Guadalupe Alarcón Zamora y Otros.

Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
408/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Alarcón Zamora y Otros.
  • Guadalupe Alarcón Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que Ubaldo Leyva Jiménez, desahogó en tiempo la prevención decretada en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, téngase desahogada la prevención de mérito y se provee: Ahora en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad, que resulten aplicables. Luego, es ineludible precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o documentos que se anexaron. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Bajo esa perspectiva, cabe señalar que la parte quejosa destaca como acto reclamado el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Catalina Zamora Alarcón y Ricardo Alarcón Díaz, número 570/2019-3, tramitado ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad. Es de precisarse que el promovente de amparo en el escrito inicial de demanda manifiesta que promueve en su carácter de abogado autorizado, de Guadalupe y Roberto Ranferi, de apellidos Alarcón Zamora, dentro de los autos del juicio de origen; asimismo, al desahogar la prevención formulada por este órgano de control constitucional en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, refirió lo siguiente: "(.) exhibo copia certificada del escrito de 11 de noviembre de 2019 suscrito por los hoy quejosos Guadalupe y Roberto Ranferi Alarcón Zamora, actores del Juicio Sucesorio Intestamentario al rubro indicado, en cuyo punto numero 5 me dignan como su abogado patrono, así como el acuerdo de fecha 21 del mes y año mencionados, pronunciado en el Juicio Sucesorio expresado por el C. Juez Primero de Primera Instancia en materia Familiar de este Distrito judicial de los Bravo, reconociendo mi personalidad." (sic) En este sentido, cabe destacar que dicha manifestación constituye una confesión, en el sentido de que quien promueve es Ubaldo Leyva Jiménez, en su carácter de abogado patrono de los directos quejosos, pues las aseveraciones instadas en dicho ocurso y escrito inicial de demanda tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 214035 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Así, en el caso a estudio, y a criterio de quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Para el estudio de la causa de improcedencia invocada resulta importante destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Así, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Es ilustrativa la jurisprudencia, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1600, Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169271, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva". En ese orden de ideas resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para impugnar normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, al mismo tiempo, protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos puedan causar un agravio a los gobernados. Luego, el objeto del juicio de amparo es hacer respetar los imperativos constitucionales y lo previsto en los tratados internaciones aplicables en el país en beneficio de los gobernados, en tanto que su fin específico es controlar el orden constitucional y convencional. De lo anterior se sigue que, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte y su consiguiente restitución cuando hayan sido violados; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo solo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto u omisión de autoridad, que en su concepto es inconstitucional o es contrario a los tratados internacionales que son obligatorios para el Estado Mexicano, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de las garantías constitucionales que consideran sea violado en su perjuicio lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general, actos u omisión de autoridad que se reclame. Luego, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto u omisión de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el promovente Ubaldo Leyva Jiménez, acude a esta instancia constitucional, ostentándose con el carácter de abogado patrono de Guadalupe y Roberto Ranferi, de apellidos Alarcón Zamora, dentro del expediente número 570/2019-3, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, a inconformarse contra el acto que ha quedado precisado con antelación. Al respecto, debe señalarse que si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley de Amparo, prevé que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida para todos los efectos legales; no menos verdad resulta que de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada, conforme a los referidos artículos 5º, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal. Luego, los numerales 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, disponen: "Artículo 94. Patrocinio o representación en juicio. Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores. La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas: I. Como patronos de los interesados; y II. Como procuradores, en los términos del mandato judicial respectivo. Las partes podrán revocar en cualquier tiempo la designación de abogados y de procuradores y los poderes que hubieren otorgado a éstos, y a su vez, los abogados y los procuradores tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de sustitutos, en un plazo razonable". "Artículo 95. Actos de los abogados y procuradores. Los abogados y los procuradores, por el solo hecho de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, observándose para ello lo que dispone la ley reglamentaria para el ejercicio profesional, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho de litigio, y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La designación de abogados patronos o de procuradores podrá hacerse por escrito dirigido al juzgador, o verbalmente, durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial, haciéndose constar en el acta respectiva. En el escrito o actas respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador de acuerdo con el párrafo anterior. Cuando los abogados o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil. También podrán otorgar el poder verbalmente durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial haciéndose constar en el acta respectiva". De los numerales antes expuestos, se advierte que el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé dos figuras por medio de las cuales las partes pueden actuar en los actos procesales que les correspondan por conducto de los profesionales en derecho: 1. Patronos de los interesados (de conformidad con la fracción I, del artículo 94), quienes sólo intervienen como abogados y carecen de mandato o representación legal; y 2. Procuradores (de conformidad con la fracción II, del artículo 95), quienes tienen representación en términos del mandato respectivo que las partes les otorguen. Asimismo, de los artículos referidos se advierte que los abogados patronos o procuradores, serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, sin embargo, los autorizantes (al no existir restricción alguna en los preceptos citados), pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo. En ese orden, tenemos que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del rubro de legitimación, de la demanda de amparo indirecto instada, ya que se advierte que quien instó la vía constitucional fue Ubaldo Leyva Jiménez, en su calidad de abogado patrono de Guadalupe y Roberto Ranferi, de apellidos Alarcón Zamora, sin que jurídicamente se encuentre legitimado para promover el presente juicio constitucional, lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su escrito aclaratorio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, relativas al expediente 570/2019-3. Luego, tal autorización, tiene fundamento en los artículos 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero y carece de legitimación para interponer el juicio de amparo en nombre de Guadalupe y Roberto Ranferi, de apellidos Alarcón Zamora, al no ampliarse expresamente esa facultad para interponer el juicio de amparo, de ahí que sus facultades se circunscriben para llevar a cabo los actos procesales en beneficio de su autorizante exclusivamente en el juicio de origen. Ello es así, ya que el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladado a persona distinta del quejoso, pues la promoción del juicio de amparo se encuentra reservada a la persona física o moral a quien le afecte el acto, lo que pude hacerlo por sí, o por medio de su representante, sin que el abogado patrono en términos de la fracción I del artículo 94 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, tenga tal carácter. De ahí que, si quien suscribe la demanda no es quien alega sufrir el agravio personal y directo y no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, al ser el ocursante el abogado patrono, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1729, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2010807, de rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE, SI SE LE FACULTÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO. De los artículos referidos se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo directo; por lo que se concluye que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado, de ahí que la demanda de amparo directo en materia civil, deba provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo". Finalmente, se reitera al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  3. Principal

    Se tiene recibido el escrito de cuenta presentado por Urbano Leyva Jiménez, autorizado de Guadalupe y Roberto Ranferi Alarcón Zamora, mediante el cual desahoga parcialmente la prevención del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno; y al efecto se provee. Visto el contenido del ocurso de cuenta, por medio del cual exhibe copia certificada del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primer Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, en autos del expediente 570/2019-3, con la que pretende acreditar la personalidad como abogado autorizado de Guadalupe y Roberto Ranferi Alarcón Zamora. Ahora, de autos se aprecia que en auto de quince de octubre inmediato anterior, se requirió a la parte quejosa, además de que acreditara la personalidad que ostenta al promover en esta instancia constitucional, para que exhibiera sendas copias del escrito de desahogo a fin de correr traslado a todas las partes procesales en el presente sumario. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención en sus términos, toda vez que no exhibió copias suficientes del ocurso de desahogo para estar en aptitud de emplazar a todas las partes. En ese orden de ideas, y dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no fenece el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que desahogara la referida prevención, faltando dos de los cinco días otorgados, se considera así, pues el escrito de cuenta fue recibido en la Oficialía de Partes de este órgano de control constitucional el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, lo procedentes es, suspender el plazo aludido, mismo que se reiniciará el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibido, el inconforme que de no cumplir la prevención cabalmente, este Juzgado se pronunciará en lo que en derecho corresponda. Es aplicable la tesis XXII.1º.8 K (10ª.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Segundo Circuito, visible a página 1414, libro 5, abril de 2014, Tomo II, Décima Época, con registro 2006194 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. [Énfasis añadido]

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Urbano Leyva Jiménez, quien se ostenta como abogado autorizado de Guadalupe y Roberto Ranferi, ambos de apellidos Alarcón Zamora, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como juicio de amparo indirecto 408/2021-III-g, fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 114 fracción I, en relación con el diverso 108, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Acredite ante este órgano de control constitucional la representación legal con que se ostenta, en favor de Guadalupe y Roberto Ranferi, ambos de apellidos Alarcón Zamora, en razón de que con las documentales que anexa, no acredita tal representatividad; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 114, fracción III, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, ya que corresponde al promovente del amparo demostrar la representación de los directos quejosos, máxime que no se trata de un asunto del orden penal. Tiene aplicación al caso en particular la tesis de jurisprudencia número P./J.23/2009, que es del tenor y rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Igualmente, cabe invocar al respecto en lo conducente la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 1/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá no presentada la demanda de amparo. En el entendido que, al desahogar la prevención aludida, deberá adjuntar sendas copias de su escrito y anexos, a fin de estar en oportunidad de correr traslado a las partes procesales en el presente sumario. Así también, hágase del conocimiento al impetrante del amparo que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que les consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en la Avenida Juan N. Álvarez, número 36, código postal 39000, colonia centro, en esta ciudad capital. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. EXHORTACIÓN. Se exhorta a la quejosa, para que de ser posible, opte voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo proporcionar el usuario respectivo, a fin de otorgar los permisos correspondientes, ello en términos de los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el diverso 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que deberá realizar la petición de manera clara y proporcionar el usuario previamente registrado en dicho portal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria, licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 01/2021, 5/2021 y 9/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

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