Guadalupe Cuellar García
Expediente 139/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2015
Partes del expediente
- Guadalupe Cuellar García
- Miguel Ángel González González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso (fojas 139 a 138), se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo de diecinueve de agosto de la presente anualidad y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de dieciséis de julio de dos mil quince, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: ". En este orden de ideas y de acuerdo con lo antes expuesto, es dable concluir que el auto de término constitucional dictado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, resulta violatorio de garantías en perjuicio de los quejosos, toda vez que no cumple debidamente con las condiciones establecidas por el artículo 16 Constitucional, infringiendo lo establecido en el artículo 19 del mismo cuerpo de leyes, lo que propicia conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, contra el auto de formal prisión y de sujeción a procedimiento de nueve de febrero de dos mil quince, emitido en contra de los quejosos como probables responsables en la comisión de los delitos contra funcionarios públicos, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable, en reparación de las garantías violadas, deje insubsistente la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil quince, emitida dentro de la causa penal 27/2015 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que resuelva la situación jurídica de los inculpados GUADALUPE CUÉLLAR GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERNÁNDEZ ROMERO y JEOVANY LOZANO DE LA ROSA, en la cual tendrá que subsanar las deficiencias formales antes apuntadas; es decir, deberá emitir una nueva resolución de plazo constitucional en la cual deberá: Señalar de manera detallada, las pruebas con las que se acreditan de ser el caso, los elementos del cuerpo de los delitos, valoradas en lo particular, manifestando lo que objetivamente se desprende de cada una de ellas. Señalar de manera detallada y razonada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de los delitos de contra funcionarios públicos, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena, precisando con qué medios de prueba, valorados en lo particular, se revelan cada una de las anotadas circunstancias. Especificar y detallar, qué pruebas sirvieron para demostrar la probable responsabilidad de los inculpados en la comisión de los delitos que se les atribuyen. Indicar con claridad los razonamientos lógicos jurídicos de la forma de intervención y grado de participación de los sujetos activos en los hechos que se les imputan. .". En cumplimiento a lo anterior, el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto del año en curso, dentro del proceso 27/2015, de la que se desprende entre otras cuestiones que dejó insubsistente el auto de nueve de febrero del año en curso y en su lugar emitió una nueva determinación resolviendo en esencia que se encontraron acreditados los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de los delitos contra funcionarios públicos, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena; asimismo, tuvo por acreditada la probable responsabilidad de los aquí quejosos GUADALUPE CUÉLLAR GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERNÁNDEZ ROMERO, GEOVANY LOZANO DE LA ROSA o JEOVANY LOZANO DE LA ROSA, en la comisión de los delitos antes citados; por otra parte, al no encontrarse prescrita la acción decretó auto de formal prisión contra los promoventes de amparo, así como auto de sujeción a proceso; y, comunicó la anterior determinación al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla (fojas 112 a 138). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio 3649, signado por el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, a través del cual dá cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto del año en curso, dentro del proceso 27/2015, de la que se desprende entre otras cuestiones que dejó insubsistente el auto de nueve de febrero del año en curso y en su lugar emitió una nueva determinación resolviendo en esencia que se encontraron acreditados los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de los delitos contra funcionarios públicos, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena; asimismo, se tuvo por acreditada la probable responsabilidad de los aquí quejosos GUADALUPE CUÉLLAR GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERNÁNDEZ ROMERO, GEOVANY LOZANO DE LA ROSA o JEOVANY LOZANO DE LA ROSA, en la comisión de los delitos antes citados; por otra parte, al no encontrarse prescrita la acción decretó auto de formal prisión contra los citados quejosos, así como auto de sujeción a proceso; y, comunicó la anterior determinación al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Con lo anterior, en términos del articulo 196 de la N ueva Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio 3649, signado por el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, a través del cual dá cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto del año en curso, dentro del proceso 27/2015, de la que se desprende entre otras cuestiones que dejó insubsistente el auto de nueve de febrero del año en curso y en su lugar emitió una nueva determinación resolviendo en esencia que se encontraron acreditados los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de los delitos contra funcionarios públicos, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena; asimismo, se tuvo por acreditada la probable responsabilidad de los aquí quejosos GUADALUPE CUÉLLAR GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN HERNÁNDEZ ROMERO, GEOVANY LOZANO DE LA ROSA o JEOVANY LOZANO DE LA ROSA, en la comisión de los delitos antes citados; por otra parte, al no encontrarse prescrita la acción decretó auto de formal prisión contra los citados quejosos, así como auto de sujeción a proceso; y, comunicó la anterior determinación al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Con lo anterior, en términos del articulo 196 de la N ueva Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia y, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Nueva Ley de Amparo, REQUIÉRASE al: 483-S-1 JUEZ DE LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA Para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia dictada en el presente asunto el dieciséis de julio del año en curso, misma que ya se encuentra debidamente notificada, tal y como se desprende de los acuses de recibo que obran en autos (foja 103). Se APERCIBE a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de 100 CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la Nueva Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Finalmente, devuélvase el duplicado del proceso 27/2015 (Anexo 1), al Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. N O T I F Í Q U E S E .
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