Gregorio Torres Sustaita

Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
781/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Gregorio Torres Sustaita

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, la cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano judicial ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la resolución pronunciada el treinta de septiembre del presente año, en el recurso de queja 94/2020, así como las copias certificadas del presente juicio de amparo. Acúsese recibo, guárdense por separado las copias certificadas antes referidas para los efectos legales a que haya lugar, y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyo punto resolutivo se determina: ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja 94/2020. En consecuencia, se revoca el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictado por la Juez Octavo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 30/2018-lll, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se levanta la suspensión, se reanuda el procedimiento y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por lo que en acatamiento a lo ordenado por la superioridad, se deja insubsistente el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, únicamente en la parte en la que no se admitieron las pruebas testimonial y pericial en materia de topografía, agrimensura y planimetría, ofrecidas por Anselmo Pérez Pérez, José Teodoro García Espericueta y Luis Alberto Sánchez Torres, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Comunidad de San José de Buenavista, del Municipio de San Luis Potosí, respectivamente, parte tercero interesada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, cabe precisar que el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, se hace consistir en: La OMISIÓN de gestionar, motivar, tramitar, elaborar, realizar, publicar y ejecutar debidamente el PLAN Y/O PROGRAMA DE MANEJO, así como la OMISIÓN de PUBLICACIÓN DEL RESUMEN Y PLANO DE UBICACIÓN PREVIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO del ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE CARÁCTER LOCAL denominado "PASEO DE LA PRESA CON UNA SUPERFICIE DE 344-02-30 HECTÁREAS UBICADO EN LA PRESA SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ. Es decir, el incumplimiento de las responsables con el deber de prevenir el derecho al medio ambiente sano, ordenado por el artículo 4 del Código Supremo, lo que tiene relevancia para el desarrollo y bienestar de la población asentada en donde se ubica dicha área natural protegida, al igual que es de gran importancia para las presentes y futuras generaciones de la sociedad en general. En ese sentido, toda vez que, como lo determinó el tribunal colegiado oficiante, con los medios de convicción previamente mencionados, la parte tercero interesada pretende acreditar las causas de improcedencia en el presente juicio de amparo, relativas a la falta de legitimación de la parte quejosa para reclamar dicha omisión e inexistencia de la misma, por derivar de un decreto cuya validez cuestionaron por invadir tierras del núcleo agrario; por lo anterior, esta juzgadora procede a proveer al respecto. En ese contexto, en cuanto a la prueba testimonial ofertada por Anselmo Pérez Pérez, José Teodoro García Espericueta y Luis Alberto Sánchez Torres, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Comunidad de San José de Buenavista, del Municipio de San Luis Potosí, respectivamente, a cargo de Humberto García Hernández, Raúl Espericueta Tovar y José Luis Llanas Aranda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite dicho medio de convicción, en ese sentido, distribúyanse entre las partes copia simple del interrogatorio sobre el cual versará la prueba testimonial de referencia, y prevéngase a la parte oferente para que el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, presente a sus testigos, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por desierta en su perjuicio. Asimismo, en términos del numeral previamente referido, se tiene por admitida la prueba pericial materia de topografía, agrimensura y planimetría, ofrecida por la parte tercero interesada, y se tiene como perito de su parte al ingeniero Israel Mendoza Quintanilla. Así, de conformidad con el numeral 120 de la ley de la materia, hágasele saber a las partes para que, de considerarlo necesario, en el término de tres días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, si lo estiman necesario, adicionen al cuestionario respectivo, con el cual se les corre traslado, lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se desahogará la aludida prueba únicamente sobre los puntos indicados en el cuestionario de mérito. Por tanto, con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, requiérase al ingeniero Israel Mendoza Quintanilla, por conducto de la parte tercero interesada, para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dentro del término de tres días comparezca a este juzgado, a fin de que manifieste si acepta o no el cargo conferido; asimismo, si se encuentra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 51 de la Ley de Amparo, en caso de aceptación y protesta en el mismo acto; y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, una vez aceptado el cargo, se le haga saber que cuenta con el término de diez días para que emita su dictamen al tenor del cuestionario que al efecto se le entregue. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, para que en auxilio de las labores de la Justicia Federal, se sirva proporcionar el nombre y domicilio de una persona que funja como perito en materia de topografía, por parte de este juzgado. Lo anterior, hágasele saber a las partes para que de considerarlo necesario, designen perito a su cargo en términos del numeral anteriormente señalado; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna se entenderá que son conformes con el dictamen que emita el perito designado por este Juzgado. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos de los que se deprende que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso, se requirió al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, para que remitiera a este órgano judicial las constancias referidas por Anselmo Pérez Pérez, José Teodoro García Espericueta y Luis Alberto Sánchez Torres, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Comunidad de San José de Buenavista, del municipio de San Luis Potosí, respectivamente, parte tercero interesada en el presente juicio de amparo en el punto número 3, de su escrito presentado en este Juzgado el siete de noviembre del año próximo pasado, sin que en el caso, haya dado cumplimiento al mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el oficio respectivo, allegue a este juzgado las constancias de referencia, remitiéndole para tal efecto, copia simple del escrito antes mencionada signado por la parte tercero interesada. En la inteligencia, que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 254 y 259 de la ley de la materia, al ser la multa menor que se contempla. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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