Guadalupe Cirila Flores Ibáñez

Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
669/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Cirila Flores Ibáñez

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo que presenta Guadalupe Cirila Flores Ibáñez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto Menor, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 669/2018/III-B. DESECHAMIENTO. Previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, por lo cual, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado la resolución de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, emitida dentro de los autos del expediente 1/2018-I, relativo al incidente de prescripción de ejecución de sentencia, promovido por la demandada en lo principal Guadalupe Cirila Flores Ibañez, en contra de Ángel Cruz Olmos, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 43/2012-I, en la que el Juez Mixto Menor, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, lo declaró improcedente. En el caso particular, la suscrita estima que el juicio de amparo que ahora se intenta resulta improcedente en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Para sostener lo anterior, cabe señalar que el análisis del numeral referido, pone de manifiesto que el juicio constitucional será improcedente en términos de la aludida fracción, cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) Que exista en la legislación ordinaria un medio defensa con el que deba impugnarse la resolución combatida; y, b) Que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del expediente incidental de prescripción de ejecución de sentencia radicado bajo el número 1/2018-I, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 43/2012-I, del índice del Juzgado Mixto Menor, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante la cual el juez responsable declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia y ordenó continuar con la secuela del procedimiento. Es de precisar, que de la resolución que por esta vía se combate, se desprende que el juez natural resolvió sobre la solicitud que le planteó la demandada en lo principal el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, a través de la cual pretendía que se declarara la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen 43/2012 al considerar que había fenecido el término previsto en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio para ejecutar el fallo. Sin embargo, a juicio de la suscrita el presente juicio es improcedente en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional, en tanto que previo a la promoción del amparo, para combatir la resolución reclamada debió interponer el recurso ordinario que en el caso a estudio lo es el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En efecto, el contenido del precepto citado, pone en evidencia que el citado recurso es procedente para combatir los autos que no fueren apelables y los decretos, dispositivo que, además, no establece excepción alguna, ni al tratar del recurso de revocación, ni en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias, respecto a los autos que se dicten, como en la especie, cuando se trate de la ejecución de una sentencia razón que lleva a considerar que el legislador ordinario no creyó conveniente en materia mercantil establecer excepción alguna. De ahí que, se itera, el recurso de revocación era el medio ordinario de defensa apto para lograr la revocación o modificación del acto de autoridad ahora combatido, previo a la instauración del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Por tanto, si el dispositivo enunciado otorga la posibilidad de combatirlo a través de un medio ordinario de impugnación, que en el caso específico lo es el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio; el juicio de amparo indirecto promovido por la quejosa antes de haber agotado tal recurso, resulta improcedente. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado ante especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y como su autorizado con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Contreras Martínez, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional por así haberlos solicitado la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano