Guadalupe Belem Paredes Zepeda
Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Belem Paredes Zepeda
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo presentada por Guadalupe Belem Paredes Zepeda, por propio derecho, contra actos de la Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales contenidas en los artículos 1° y 17 de la Constitución. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 307/2018-VII-C. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Expuesto lo anterior, de la lectura a la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especia se reclama consiste en: la resolución de doce de marzo de esta anualidad, dictada en el expediente 841/VI/2017 del índice de la Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de tal asunto. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se analiza, de los antecedentes de la demanda se advierte que la ahora quejosa presentó demanda contra el Instituto Veracruzano del Deporte, por despido injustificado, la cual fue radicada bajo el número 841/VI/2017 del índice de la responsable y seguida la secuela procesal, en la etapa de demanda y excepciones la parte demandada hizo valer incidente de competencia a efecto de que la Junta responsable se declarara incompetente y remitiera los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, razón por la que, por resolución de doce de marzo de esta anualidad, la Junta responsable declaró fundado el incidente planteado, siendo esta la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con los diversos 62 y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de la materia De los preceptos en cita, se desprende en esencia, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos que no ocasionan daños a las personas o a las cosas, cuya ejecución sea de imposible reparación. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte, en el entendido de que tal afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Esto es, los actos de imposible reparación recaen en la infracción de los derechos sustantivos del gobernado, lo que no ocurre en la especie, ya que como ha quedado precisado el acto que se combate en esta vía consiste en la resolución de doce de marzo de esta anualidad, dictada en el expediente 841/VI/2017 del índice de la Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de tal asunto, acto que de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos del promovente. Ello, en virtud de que la afectación que produce se traduce únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano a quien se le declinó la competencia, emita resolución o acuerdo en el que determine si la acepta o la rechaza, pues lo cierto es que la Litis, se ciñe a la competencia, máxime que como se vio, incide únicamente en la esfera jurídica de las partes, cuando el órgano jurisdiccional a favor de quien se emite, la acepta o rechaza, y en el caso, no se observa haya sido así. En otras palabras, el acuerdo que declina la competencia a otro órgano (como ocurre en el presente asunto) no reviste el carácter de un acto de imposible reparación, sino que sólo lo será cuando la autoridad a la que se declinó tal competencia, acepta el conocimiento de la misma, por lo que será su resolución, en caso de que proceda, la que cause perjuicio irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y consideraciones la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia I.4º.T.J/20 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito . "AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCION DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente." En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizado de su parte conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nelson Natanael Betanzos Valencia y a Julio César Mora Hernández PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.
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