Guadalupe Balderas Jimenez
Expediente 349/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guadalupe Balderas Jimenez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Guadalupe Balderas Jiménez, en su carácter de beneficiaria del de cujus José Antonio Guzmán Rodríguez, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente 349/2023-II, que por orden le corresponde. Integración del expediente. Se precisa que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el presente asunto se integrará de la siguiente forma: Se prescindirá de imprimir y glosar al expediente físico todas las promociones allegadas de manera electrónica. Se glosarán únicamente al expediente físico todas las promociones exhibidas de forma impresa así como las actuaciones necesarias para el impulso procesal del juicio constitucional. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito están facultados para desechar de plano la demanda de amparo cuando adviertan un motivo notorio e indudable de improcedencia. Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza. Así, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se advirtió claramente de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Por tanto, para advertir la manifiesta e indudable improcedencia de un juicio, debe atenderse al escrito de demanda y sus anexos, y así considerarla probada, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron expresados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de convicción indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se aporten en el procedimiento no sean necesarios para justificar la improcedencia ni puedan desvirtuar su individualización. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en éste se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ello porque el artículo 172 de la legislación en comento dispone los casos en los cuales se considerarán violadas las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, los cuales para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el particular, la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en audiencia de continuación con la etapa de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente 06/03/21-1, radicado en la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En dicha determinación se ordenó el archivo de la acción promovida por Guadalupe Balderas Jiménez -aquí quejosa- contra Mario Guzmán Rodríguez y la continuación del procedimiento únicamente por cuanto a los demandados Montajes M. G. S. A. de C. V. y Brigestone de México S. A. de C. V. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal o adjetiva, porque fue emitido en un procedimiento laboral que no ha concluido, de modo tal que los efectos que trae consigo no pueden considerarse que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos humanos (sustantivos) que deba considerarse de imposible reparación, pues en todo caso afecta sus derechos adjetivos o procesales, pues únicamente se ordenó el archivo del asunto por una de las demandadas, pero se continuó el mismo por las restantes a las que les demandó las mismas prestaciones Situación por la que hasta la emisión del laudo definitivo en el juicio laboral pudiese actualizarse tal perjuicio. Al respecto, es útil invocar la tesis 2a./J. 117/2000, de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." En el criterio anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la determinación de la autoridad que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación. Lo anterior, en virtud de que las pretensiones de la parte actora pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el fallo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a sus intereses, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Por tanto, como ya se precisó, el acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que no es impugnable a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino en la directa conjuntamente con el laudo que se llegue a dictar si no es favorable a los intereses de la parte quejosa, conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5º.C.8 K (10ª), de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Así como la tesis IV.2o. J/13, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION." Asimismo, se invoca por las razones que informa, por analogía la tesis IX.1o. J/10, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario "********************", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el capítulo primero de los Principios Rectores, del expediente electrónico y otras soluciones digitales del Título Séptimo de la Utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el Trabajo contemplado en el artículo tercero del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la parte quejosa. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.725 C, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento del nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
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