Griselda González Bernal

Expediente 173/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
173/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2015

Partes del expediente

  • Griselda González Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por AUREA SANDRA RUIZ RAMOS, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103 fracción I, de la Constitución Federal del País, 35, 107, 108, 115, 117, 128 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente con el número 173/2015, anótese su ingreso en el libro de gobierno, por cuerda separada tramítese el incidente de suspensión que se socita, pídase a las responsables su informe justificado, que en términos del artículo 117 de la ley de la materia, deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia de este juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y acompañen, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir el informe o de no acompañar las constancias relativas se les sancionará al dictarse sentencia, con multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, o no sea la correcta, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose este asunto conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo citado, por identidad jurídica, la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Téngase a la parte agraviada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil quince. Previo al trámite del presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 173/2015, conviene señalar que el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión librada dentro del procedimiento penal tradicional, por lo que la sustanciación del mismo se regirá conforme a la Ley de Amparo abrogada; lo anterior en términos del artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Vigente, que dispone: "DÉCIMO.En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto."; por lo tanto se provee: Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 122, 124, 130, 131, 132, 136 y demás relativos de la abrogada Ley de Amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 173/2015, promovido por AUREA SANDRA RUIZ RAMOS, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades. Pídase a las autoridades responsables informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, acompañando copia certificada del mandamiento privativo de libertad y en el informe precisen cuáles son los delitos, incluyendo sus modalidades, que se imputan a la parte quejosa, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño, para los efectos precisados en el artículo 124 Bis de la abrogada Ley de Amparo, con apercibimiento a las autoridades judiciales que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el normativo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según el numeral 2° de ésta, se les impondrá multa equivalente a diez días de salario, calculado éste sobre el mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente del que emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo señalado por la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la abrogada Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, para el caso de que la penalidad del delito por el que se sigue el proceso relativo a la parte quejosa, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal en vigor, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, con fundamento en los artículo 124, 124 bis y 130 de la abrogada Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión reclamada; sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a).- Que la parte quejosa exhiba a favor de este juzgado, dentro del término de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; b).- Obligadamente comparezca dentro del plazo de tres días, ante el juez que convenga en la existencia del acto reclamado, para la continuación del procedimiento penal, quien además estará obligado a recibirle su declaración preparatoria en caso de no haberla vertido, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la abrogada Ley de Amparo; así como también, deberá comparecer cada quince días ante dicho juez, a hacer sus presentaciones personales; debiendo dentro de las siguientes setenta y dos horas, acreditar ante este Juzgado de Distrito el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el inciso b); con apercibimiento que de no realizar éstas, o no acreditarlas aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del erario federal; medidas de aseguramiento que se implementan a efecto de que la parte quejosa pueda ser devuelta a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele el amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión". En tanto que si el ilícito o los ilícitos por los que se instruye el proceso a la parte quejosa, fuere delito grave y en consecuencia no permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a la fracción I del precepto constitucional citado, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenida, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internada, así como a disposición del juez de la causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la abrogada Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se emita en la audiencia incidental. Una vez transcurrido el término de setenta y dos horas concedido para exhibir la garantía económica, comuníquese a las autoridades responsables si se cumplió con ese requisito; en la inteligencia que de no haberlo verificado, o de no efectuar la comparecencia y presentaciones personales ante el juez responsable, quedan expeditas las facultades para ejecutar la orden de aprehensión combatida, respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso comuníquese a las responsables. Hágase saber a la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, o no sea la correcta, con fundamento en el artículo 116, fracción III, de la abrogada Ley de Amparo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose el expediente conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita y celeridad procesal, salvo denominación corregida. En apoyo de lo anterior se estima aplicable la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase a la parte agraviada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 27 de la abrogada Ley de Amparo, a las personas que menciona en la demanda. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Como lo solicita la parte quejosa, expídase por duplicado copia certificada de esta determinación, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano