Gretel Iveth Ramirez García

Expediente 1372/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1372/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Gretel Iveth Ramirez García
  • presidente del tribunal estatal de conciliación y arbitraje del estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintidós. VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo para el efecto de que el Presidente y el Actuario adscritos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: "a)) Dentro del plazo de ley lleve a cabo el emplazamiento de la parte demanda en el expediente laboral burocrático 249/2022; de manera inmediata, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes y a su alcance, a fin de lograr dicho emplazamiento. 1." Por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, causó firmeza la sentencia de mérito y se solicitó su cumplimiento a la responsable. En acatamiento al mismo, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./3291/2022, recibido en este Juzgado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, remitió copia certificada de las razones actuariales de once y catorce de marzo del año en curso, de las que se advierte que emplazó a la parte demanda, dentro del expediente 249/2020 -juicio de origen-. Aunado a ello, la parte quejosa, no hizo manifestación alguna de inconformidad al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tiene pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, dado que la autoridad responsable emplazó a juicio a las demandas el once y catorce de marzo del año en curso, respectivamente. En consecuencia, se evidencia que se restituyó a la parte solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación a los puntos 7.1.1 en sus numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo solicitado. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio procedente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el cual contiene adjunto copia certificada del emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 249/2020; en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto. VISTA CON CUMPLIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias recibidas de manera íntegra, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.L´ EAR /l´vos

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil veintidós. DE LA CERTIFICACIÓN Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de la fecha las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. EFECTOS DE CONCESIÓN DE AMPARO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ". a) Dentro del plazo de ley lleve a cabo el emplazamiento de la parte demanda en el expediente laboral burocrático 249/2022; de manera inmediata, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes y a su alcance, a fin de lograr dicho emplazamiento. En el entendido, de que la sentencia de amparo quedará cumplida una vez que se logre el emplazamiento del citado demandado, sin que abarque lo relativo a la audiencia de ley que depende del emplazamiento de la parte demandada respectiva. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. ." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO Se constriñe a las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en la inteligencia que de no hacerlo, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 258, concatenado con el diverso 192, todos de la Ley de Amparo, al titular o quien ocupe ese cargo, de la autoridad se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, encargada del Despacho, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos de lo dispuesto en el oficio CCJ/ST/4535/2022 de diez de octubre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1372/2022-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Substanciación de juicio. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el uno de septiembre de dos mil veintidós a este juzgado, Gretel Iveth Ramírez García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y seguida las formalidades de ley, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que se reclaman actos de abstención que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados y autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables las siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS La omisión de dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demanda y en, vía de consecuencia, la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, depuración procesal, demanda y excepciones, en los términos y plazos que establece la ley burocrática estatal TERCERO. Existencia del acto. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia; además, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En ese tenor, es dable recordar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve, cuyo rubro es: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En ese sentido, se advierte que el tribunal responsable al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión tildada de inconstitucional por la parte actora. Por tanto, de conformidad con el artículo 17 Constitucional se advierte que el tribunal está obligado a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la quejosa en esta vía constitucional, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, por la innegable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos administradores de justicia; se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley especial, que debe ser suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Al respecto, es de destacar que la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 229 establece: "ARTÍCULO 229.- El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda." (Énfasis añadido). De ahí, que la autoridad responsable tiene la obligación de realizar el emplazamiento de la contraparte. De las constancias que obran en autos se adviertes diversas fechas de emplazamientos de los distintos demandados y se desprende que en auto de veintidós de febrero, la responsable precisó que le faltaba por emplazar al Instituto de Salud del Estado de México; por lo que en esa data se ordenó su emplazamiento; sin que obre en autos constancia alguna de dicha diligencia, por lo que resulta evidente que, a la fecha se excedió el término señalado por la ley para llevar a cabo el acto de emplazamiento de la parte demandada por la que se enderezó en contra el Instituto de Salud del Estado de México, lo cual afecta directamente la esfera de derechos de la parte quejosa y constituye una violación al derecho humano amparado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto precisan: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la t1otalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." En ese contexto, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado para el efecto de que una vez firme la presente resolución: El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con libertad de jurisdicción, realice lo siguiente: Dentro del plazo de ley lleve a cabo el emplazamiento de la parte demanda en el expediente laboral burocrático 249/2022; de manera inmediata, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes y a su alcance, a fin de lograr dicho emplazamiento. En el entendido, de que la sentencia de amparo quedará cumplida una vez que se logre el emplazamiento del citado demandado, sin que abarque lo relativo a la audiencia de ley que depende del emplazamiento de la parte demandada respectiva. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gretel Iveth Ramírez García, contra la omisión que reclama de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y para los efectos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

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