Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez

Expediente 563/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
563/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el expediente laboral D-6/279/2005, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    En los autos del juicio de amparo 563/2016-IV-NL, promovido por Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez, hoy se acordó: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar un anexo (I) de este juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica su informe, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa Guadalupe del Cielo Aguirre Rodriguez, señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. La Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado; manifestando además que, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se agregó el escrito de la aquí quejosa presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en razón de que se tuvo a la demandada por cumplimentado el laudo de primero de agosto de dos mil once, y resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, recibiendo la actora la cantidad correspondiente; ordenando el archivo del expediente como concluido, remitiendo las constancias correspondientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a dicha junta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de contestar el escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se agregó el escrito de la aquí quejosa presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis al expediente laboral D-6/279/2005, en razón de que se tuvo a la demandada por cumplimentado el laudo de primero de agosto de dos mil once, y resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, recibiendo la actora la cantidad correspondiente; ordenando el archivo del expediente como concluido, remitiendo las constancias correspondientes. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y de la Presidenta y Actuaria, adscritas. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil trece, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    En los autos del juicio de amparo 563/2016-IV-NL, promovido por Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez, hoy se acordó: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar un anexo (I) de este juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica su informe, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa Guadalupe del Cielo Aguirre Rodriguez, señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. La Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado; manifestando además que, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se agregó el escrito de la aquí quejosa presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en razón de que se tuvo a la demandada por cumplimentado el laudo de primero de agosto de dos mil once, y resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, recibiendo la actora la cantidad correspondiente; ordenando el archivo del expediente como concluido, remitiendo las constancias correspondientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a dicha junta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de contestar el escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se agregó el escrito de la aquí quejosa presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis al expediente laboral D-6/279/2005, en razón de que se tuvo a la demandada por cumplimentado el laudo de primero de agosto de dos mil once, y resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, recibiendo la actora la cantidad correspondiente; ordenando el archivo del expediente como concluido, remitiendo las constancias correspondientes. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y de la Presidenta y Actuaria, adscritas. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil trece, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de abril de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Guadalupe del Cielo Aguirre Rodríguez, contra actos de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 563/2016-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no solicitó la suspensión de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis aislada LXXXIX emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 516, que señala: "SUSPENSIÓN. Sólo cuando se trata de la suspensión de oficio, puede el Juez decretarla sin la respectiva petición de la parte interesada, pero cuando no se trata de esta clase de suspensión, sino de la que se rige conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez sólo puede conceder o negar una suspensión dentro del marco estricto de una petición formulada por las partes, pues de otro modo oficiosamente actuaría sin estar facultado para ello, lo que sucede en el caso en el que el quejoso en su primera petición, contenida en la demanda de amparo solicitó la suspensión de cierto acto, y posteriormente, antes de celebrarse la audiencia, rectificó esa petición de manera expresa, en el sentido de que no solicitaba la suspensión del referido acto, y a pesar de ello, el Juez de Distrito concedió ese beneficio, contra la voluntad manifiesta del peticionario, lo que indudablemente lo agravia." 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Con fundamento en el precepto 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de terceras interesadas a las personas morales denominadas "García Pineda" y "García Pineda Angelópolis", ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable , quienes deberán ser emplazadas a través de quien legalmente las represente por conducto del actuario de la adscripción, en el domicilio ubicado en calle 39 Poniente, número 1751, La Noria, Puebla, con una copia simple de la misma y una copia certificada del presente auto; debiendo requerirles para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, señalen domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se harán por lista aun las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia; asimismo, deberá notificar el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XX. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 379, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. La fracción IV, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento ya sea manifestándolo expresamente, o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que si de las constancias de autos se advierte que la señalada institución no fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que se subsane esa omisión." 8 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 9 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas las pruebas presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones por lo que hace al presente juicio de garantías, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto a las documentales que refiere, dígasele que no ha lugar a tenerlas por anunciadas, en atención a que aún no se encuentran agregadas al presente expediente, por lo que se reserva proveer lo relativo a su admisión, hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. 10 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 11 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 12 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

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