Griselda Ramírez Santiago

Expediente 291/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Griselda Ramírez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Griselda Ramírez Santiago, contra actos del juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca; anótese su ingreso con número registro de este Juzgado 291/2022. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción IX, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente número 307/2021, en el que el juez responsable inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra la parte conducente del auto de diecinueve de enero de este año, en el que ordenó abrir el juicio a prueba, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172, fracción IX, de la ley de la materia. Para mayor ilustración, se transcribe el acuerdo reclamado: "OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. Se da cuenta con el escrito de MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ, promoviendo en carácter de autorizada de la parte demandada (quejosa Griselda Ramírez Santiago) en términos amplios del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, recibido el día cuatro de marzo del año en curso, visto su contenido, dígasele a la ocursante que no ha lugar a tenerle interponiendo recurso de revocación en contra de la parte relativa del auto de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós en el que se ordenó abrir el presente juicio a prueba, dado que esa determinación no admite recurso alguno, aunado a que el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, su tramitación es sin suspensión del juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto por los numerales 53, 75 y 277 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción IX, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia XIV.2o. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página: 1102, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado". El criterio que precede a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable al caso concreto en atención a que el numeral 159, fracción IX que interpreta, actualmente corresponde al artículo 172, fracción IX, de la nueva ley de la materia. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones, por autorizados a María del Carmen López Jiménez y Carlos Ruiz Ramírez, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, y sin esas facultades a la restante. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Griselda Ramírez Santiago, contra actos del juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca; anótese su ingreso con número registro de este Juzgado 291/2022. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción IX, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente número 307/2021, en el que el juez responsable inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra la parte conducente del auto de diecinueve de enero de este año, en el que ordenó abrir el juicio a prueba, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172, fracción IX, de la ley de la materia. Para mayor ilustración, se transcribe el acuerdo reclamado: "OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. Se da cuenta con el escrito de MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ, promoviendo en carácter de autorizada de la parte demandada (quejosa Griselda Ramírez Santiago) en términos amplios del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, recibido el día cuatro de marzo del año en curso, visto su contenido, dígasele a la ocursante que no ha lugar a tenerle interponiendo recurso de revocación en contra de la parte relativa del auto de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós en el que se ordenó abrir el presente juicio a prueba, dado que esa determinación no admite recurso alguno, aunado a que el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, su tramitación es sin suspensión del juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto por los numerales 53, 75 y 277 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción IX, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia XIV.2o. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página: 1102, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado". El criterio que precede a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable al caso concreto en atención a que el numeral 159, fracción IX que interpreta, actualmente corresponde al artículo 172, fracción IX, de la nueva ley de la materia. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones, por autorizados a María del Carmen López Jiménez y Carlos Ruiz Ramírez, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, y sin esas facultades a la restante. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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