Grupo Marjoma Sociedad Civil

Expediente 524/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 66 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2017
Año
2017
Actuaciones
66
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Grupo Marjoma Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente;

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO FUNDACIÓN APORTEMOS, ASOCIÁCIÓN CIVIL, Y SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, en representación de dicha autoridad responsable, así como del Director de Administración del Agua, con sede en Mexicali y anexo que compaña, mediante el cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto y para acreditarlo remite copia certificada de las constancias relativas. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias relativas y transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable...." POR ÚLTIMO, SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, COPIA DEL OFICIO REMITIDO POR EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN MEXICALI, EN REPRESENTACIÓN DE DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, CON SEDE EN MEXICALI, AL CUAL ADJUNTÓ LAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR DICTADO EN EL PRESENTE ASUNTO.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, a efecto de que remita copia certificada de la notificación personal realizada a la parte quejosa Grupo Marjoma, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Humberto Migoni Fernández, del oficio B00.807.02.1033 de veintiocho de junio del año en curso. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama remitido por el Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, en representación de dicha autoridad responsable, así como del Director de Administración del Agua, con sede en Mexicali, atento a su contenido informa que no ha recibido el oficio dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le solicitó las constancias de referencia. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte que en el presente asunto se concedió el amparo a Grupo Marjoma, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Humberto Migoni Fernández para el efecto de que las autoridades responsables Organismo Cuenca Península de Baja California y Dirección de Administración del Agua del Organismo Cuenca Península de Baja California, ambos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali: "1. Dejen insubsistente la resolución 872/2015, por medio de la cual se determinó otorgar el título de concesión 01BCA150601/01EDDA15 a la aquí tercera interesada Fundación Aportemos, Asociación Civil, dictada en el expediente administrativo BCA-0-1084-07-10-14; y se reponga el procedimiento a partir de que fueron elaborados los trabajos a que se refiere el artículo 4º, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, y en términos del precepto normativo citado, se haga la notificación personal correspondiente a la parte quejosa." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede notificada del presente acuerdo, remita copia certificada de la notificación personal realizada a la parte quejosa Grupo Marjoma, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Humberto Migoni Fernández, del oficio B00.807.02.1033 de veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se harán acreedoras, a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, no ha remitido copia certificada de la notificación personal realizada a la parte quejosa Grupo Marjoma, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Humberto Migoni Fernández, del oficio B00.807.02.1033 de veintiocho de junio del año en curso. Consecuentemente, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase vía correo acelerado (ESTAFETA), a las autoridades responsables foráneas Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que tengan conocimiento del presente proveído remite copia certificada relacionada con antelación. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa, equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos), la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

Quedan 62 actuaciones en este expediente

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