Guadalupe Contreras Uribe

Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
271/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Contreras Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por la autoridad responsable, Ministro Ejecutor (Actuario) adscrito a la central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, a través del cual rinde el informe justificado; lo anterior es así, porque ya se dictó sentencia, incluso se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.*MGCJ/Jeam/spm

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, según lo dispuesto por el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General Conjunto multicitado, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por la autoridad responsable Ministro Ejecutor (Actuario) adscrito a la central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua; sin que amerite mayor pronunciamiento dicho informe, porque fue exhibido de forma extemporánea a la hora señalada en la fecha de la audiencia constitucional, incluso, ya se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, el juicio de amparo **********/2021, promovido por **********, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Por demanda recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, turnada a este juzgado al día diecinueve siguiente hábil, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad señalada en proemio que antecede y por el acto que a continuación se precisa: "ACTOS RECLAMADOS: ACTO JUDICIAL de fecha VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO consistente en: póngase en posesión legal y material el bien inmueble materia del presente juicio (a favor del C. **********) autorizándose el uso de la fuerza pública con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario. Gírese atento oficio al Director de Seguridad Municipal a fin de que proporcione los elementos necesarios para la práctica de dicha diligencia. Túrnense los autos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos para ello, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos 494 y 495 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado." SEGUNDO. Derechos que se estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno se admitió registrándose bajo número estadístico **********/2021, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercera interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió en sendas ocasiones e inicio al tenor del acta que antecede sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, primer párrafo, y 107, todos de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de la autoridad responsable: Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la posesión legal y material del bien inmueble -dice posee y es propietaria- a favor de **********, emitido dentro del expediente **********/2017, relativo al juicio ordinario oral civil. Actuario Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la ejecución del mandamiento judicial anteriormente señalado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Información que se complementó con la remisión de las documentales consistentes en copia certificada del expediente **********/2017, relativo al juicio oral ordinario civil; documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el actuario ejecutor responsable fue omiso en rendir el informe justificado, pese estar notificado del oficio donde se le solicito dicho informe; por ende, con fundamento en artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado, porque de las constancias remitidas por la juez responsable se advierte la intervención en la ejecución del acto reclamado al actuario responsable. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico para accionar la vía constitucional. Dicho artículo y fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la ley de la materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, el numeral 5, fracción l, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De igual forma, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." Del precepto constitucional transcrito, en lo que interesa, se desprende que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, por quien tenga un derecho o un interés legítimo, siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico. En efecto, la figura del interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional; a través de la cual se constriñe a la quejosa a acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resulta improcedente. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Lo anterior tiene su génesis en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia, la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, por interés jurídico debe entenderse el derecho que asiste al gobernado para reclamar un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en sede constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo previsto para su protección en alguna norma legal o también la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses de éste provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa se trae a colación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito plasmado en la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". De acuerdo con lo anterior y con el sistema previsto tanto por la fracción I del artículo 107 constitucional como por la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, no basta con afirmar que se afecta el interés de la promovente, sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. De tal forma, se reitera, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como cuestión previa, es importante indicar que la figura de la persona extraña o tercero extraño se encuentra prevista para su protección en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; dispositivo legal en el que se establece la posibilidad de instar la acción constitucional contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, esto es, aquellas personas que sin ser parte material en el juicio o procedimiento de donde emana la actuación reclamada resulte afectada en su esfera jurídica de derechos, o que siendo parte en el juicio subyacente no haya tenido oportunidad de ser oído o vencido dentro de dicho procedimiento, violaciones que se pueden dar in itinere, es decir, en el camino del procedimiento o en ejecución de éste. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha abordado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño, siendo conceptualizada, en principio, como aquella persona [física o moral] que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño natural), quedando incluido en ese concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (tercero extraño equiparado). En consecuencia, siempre que un gobernado promueva juicio de amparo ostentándose persona extraña a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, su procedencia estará sujeta a que la parte quejosa acredite los dos elementos siguientes: Ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva; Que el acto de autoridad incida o afecte el derecho subjetivo del cual haya acreditado su titularidad la quejosa. Asimismo, ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Establecido lo anterior, en este asunto se debe determinar que si la quejosa **********, manifestó ser posesionaria -a título de propietaria- del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad; tiene la obligación de acreditar el derecho que dice tener sobre ese inmueble y, de esa manera, establecer la afectación a su interés jurídico. Para determinar lo anterior, es necesario relatar algunos antecedentes de donde deriva el acto reclamado, dentro del expediente **********/2017, relativo al juicio oral ordinario civil, en ejercicio de la acción hipotecaría; que son los siguientes: 1. Mediante escrito de demanda, formulada por el actor, apoderado de ********** Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero **********, en contra de la demandada **********, con motivo de que ésta última tiene el carácter de deudora en el contrato base de la acción, consistente en la escritura pública número **********, parada ante la fe del Notario Público número 4, de este distrito judicial, se reclamaron las siguientes prestaciones: a). Declaración judicial que decrete el vencimiento anticipado del contrato celebrado entre el actor y la demanda (deudora), documento base de la acción. b). El pago de la cantidad ********** UDIS (********** unidades de inversión) que al día trece de junio de dos mil diecisiete, incluyedo los conceptos, conforme el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. c). Hacer efectivo el cumplimiento y exigiendo la ejecución y materialización de la hipoteca que en primer lugar se otorgó a favor de la hipotecaria y pesa sobre el bien inmueble dado en garantía en el propio contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, descrito en el capítulo segundo de antecedentes de la escritura pública número **********, que contiene la formalización del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. d). El pago de los gastos y costas que se genere con motivo de la tramitación del juicio civil. 2. El diez de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite dicha demanda, formándose el expediente **********/2017, vía oral ordinaria civil, en ejercicio de la acción hipotecaria, en contra de la demandada **********, se ordenó su emplazamiento a dicho juicio en el domicilio ubicado en el inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad. 3. Con motivo de que la demandada **********, no fue localizada en dicha dirección, por encontrarse el inmueble deshabitado, y previa búsqueda se ordenó su emplazamiento por edictos. 4. Continuando con el trámite respectivo, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia, al tenor de los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Ha procedido la Vía Oral Ordinaria. SEGUNDO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción y la parte demandada incurrió en rebeldía, en consecuencia: TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el pago del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria celebrado el día uno de junio del año dos mil uno entre la C. (**********) y la parte actora. CUARTO.- Se condena a la demandada C. (**********) a pagar a la parte actora, ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN) que al día trece de Junio de dos mil diecisiete incluye los siguientes conceptos, conforme el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria: 1.- Por concepto de Capital Exigible, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), correspondiente este concepto a Saldo Total de Capital Exigible al día trece de Junio de dos mil diecisiete, cantidad a la que deberá adicionarse la que se genere hasta el momento de realizar el pago total del adeudo. 2.- Por concepto de Capital vencido, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), esto es a fecha trece de junio de dos mil diecisiete, cantidad a la que deberá adicionarse la que se genere hasta el momento de realizar el pago total del adeudo. 3.- Pago de la cantidad de ********** UDIS (**********) por concepto de Intereses Ordinario generados y no pagados, esto al día trece de Junio de dos mil diecisiete, cantidad a la que deberá adicionarse la que se genere hasta el momento de realizar el pago total del adeudo, por la disposición del Crédito, Intereses que se pactaron en el contrato base de la acción y conforme a la certificación contable expedida por el contador facultado por la parte actora. 4.- El pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de Interés Moratorios generados a partir del incumplimiento de las obligaciones de pago al día trece de junio de dos mil diecisiete y los que se sigan generando hasta el momento en que se liquide la totalidad de las prestaciones reclamadas, los que se liquidaron y cuantificaran en ejecución de sentencia, conforme a la tasa pactada en el contrato base de acción- 5.- Por concepto de Comisión por Administración, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), esto al día trece de Junio de dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo, por haberse pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaría base de acción. 6.- Por concepto de Seguros, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), esto al día trece de junio de dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo, por haberse pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria que fundamenta la acción. 7.- Por concepto de IVA de COMISIONES, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), esto al día trece de junio de dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo, por haberse pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaría que fundamenta la acción. 8.- Por concepto de Comisión de Cobertura, el pago de la cantidad de ********** UDIS (********** UNIDADES DE INVERSIÓN), esto al día trece de junio de dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo, por haberse pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaría que fundamenta la acción. QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de los gastos y costas que se hayan generado con motivo de la tramitación del presente juicio, así como a soportar la venta en Subasta Pública del bien inmueble dado en garantía, por lo que con el producto de su venta, hágase el pago de la actora de las prestaciones a que hoy ha sido condenada a pagar dicha demandada. SEXTO.- Notifíquese." 5. Fallo que causó ejecutoria el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 6. Previos trámites para la ejecución de dicha sentencia (avalúo y remisión al notario para la escritura correspondiente); en acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se ordenó poner en posesión material y legal a **********, del inmueble ubicado en **********, en esta ciudad. 7. El veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, se ejecutó la determinación contenida en el numeral 6, en esa diligencia, al estar el citado inmueble deshabitado se puso en posesión material y legal a dicha persona. Acto que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de los citados antecedentes se colige que el actor **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero **********, aquí tercero interesado, demandó a Hilda Herminia Uribe Flores, deudora en el contrato base de la acción, consistente en la escritura pública número **********, pasada ante la fe del Notario Público número 4, de este distrito judicial, reclamando, entre otras prestaciones, la declaración judicial que decrete el vencimiento anticipado del contrato celebrado entre el actor y la demanda (deudora), documento base de la acción; así como el pago de la cantidad que al día trece de junio de dos mil diecisiete, se siga generando, conforme el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria; además, exigió la ejecución y materialización de la hipoteca que en primer lugar se otorgó a favor de la hipotecaria y pesa sobre el bien inmueble dado en garantía en el propio contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, descrito en el capítulo segundo de antecedentes de la escritura pública número **********, que contiene la formalización del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. En el presente asunto la quejosa Guadalupe Contreras Uribe, se ostentó con el carácter de tercera extraña y reclamó el acuerdo y la ejecución donde se puso en posesión material y legal a Jaime Valdez Hurtado, respecto del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, -dice la quejosa posee y es propietaria- emitido dentro del expediente **********/2017, relativo al juicio ordinario oral civil. Para lo cual, la impetrante de amparo refiere que cuenta con la posesión -a título de propietaria- del mencionado inmueble en disputa, señalando que la desposesión de ese inmueble es contraria a derecho, porque se llevó dicha actuación en día inhábil (domingo), vulnerando el debido proceso y con ello las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Como se expresó en líneas precedentes, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de la resolución que se dictó en el juicio subyacente sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas al mismo. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 331 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Al respecto, se estima necesario dilucidar si la solicitante del amparo acreditó el derecho que dice tener sobre el inmueble que por esta vía defiende, en su carácter de propietaria y, de esa manera, si efectivamente demostró la afectación a su interés jurídico. Así, la quejosa ********** señaló que respecto del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, que fue objeto de controversia dentro del juicio **********/2017 del índice del Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, tiene la posesión y es propietaria. En ese tenor, la quejosa acude al presente juicio de amparo ostentándose poseedora -en calidad de propietaria- respecto del citado inmueble, objeto de disputa en el juicio ordinario civil relativo al mencionado expediente. En torno a dicho tópico -posesión- el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, sostuvo que de los antecedentes y reformas al artículo 14 constitucional no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas. Por ello, para atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, el Alto Tribunal de la Nación consideró que, para efectos de que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando la quejosa se ostente persona extraña al juicio del orden civil, resulta necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonadamente produzca la convicción de que tiene el derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de la posesión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." En ese contexto, debe analizarse el valor probatorio de las pruebas ofrecidas a fin de determinar si la quejosa Guadalupe Contreras Uribe acredita el interés jurídico para ser llamada al juicio ordinario civil **********/2017 del índice de la autoridad responsable, esto es, si con sus pruebas demuestra la existencia de la causa generadora de la posesión que aduce (título en el que se sustente el derecho a poseer). Así, para acreditar su derecho conculcado, la quejosa ofreció como medio de convicción de su parte, las pruebas que se adjuntaron al escrito de la demanda, las cuales consisten en diversas actuaciones relativas al expediente **********/2017, relativo al juicio oral ordinario civil, en ejercicio de la acción hipotecaria, del índice del juez responsable. Sin embargo, dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar la existencia de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del citado bien inmueble. Pues, al contrario con esas constancias se evidenció que el actor **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero **********, demandó a **********, con motivo que ésta última tiene el carácter de deudora en el contrato base de la acción, consistente en la escritura pública número 20316, pasada ante la fe del Notario Público número 4, de este distrito judicial; reclamando la declaración judicial que decrete el vencimiento anticipado del contrato celebrado entre el actor y la demanda (deudora; así como el pago de la cantidad que resulte al día trece de junio de dos mil diecisiete, incluyendo los conceptos, conforme el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria; y se exigió la ejecución y materialización de la hipoteca que en primer lugar se otorgó a favor de la hipotecaria y pesa sobre el bien inmueble dado en garantía en el propio contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, descrito en el capítulo segundo de antecedentes de la escritura pública número 2,01316, que contiene la formalización del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Por tal motivo, la documental exhibida por la parte quejosa resulta insuficiente para tener por acreditado el título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer en calidad de propietaria respecto del bien inmueble ubicado **********, en esta ciudad, pues -se insiste- las referidas pruebas resultan insuficientes para acreditar el título de propiedad respecto del inmueble en disputa en el juicio de origen, toda vez que la Litis del juicio de origen no figura la impetrante tener la calidad de parte procesal, aunado a que de las constancias no se advierte un dato que evidencie que la quejosa tenga la titularidad del inmueble que refiere posee en calidad de propietaria. Por tanto, incumple con el requisito de acreditar el interés jurídico que guarda respecto del inmueble materia del juicio ordinario civil **********/2017, toda vez que no cuenta con un título de propiedad que acredite su dicho, ya que con las documentales que ofreció como prueba, resultan insuficientes para demostrar su derecho como propietaria del mencionado inmueble. Por ende, si se parte de la premisa que la peticionaria del amparo debe acreditar su interés jurídico respecto del bien inmueble del que aduce ser propietaria, en el caso en concreto, no lo hizo, puesto que no demostró la existencia de un título que genere el derecho a poseer. De ahí que las documentales antes enlistadas, por sí mismas, carecen de eficacia demostrativa para acreditar el interés jurídico de **********, para ser llamada al juicio ordinario civil **********/2017 del índice de la autoridad responsable; lo anterior, al no acreditar la parte quejosa la causa generadora de ese derecho. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas tampoco se advierte siquiera en forma indiciaria la existencia de algún documento o declaración que acredite la existencia de la causa generadora de la posesión por parte de la quejosa. Por tal motivo, se concluye que la peticionaria del amparo omitió demostrar ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva, a saber, contar con la calidad de poseedor del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, que fue materia del juicio subyacente. Por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ve a los actos reclamados al Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, y al actuario ejecutor responsable, al no haber acreditado la parte quejosa el interés jurídico con el que acudió a instar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el secretario **********, que autoriza y da fe. Doy fe.

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