Graciela Morales Alarcón
Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- Graciela Morales Alarcón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a la persona que refiere. Sin que sea el caso tenerle como domicilio procesal que indica en su informe, en atención a que las notificaciones a las autoridades responsables deben hacerse de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II, inciso a), en relación con el diverso 28 fracción II, de la Ley de Amparo. En otro tenor, se tienen como pruebas de su parte, las constancias que remite la citada autoridad, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Finalmente, dado que no existe disposición legal en contrario, como se solicita, se autoriza la utilización de los medios electrónicos que se precisa; en la inteligencia, de que el uso y destino de las constancias que obtengan bajo ese supuesto, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 725, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga."
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por conducto del Titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA6, con residencia Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que el tres de noviembre del presente año, recibió el oficio 33515/2022, de lo que toma nota efectos legales conducentes.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no obra en autos el acuse de recibo del oficio 33515/2022, dirigido a la autoridad responsable foránea Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Subdelegación Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual se le requirió su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil vientidós.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha no obra en autos el acuse de recibo del oficio 33515/2022, dirigido a la autoridad responsable foránea Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Subdelegación Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual se le requirió su informe justificado. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase vía estafeta a dicha autoridad, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que tenga conocimiento de este proveído, informe a este juzgado de Distrito, si recibió el oficio en cita, y en su caso, la fecha en que así fue. En el entendido de que podrá remitir la información vía correo electrónico institucional 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
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