencionó, son ciertos los actos reclamados, puesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las responsables no acreditaron haber emitido la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago referida con documento respectivo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de quien resuelve, atento al estado procesal que guarda el expediente se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado adolece de definitividad por lo que no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de las omisiones combatidas el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de diversas autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo el Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, quien es dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo al artículo 1º del Reglamento Interior de dicha Secretaría, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Cierto, en este estadio procesal existen elementos que permiten concluir que la parte quejosa tenía que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto omisivo que reclama en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. "Artículo 18. Cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de Hacienda. En todos los demás casos el Titular del Ejecutivo será representado por el Consejero Jurídico." Asimismo el artículo 147 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, dispone que toda resolución o acuerdo en materia de transporte público que emita el Gobernador del Estado de Morelos, puede ser modificado, revocado o anulado por las propias autoridades, mediante el recurso de revisión, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, o bien, en su defecto, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa). Por ello, si de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la omisión del Gobernador Constitucional y del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, de emitir de forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad de la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el municipio de Ayala, así como el reconocimiento y aplicación retroactiva de los derechos y efectos que se otorgaron a los permisionarios mediante la publicación del decreto publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, que a su vez se delegó al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, a través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ejemplar número 5630 y la injustificada negativa de renovar su permiso de circulación otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión PAY-0027. Entonces, al verificar la legislación de justicia administrativa estatal vigente, se advierte que de conformidad con lo establecido en los ordinales 1 y 18 de la misma, es posible controvertir esas omisiones a través del juicio de nulidad. Aunado a ello, el acto reclamado sí tiene la naturaleza de administrativo por provenir de autoridades de esa característica, como son el Gobernador Constitucional y la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno, ambos del Estado de Morelos. Es decir, de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir las omisiones de carácter administrativo emanados del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece. Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del escrito inicial de demanda, la parte quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades del Ejecutivo Estatal, que refiere constituyen una inacción u omisión en el cumplimiento de sus funciones al no acatar la disposición transitoria novena del decreto dos mil ochocientos cincuenta y siete, en el que se facultó por única ocasión al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, o a quien él designe, para otorgar extensión de concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años, para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, por lo tanto, en términos de los artículos 1, 3 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante las omisiones reclamadas por la parte aquí quejosa, procede el Juicio de Nulidad; por lo que resulta evidente que la quejosa tiene la obligación de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previo a la promoción del juicio de amparo. De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De modo que, los actos reclamados al provenir de diversas autoridades eminentemente administrativas incluido el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, era obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, la quejosa acudiera al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados el cual está previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al Gobernador del Estado así como al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos. Ahora bien, en relación a la suspensión del acto reclamado solicitado por la parte quejosa, es importante aclarar que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales 43 y 109 al 116 establecen lo siguiente: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y del Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos; habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. A más que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a diversas autoridades eminentemente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por lo que hace a la excepción a que alude el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que los actos reclamados versan sobre omisiones y no se trata propiamente de una resolución que deba estar fundada y motivada, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. En relación a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo en cita, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia de ello la renovación de la concesión que le fue otorgada; sin embargo, como la propia quejosa lo refiere, ese servicio público y la obtención de la concesión están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de una norma general -Ley de Transporte del Estado de Morelos-, lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo destacado es propio). Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no observar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en la ley aplicable -Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en el particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que la quejosa agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnaron actos de autoridad distinta a los tribunales, que no obstante tratarse de una omisión pueden ser recurridas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la inexistencia de las omisiones combatidas; pues aun en el caso de estimarla como causantes de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos. No se soslaya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 344/2018, haya revocado el auto de desechamiento dictado en este juicio, en el cual se analizó la causal de improcedencia que ahora se estudia, en virtud de que la Superioridad sustentó su determinación en que consideraba que no era notoria ni manifiesta, puesto que para su análisis era menester contar con mayores datos, los que se obtendrían de los informes justificados de las autoridades responsables y con las pruebas aportadas en su caso; por ello, si al dictar esta sentencia ya se cuenta con mayores elementos y el quejoso tuvo la oportunidad de ofrecer las pruebas que a su derecho le convinieran, asimismo, el criterio sostenido en esta resolución fue confirmado en el recurso de queja 194/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GUADALUPE DIAZ RAMÍREZ, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. YARIGH*
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