Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
270/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 149/2021 Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 149/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y seis copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito aclaratorio de cuenta signado por Pedro Antonio Rodríguez Lozano, apoderado legal de la quejosa GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, Sociedad Anónima Bursátil, personalidad que se le reconoce al tenor de los instrumentos notariales que acompaña a su demanda y a su escrito aclaratorio, con un anexo y seis copias que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de abril del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, la suscrita estima que la misma deviene improcedente. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo y escritos que se proveen, permiten establecer que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el toca 571/2020 del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto de lo Mercantil de esta ciudad en el Juicio Ordinario Mercantil 480/2020 en donde se resolvió respecto a diverso incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte aquí quejosa. Pues bien, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento. Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Luego, como el acto que por esta vía se reclama lo constituye la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno dictada en el toca 571/2020 del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte dictada por el Juez Cuarto de lo Mercantil de esta ciudad en el Juicio Ordinario Mercantil 480/2020 en donde se resolvió respecto a diverso incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte aquí quejosa, por lo que se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto emitido dentro del juicio, que por el momento no tiene sobre las personas o las cosas de la impetrante de amparo una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos de la directamente agraviada, tales como la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no ataca sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 107, antes transcrito, el juicio de amparo que se promueva ante el Juez de Distrito, será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues el único efecto es que se continúe con el procedimiento y en el supuesto de que se dictara sentencia favorable a sus intereses, la violación de la que ahora se duele la parte quejosa desaparecería de la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, es decir, que se llegara a dictar resolución desfavorable a sus intereses, las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento pueden ser combatidas a través del recurso correspondiente y en su oportunidad del juicio de amparo directo que se promueva haciéndolas valer como violaciones procesales. En efecto, la determinación reclamada en esta instancia constitucional, constituye una violación procesal prevista en el artículo 172 de la Ley de Amparo, por ello, como ya se señaló, tal violación debe de reclamarse a través del recurso correspondiente y en su oportunidad del juicio de amparo uniinstancial que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte promovente de la acción constitucional y, por tanto, no son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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