Grupo Mi Dentista Torreón, Sociedad Civil

Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1249/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Grupo Mi Dentista Torreón, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destriuble, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que no se realizó la notificación personal a la parte quejosa del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por tanto, se ordena a la actuaría de la adscripción, se notifique personalmente a la parte quejosa el referido auto, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Aclaración. Se tiene por recibido el escrito signado por el representante de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional. Desechamiento. Del examen de la demanda y de los ocursos aclaratorios, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable, resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato sea operante al caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Conforme a dicho análisis, se advierte que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, lo anterior porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Esa porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;(...)". Así, se establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando esté en trámite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es pertinente establecer, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 144/2000 estableció que para la actualización de la causa de improcedencia en alusión, es menester la concurrencia de las circunstancias siguientes: a) Sea la parte quejosa quien hubiese interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) El recurso o medio de defensa hubiese sido admitido y éste se encuentre en trámite cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto o actos de autoridad señalados como reclamados en el juicio de amparo. Tal jurisprudencia es del contenido literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." - Fijación del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se afirma que la quejosa reclama la resolución administrativa NO.J6-PUB-001-2022, de seis de julio de dos mil veintidós, emitida por la Secretaria de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaria de Salud de Coahuila de Zaragoza y/o Dirección de Regulación y Fomento Sanitario del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal I denominado "Servicios de Salud del Coahuila de Zaragoza", que resolvió el procedimiento administrativo en el que se impuso a la aquí quejosa una sanción consistente en $577,320.00 (quinientos setenta y siete mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). - Medio de defensa legal que se tramita ante tribunal ordinario. Luego, de la narrativa de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el solicitante de la protección constitucional, impugnó dicha resolución administrativa definitiva, a través del juicio contencioso ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 2700/2022- EAR-01-7, el cual manifestó se encuentra en etapa de contestación de demanda. Lo anterior, patentiza que al momento de presentar la demanda de amparo, -en contra el acto aquí reclamado- se encuentra pendiente de resolución un juicio de nulidad ante una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; medio ordinario de defensa con el cual, el quejoso puede obtener la revocación, nulificación o modificación del acto reclamado en el presente juicio de amparo. No pasa inadvertido que el quejoso manifestó que promueve el juicio de amparo por que dicho medio ordinario no suspende la ejecución del acto reclamado, sin embargo, cabe destacar que el juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece la suspensión del acto impugnado sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, para su concesión, tal y como lo establece la jurisprudencia de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", además que en dicho juicio a pesar de que el actor en su caso, manifieste desconocer la resolución impugnada, una vez que se conteste la demanda de nulidad, se le podrá dar a conocer la misma y ampliar su demanda en cuanto a su notificación. En ese sentido, los actos aquí reclamados, son los mismos susceptibles de ser modificados o nulificados, a través del juicio de nulidad que se encuentra pendiente de resolución a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, es así, ya que cuando pudiéndose optar, para combatir un acto que se estime lesivo, por agotar un recurso ordinario o intentar desde luego el amparo, porque con la interposición de aquél no se suspendan los efectos de la resolución impugnada, se interponga el recurso ordinario mediante el cual se pueda obtener la modificación, revocación o nulificación de esa resolución, no se está en aptitud legal de solicitar simultáneamente, con igual finalidad, el amparo, sino que sólo se podrá ocurrir a éste, en su caso, contra la resolución definitiva que se dicte en aquel medio ordinario de defensa, evitándose así que dos medios de impugnación (el ordinario y el constitucional), por vías separadas, culminen con resoluciones que podrían ser contradictorias, sirve de apoyo la tesis de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES DE RESOLUCION EN MATERIA ADMINISTRATIVA. AMPARO IMPROCEDENTE." Es por lo anterior, que se estima que sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha la demanda en estudio, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Escrito. Por otra parte, se recibe el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y en cuanto a su contenido, comuníquesele que deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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