Guadalupe Cesar Castañeda Vazquez

Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Cesar Castañeda Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 558/2023-VI, promovido por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos.Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado, el seis siguiente, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 558/2023-VI, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: 1.- Al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: Todo lo actuado en el juicio oral ordinario *******, promovido por la apoderada legal del *******, en contra de ******* y otra. 2.- Al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificadores y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El emplazamiento al juicio de origen, y la ejecución de los mandatos derivados del mismo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; adjuntando el juez de origen para tal efecto copia certificada de todo lo actuado en el juicio oral ordinario *******, promovido por la apoderada legal del *******, en contra de ******* y otra. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por lo tanto, la existencia de los actos reclamados está fehacientemente demostrada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las partes, enseguida se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Estudio de fondo. Como ya se indicó, el quejoso ostentándose como tercero extraño, reclama todo lo actuado en el juicio oral ordinario civil *******, promovido por la apoderada legal del *******, en su contra; y en forma destacada el emplazamiento al citado juicio. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. En atención a la naturaleza del acto reclamado, debe precisarse que en el artículo 14 Constitucional, se establece que para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, en cualquier procedimiento seguido en contra de un particular, se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, determinó que dichas formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De este modo, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. De ahí que la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio natural constituya la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que al demandado se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. El criterio mencionado, se publicó en la página 133, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el número de registro 200234 P./J.47/95 del Pleno, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga -se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento-. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, el estudio del emplazamiento debe hacerse al tenor de lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues, se reitera, entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, en un debido proceso; entendiéndose por éste, como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos. Por tanto, para cumplir con el mínimo requisito de respetar la garantía de audiencia en favor del gobernado, es necesario que se realice una notificación que cumpla con las formalidades establecidas en la ley; de ahí que sea evidente que si ello no se cumplió, entonces, sí existe una vulneración a los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, la primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; en el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. Así, la trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; ya que es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En torno a lo anterior, cabe resaltar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que en su artículo 133, establece lo siguiente: ARTÍCULO 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; . En tal norma se establece, en lo conducente, que se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, el emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio. En el caso, de los antecedentes del presente asunto se advierte que el nueve de junio de dos mil veintiuno, en la vía oral ordinaria civil, se admitió a trámite la demanda promovida por el apoderado legal del *******, en contra de ******* y otra; ordenándose el emplazamiento de los demandados. Asimismo, de autos se desprende la diligencia de emplazamiento del contenido siguiente: En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día treinta del mes de junio del año dos mil veintiuno, el (la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito (a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos Licenciado (a) *******, me constituyo en el domicilio señalado en autos, en busca de ******* sitio en ******* de esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud del nombre de la calle y la nomenclatura de la misma. Y encontrando presente a la persona que busco, quien si se identifica con credencial de elector con clave ******* Acto continuo procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha (s) nueve de junio del año dos mil veintiuno. Emitido por el (la ) C. Juez (a) del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias, dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL, Expediente ******* y con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes en cuarenta y uno fojas útiles debidamente selladas y cotejas por la Secretaría del Juzgado le emplazo a juicio y corro traslado, haciéndole saber que este Tribunal le concede un término de NUEVE DÍAS a fin de que de contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarará su rebeldía y en su momento, se le tendrá por presuntamente confeso (a) de los hechos que le sean propios y hayan sido afirmados en la demanda, haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harán valer al contestar la demanda y se resolverán en la Audiencia Preliminar, concurran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señale y se le apercibe que en caso de no asistir, se le impondrá una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. Enterándole de que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad, todas las notificaciones y citaciones que hayan de practicarse, aun las de carácter personal, se le harán a través de lista en los estrados de este tribunal Además se le previene para que en el término de tres días señale a este Tribunal si no puede entender o hablar el idioma español, o si le pertenecen a una comunidad indígena o si presentan alguna capacidad diferente que les impida comunicarse eficazmente, y en su caso afirmativo, indiquen cual en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que no cuenta con alguna que le permite para hacer valer sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz; y para que señale en el término de TRES días ante esta autoridad Judicial si otorga o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dicte, se publique sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entenderá su negativa para tal efecto. Manifestando quien me atienda que oye y queda enterado (a), recibiendo de conformidad las copias que se le entregan. Requiriendo al (la) demandado (a) que firme la presente constancia, manifestando que SÍ firma por SÍ ser su deseo. Con lo anterior termino la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a los que haya lugar. Doy fe Por tanto, del análisis de la diligencia de emplazamiento, es dable concluir que, contrario a lo estimado por el quejoso en sus conceptos de violación, se cumplieron con los parámetros legales establecidos en el artículo 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua para hacer del conocimiento del demandado (quejoso en el juicio de amparo indirecto) de la existencia de una demanda entablada en su contra. Ello es así, en virtud de que a las catorce horas con treinta minutos del día treinta de junio del año dos mil veintiuno, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, se constituyó personalmente en el domicilio señalado en los autos de origen, ubicado en *******, en esta ciudad, en busca de *******; previo cercioramineto de que era el domicilio correcto en virtud del nombre de la calle y la nomenclatura de la misma. Asimismo, el diligenciatario al encontrar presente al demandado, previo cerciorarse de su identidad a través de la credencial de elector que exhibió, procedió a notificarle de forma personal e íntegra el auto admisorio nueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario *******, del índice de la responsable, corriéndole traslado con la demanda y anexos. De igual forma, el notificador hizo del conocimiento del demandado que ese tribunal le concedió un término de nueve días a fin de que diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarará su rebeldía y en su momento, se le tendría por presuntamente confeso de los hechos que le fueran propios y hayan sido afirmados en la demanda, haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harían valer al contestar la demanda y se resolverían en la audiencia preliminar, concurrieran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señalara y se le apercibió que en caso de no asistir, se le impondría una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. De igual forma, el Actuario apercibió al demandado que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad, todas las notificaciones y citaciones, aun las de carácter personal, se le harían a través de lista en los estrados de ese tribunal. Del mismo modo, previno al demandado para que en el término de tres días manifestara al tribunal si no podía entender o hablar el idioma español, o pertenecía a una comunidad indígena o si presentan alguna capacidad diferente que les impida comunicarse eficazmente, y en caso afirmativo, indicara cual, en la inteligencia que de no hacerlo, se entendería que no contaba con alguna que le permitiera hacer valer sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz. Asimismo, le requirió, para que señalara en el término de tres días ante esa autoridad judicial si otorgaba o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dictara, se publicara sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entendería su negativa para tal efecto. Concluyendo el fedatario, que el demandado manifestaba quedaba enterado y recibía de conformidad las copias de traslado respectivas, asentando que consisten en escrito inicial, poder certificado, contrato certificado, estado de cuenta certificado y actas de requerimiento; firmando ambos al calce, para constancia en dicha diligencia. Además, no se soslaya el principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Ilustra lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 55/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 33, que establece lo siguiente: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. En adición a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas con las que cuales desvirtuara la diligencia que se le practicó, dado que como se apuntó previamente, las actuaciones realizadas por un actuario judicial, en ejercicio de sus funciones que requieren fe pública, gozan de credibilidad y constituyen una verdad legal, salvo prueba en contrario, puesto que de no considerarlo así, se estaría en la posibilidad de desacreditar, con el simple dicho de uno de los colitigantes, las constancias que elabora el fedatario. Por ejemplificativa de lo anterior, se cita la jurisprudencia I.6o.C. J/17 del Sexto Tribuna Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 56 de rubro y texto siguientes: NOTIFICACION. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario. Con todo lo anterior, no queda duda que la parte quejosa fue legalmente notificada de la instauración del juicio del que emanan los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, porque la responsable cumplió con las exigencias establecidas en la ley de la materia, quedando de esta manera cumplida la finalidad esencial de dicha diligencia, que es otorgar a la parte demandada, el derecho fundamental de audiencia, a través del cumplimiento efectivo de las normas instrumentales dispuestas para tal efecto en la legislación adjetiva. En virtud de todo lo anterior y al no haberse desvirtuado el emplazamiento realizado de manera personal, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de combatir en su carácter parte todas las actuaciones llevadas a cabo en dicho juicio.Corolario de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, deberá negarse la protección constitucional solicitada por *******. Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente:-SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE:Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificaciones y Ejecución ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en último considerando de la presente determinación.Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 558/2023-VI, promovido por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos.Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado, el seis siguiente, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 558/2023-VI, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: 1.- Al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: Todo lo actuado en el juicio oral ordinario *******, promovido por la apoderada legal del *******, en contra de ******* y otra. 2.- Al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificadores y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El emplazamiento al juicio de origen, y la ejecución de los mandatos derivados del mismo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; adjuntando el juez de origen para tal efecto copia certificada de todo lo actuado en el juicio oral ordinario *******, promovido por la apoderada legal del *******, en contra de ******* y otra. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por lo tanto, la existencia de los actos reclamados está fehacientemente demostrada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las partes, enseguida se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación.Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.Sexto. Estudio de fondo. Como ya se indicó, el quejoso ostentándose como tercero extraño, reclama todo lo actuado en el juicio oral ordinario civil *******, promovido por la apoderada legal del *******, en su contra; y en forma destacada el emplazamiento al citado juicio. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. En atención a la naturaleza del acto reclamado, debe precisarse que en el artículo 14 Constitucional, se establece que para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, en cualquier procedimiento seguido en contra de un particular, se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento.En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, determinó que dichas formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De este modo, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. De ahí que la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio natural constituya la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que al demandado se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. El criterio mencionado, se publicó en la página 133, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el número de registro 200234 P./J.47/95 del Pleno, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga -se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento-. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, el estudio del emplazamiento debe hacerse al tenor de lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues, se reitera, entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, en un debido proceso; entendiéndose por éste, como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos. Por tanto, para cumplir con el mínimo requisito de respetar la garantía de audiencia en favor del gobernado, es necesario que se realice una notificación que cumpla con las formalidades establecidas en la ley; de ahí que sea evidente que si ello no se cumplió, entonces, sí existe una vulneración a los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, la primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; en el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. Así, la trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; ya que es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En torno a lo anterior, cabe resaltar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que en su artículo 133, establece lo siguiente:ARTÍCULO 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; . En tal norma se establece, en lo conducente, que se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, el emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio. En el caso, de los antecedentes del presente asunto se advierte que el nueve de junio de dos mil veintiuno, en la vía oral ordinaria civil, se admitió a trámite la demanda promovida por el apoderado legal del *******, en contra de ******* y otra; ordenándose el emplazamiento de los demandados. Asimismo, de autos se desprende la diligencia de emplazamiento del contenido siguiente: En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día treinta del mes de junio del año dos mil veintiuno, el (la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito (a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos Licenciado (a) *******, me constituyo en el domicilio señalado en autos, en busca de ******* sitio en ******* de esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud del nombre de la calle y la nomenclatura de la misma. Y encontrando presente a la persona que busco, quien si se identifica con credencial de elector con clave ******* Acto continuo procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha (s) nueve de junio del año dos mil veintiuno. Emitido por el (la ) C. Juez (a) del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias, dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL, Expediente ******* y con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes en cuarenta y uno fojas útiles debidamente selladas y cotejas por la Secretaría del Juzgado le emplazo a juicio y corro traslado, haciéndole saber que este Tribunal le concede un término de NUEVE DÍAS a fin de que de contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarará su rebeldía y en su momento, se le tendrá por presuntamente confeso (a) de los hechos que le sean propios y hayan sido afirmados en la demanda, haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harán valer al contestar la demanda y se resolverán en la Audiencia Preliminar, concurran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señale y se le apercibe que en caso de no asistir, se le impondrá una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. Enterándole de que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad, todas las notificaciones y citaciones que hayan de practicarse, aun las de carácter personal, se le harán a través de lista en los estrados de este tribunal Además se le previene para que en el término de tres días señale a este Tribunal si no puede entender o hablar el idioma español, o si le pertenecen a una comunidad indígena o si presentan alguna capacidad diferente que les impida comunicarse eficazmente, y en su caso afirmativo, indiquen cual en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que no cuenta con alguna que le permite para hacer valer sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz; y para que señale en el término de TRES días ante esta autoridad Judicial si otorga o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dicte, se publique sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entenderá su negativa para tal efecto. Manifestando quien me atienda que oye y queda enterado (a), recibiendo de conformidad las copias que se le entregan. Requiriendo al (la) demandado (a) que firme la presente constancia, manifestando que SÍ firma por SÍ ser su deseo. Con lo anterior termino la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a los que haya lugar. Doy fe Por tanto, del análisis de la diligencia de emplazamiento, es dable concluir que, contrario a lo estimado por el quejoso en sus conceptos de violación, se cumplieron con los parámetros legales establecidos en el artículo 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua para hacer del conocimiento del demandado (quejoso en el juicio de amparo indirecto) de la existencia de una demanda entablada en su contra. Ello es así, en virtud de que a las catorce horas con treinta minutos del día treinta de junio del año dos mil veintiuno, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, se constituyó personalmente en el domicilio señalado en los autos de origen, ubicado en *******, en esta ciudad, en busca de *******; previo cercioramineto de que era el domicilio correcto en virtud del nombre de la calle y la nomenclatura de la misma. Asimismo, el diligenciatario al encontrar presente al demandado, previo cerciorarse de su identidad a través de la credencial de elector que exhibió, procedió a notificarle de forma personal e íntegra el auto admisorio nueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario *******, del índice de la responsable, corriéndole traslado con la demanda y anexos. De igual forma, el notificador hizo del conocimiento del demandado que ese tribunal le concedió un término de nueve días a fin de que diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarará su rebeldía y en su momento, se le tendría por presuntamente confeso de los hechos que le fueran propios y hayan sido afirmados en la demanda, haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harían valer al contestar la demanda y se resolverían en la audiencia preliminar, concurrieran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señalara y se le apercibió que en caso de no asistir, se le impondría una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. De igual forma, el Actuario apercibió al demandado que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad, todas las notificaciones y citaciones, aun las de carácter personal, se le harían a través de lista en los estrados de ese tribunal. Del mismo modo, previno al demandado para que en el término de tres días manifestara al tribunal si no podía entender o hablar el idioma español, o pertenecía a una comunidad indígena o si presentan alguna capacidad diferente que les impida comunicarse eficazmente, y en caso afirmativo, indicara cual, en la inteligencia que de no hacerlo, se entendería que no contaba con alguna que le permitiera hacer valer sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz. Asimismo, le requirió, para que señalara en el término de tres días ante esa autoridad judicial si otorgaba o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dictara, se publicara sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entendería su negativa para tal efecto. Concluyendo el fedatario, que el demandado manifestaba quedaba enterado y recibía de conformidad las copias de traslado respectivas, asentando que consisten en escrito inicial, poder certificado, contrato certificado, estado de cuenta certificado y actas de requerimiento; firmando ambos al calce, para constancia en dicha diligencia. Además, no se soslaya el principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Ilustra lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 55/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 33, que establece lo siguiente: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. En adición a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas con las que cuales desvirtuara la diligencia que se le practicó, dado que como se apuntó previamente, las actuaciones realizadas por un actuario judicial, en ejercicio de sus funciones que requieren fe pública, gozan de credibilidad y constituyen una verdad legal, salvo prueba en contrario, puesto que de no considerarlo así, se estaría en la posibilidad de desacreditar, con el simple dicho de uno de los colitigantes, las constancias que elabora el fedatario. Por ejemplificativa de lo anterior, se cita la jurisprudencia I.6o.C. J/17 del Sexto Tribuna Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 56 de rubro y texto siguientes: NOTIFICACION. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario. Con todo lo anterior, no queda duda que la parte quejosa fue legalmente notificada de la instauración del juicio del que emanan los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, porque la responsable cumplió con las exigencias establecidas en la ley de la materia, quedando de esta manera cumplida la finalidad esencial de dicha diligencia, que es otorgar a la parte demandada, el derecho fundamental de audiencia, a través del cumplimiento efectivo de las normas instrumentales dispuestas para tal efecto en la legislación adjetiva. En virtud de todo lo anterior y al no haberse desvirtuado el emplazamiento realizado de manera personal, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de combatir en su carácter parte todas las actuaciones llevadas a cabo en dicho juicio.Corolario de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, deberá negarse la protección constitucional solicitada por *******. Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente:-SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE:Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificaciones y Ejecución ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en último considerando de la presente determinación.Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Cardenillo por audiencia celebrada Vista la certificación de cuenta y toda vez que a las diez horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; fórmese un cuaderno de antecedentes a efecto de proveer lo que corresponda. Tercero interesado comparece Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito signado por ********** apoderado del moral tercero interesada *******; y en atención a su contenido, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a los licenciados **********, toda vez que se encontraron en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no han transcurrido los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la moral tercero interesada *******, se imponga de las actuaciones dictadas en este juicio de amparo, pues fue emplazado a juicio, el veintiocho de junio del año en curso, por lo que, hoy es el día cinco, de los ocho que señala la legislación de la materia, para tal efecto. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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