Guadalupe Arellano Delgado

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Arellano Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PERSONAL. -AVISO- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Lo anterior deberá realizarse después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 763/2022, promovido por *** su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el dieciocho de julio del mismo año, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Guadalupe Arellano Delgado, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero. Residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión de dar respuesta a la petición que legalmente formulé por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a mi escrito de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, recibido ante la oficialía de partes de las responsables el día dieciocho del mimo mes y año." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8 y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 763/2022 y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables en dar respuesta al escrito de petición que les presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Sobre esa tesitura, se tiene que es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables en dar respuesta al escrito de petición que les presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ello no obstante que las autoridades responsables Presidente de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero y Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, éste último por conducto del señalado Presidente, hayan negado el mismo, sobre el argumento que, el uno de febrero de dos mil veintidós, emitió la respuesta correspondiente. Lo anterior es así, debido a que, el derecho de petición no solo encierra la obligación de emitir el acuerdo correspondiente sino que, el artículo 8 de la Constitución Federal, establece el deber de notificar el mismo al peticionario; circunstancia ésta última que no quedó acreditada que se hubiera realizado por las autoridades responsables, con la copia certificada allegada a los presentes autos, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables en dar respuesta al escrito de petición que les presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, en el caso en estudio, de la constancia que remitieron las autoridades responsables, con su informe justificado, se observa que dio respuesta a la petición que la quejosa formuló en el escrito que le fuera presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; contestación que le fue otorgada mediante oficio CP/PCT/DJ/122/2022, de uno de febrero de dos mil veintiuno, misma que fue recepcionado por este juzgado en auto de veinticinco de agosto de este año, acuerdo que le fue notificado el uno de septiembre siguiente, por estrados de este órgano de control constitucional a la quejosa, debido a que, no compareció a la cita que le fue efectuada por la actuaria de este órgano de control constitucional. No obstante a lo anterior, en acuerdo de tres de octubre de este año, este Juzgado Federal dio vista a la impetrante de amparo con la constancia que anexó la autoridad responsable a su informe justificado y se le requirió para que en el término de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifestara si era su deseo ampliar la demanda, por la respuesta que dio la autoridad en comento; acuerdo que le fue notificado el cinco del mismo mes y año, vía correo electrónico que proporcionó en su escrito de demanda; plazo que le transcurrió del siete al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, descontados los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mes y año en comento, por ser inhábiles, sin que al respecto hubiese presentado el escrito respectivo. Lo anterior, trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado, pues la pretensión de la quejosa, fue que se diera respuesta a su escrito de petición, y que dicha respuesta le fuera notificada, misma que fue realizada por este juzgado, lo que implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio al escrito de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus derechos humanos, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. Ahora, al no haberse inconformado con la contestación que recayó a su petición formulada en el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno relativo a que -la parte quejosa- no ha sido notificado sobre el pago de pensión a que dice tener derecho; respuesta en la que le hizo del conocimiento -al impetrante-, el estado que guarda el expediente de pensión por invalidez por riesgo; respuesta no puede ser materia de análisis en esta sentencia, pues con la emisión de aquella, cesaron los efectos de la falta de contestación y notificación de la misma, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamada. En esas condiciones, es patente que tocante al acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedencia del juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación en forma personal a la parte quejosa el veintidós de julio del año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 62 y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por **** su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que las autoridades responsables Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión y en representación del propio Comité de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, junto con su informe justificado, exhibieron copia certificada del oficio CP/PCT/DJ/122/2022, de uno de febrero de dos mil veintidós, con el cual afirman haber dado respuesta a la parte quejosa Guadalupe Arellano Delgado, en la que observa una leyenda que dice: "Recibí Teodora Serrano Reyes 24/Agosto/2022" -persona esta última que en el juicio en que se actúa, tiene el carácter de autorizada-; fecha de recepción que es de data posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por lo anterior, resulta pertinente requerir al peticionario de amparo para que dentro del término establecido por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud presentada en fecha diversa, misma que fue exhibida ante la oficialía de este juzgado federal el veinticuatro de agosto de esta anualidad. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda.En otro orden, y dado que de la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional, y a efecto de dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la misma, y en su lugar se fijan NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que signa Ernesto Cuadros Gómez, Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión y en representación del propio Comité de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que acompaña, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia que de necesitar cualquiera de las partes revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico. Asimismo, se le tiene designados como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en su oficio de cuenta, y como domicilio en términos del numeral 28, fracción I, de la ley de la materia, el ubicado en km. 276 del Boulevard Vicente Guerrero, frente a Diconsa, de esta ciudad capital. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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