Griselda Rocha Lazarin

Expediente 673/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 30 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Griselda Rocha Lazarin
  • Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Recaudador de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa las obligaciones previstas en los artículos 13 al 18, 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción ********************y******************** de ocho de abril de dos mil veintidós, por los conceptos de inscripción de contrato de compraventa de inmueble y registro de crédito hipotecario. 3. Devuelva a la justiciable las cantidades totales que enteró por el Impuesto para el Fomento de la Educación, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenidas en los recibos de pago con números de transacción ********************y******************** de ocho de abril de dos mil veintidós. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. El dos de junio de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción ********************y********************, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número ********************, por la cantidad de $********************(********************moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción ********************y********************, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los presentes autos, los escritos signados por el apoderado legal de la parte quejosa José Carlos Villasana Valdez, en su carácter de en su carácter de apoderado legal de Quick Shine Torreón Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante los cuales promueve ampliación de la demanda de amparo, en lo relativo a las autoridades responsables Presidente, Actuarios y Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; a lo anterior, dígasele al quejoso que no ha lugar a tenerlo por ampliando su demanda de amparo, en virtud de que la presentación de la ampliación pretendida por el quejoso es extemporánea. De modo que, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo,2 procede desechar de plano la ampliación de la demanda de garantías, por las razones siguientes. Los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del primer acto de aplicación del ordenamiento legal que se impugne; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya ostentado sabedor de los referidos actos. Bajo ese tenor el legislador hace especial énfasis a tres formas para contabilizar el plazo de quince días, periodo en el cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, a virtud de que todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En efecto, la primera, tiene como condición la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se presumen legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras no se haya impugnado su nulidad o ilegalidad. Lo anterior encuentra sustento en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo X, julio de 1999, página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que sentido estricto, no corresponde al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado". Por otra parte, la segunda condición deriva no propiamente de una actuación procesal para computar el plazo de quince días, sino de su naturaleza variable en cómo tuvo conocimiento del acto autoritario, esto es, parte de la confiabilidad expuesta del gobernado en que "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero bajo la posición de que dicho conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, y no en apoyo a presunciones, tal como lo ha reiterado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta época, tomo VI, página 6, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejosa y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Criterio que es coincidente con el sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVI, septiembre 2002, página 5, cuyos rubro y texto enuncian: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejosa ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa". Finalmente, el tercer supuesto para la promoción de la demanda de amparo se tomará en cuenta desde el en que se hubiera ostentado sabedor el quejoso de los actos, hipótesis que implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta sabedor del acto reclamado; revelación que entraña una confesión expresa por parte del afectado con respecto a la prestación del acto que demanda le perjudica. En esas condiciones, no es necesario que, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso en la propia confesión al ostentarse sabedor del mismo, ello es así, porque basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de la fecha en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado; argumento que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene en las jurisprudencias que aparecen publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, común, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 126, y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, 193- 198 Primera Parte, página 71, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO), ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSA CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo." a quienes ".en cualquier forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquier forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejosa conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo". "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que "tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Criterios que se han sido reiterados en la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. (1a./J. 30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro número 172550, correspondiente a la Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 28, materia(s): común). Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 17, de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia, pero si de exclusión; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Así las cosas, en el caso concreto, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de ampliación de demanda, particularmente en el punto III, lo siguiente: "III.- FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos haber tenido conocimiento de los actos reclamados en esta ampliación de demanda en fecha 16 de agosto del 2023, por medio de notificación por lista que este Juzgado realizó, por el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado y exhibiendo diversas documentales, consistente en la copia certificada de las constancias que integran el expediente de origen 1598/2021 SAII, dentro de la cual se destaca el acto que hoy se reclama". Por lo que resulta evidente que la ampliación fue presentada en forma extemporánea, dado que el quejoso, bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda de amparo, señaló que el dieciséis de agosto del año en curso, tuvo conocimiento del informe con justificación rendido por las autoridades responsables, determinación que le fue notificada por medio de lista por este juzgado, según se advierte de la transcripción realizada por el propio agraviado. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la confesión realizada por el quejoso, se encuentra corroborada con las constancias de autos, de donde se advierte que el informe justificación de las autoridades responsables, fue puesto a la vista de la parte quejosa en auto de quince de agosto pasado, para que se impusiera de su contenido, lo que se notificó por medio de lista de acuerdos el dieciséis siguiente, y dicha notificación, surtió sus efectos el diecisiete del mismo mes y año, por lo que el termino de quince de días para ampliar su demanda de amparo, transcurrió del dieciocho de agosto al siete de septiembre de dos mil veintitrés. En efecto, el término de quince días establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente hábil del día a aquel en que tuvo conocimiento del informe justificado de referencia, es decir, dicho término inició el dieciocho de agosto del año en curso y feneció el siete de septiembre de esta anualidad, sin contar los sábados y domingos que mediaron por ser inhábiles, por lo que, al haberse presentado los escritos de ampliación de demanda en quince y dieciocho de septiembre de la presente anualidad, debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, pues ha transcurrido con exceso el término de quince días en el que tuvo conocimiento del informe con justificación, sin que lo haya impugnado dentro del término legal correspondiente, lo que indica que se está en presencia de un acto consentido tácitamente como lo señala el primer párrafo de la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente desechar de plano la ampliación de demanda de amparo. Lo anterior tiene soporte en la tesis siguiente, cuya voz es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedo plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar la ampliación de la demanda promovida por José Carlos Villasana Valdez, en su carácter de apoderado legal de Quick Shine Torreón Sociedad Anónima de Capital Variable. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Asimismo, se invoca la tesis aislada, pronunciada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página 273, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Diferimiento. Para dar margen a que las partes se impongan de la presente determinación, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con cincuenta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por el Recaudador de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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