Gregorio Rafael Contreras Anaya

Expediente 327/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
327/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Gregorio Rafael Contreras Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado destacado la omisión de la responsable de dictar el acuerdo de despacho de ejecución o embargo en el expediente 1218/2018. En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del gobernado se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora de las constancias que adjuntó la responsable con su informe justificado, se le otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia y se advierte que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo que dio respuesta a su acuerdo de despacho de ejecución del laudo, la cual adquirió certeza jurídica cuando se le notificó el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Si ello es así, debe decirse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo de despacho de ejecución en el expediente 1218/2018; y dicha respuesta le fue notificada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (siete de marzo de dos mil veintitrés); por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Ahora de las constancias que adjuntó la responsable con su informe justificado, se le otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia y se advierte que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo que dio respuesta a su acuerdo de despacho de ejecución del laudo, la cual adquirió certeza jurídica cuando se le notificó el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Si ello es así, debe decirse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo de despacho de ejecución en el expediente 1218/2018; y dicha respuesta le fue notificada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (siete de marzo de dos mil veintitrés); por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    L.- Toluca, Estado de México; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por tanto, con su contenido íntegro se ordena dar vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesales), número telefónico que obra al margen proporcionado DOMICILIO Con sustento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se advierte del margen del oficio de señala, siempre y cuando coincida con el de su oficina principal. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Se ordena agregar a los autos la razón del Actuario Judicial de la adscripción, en la cual hace constar su imposibilidad para notificar personalmente a la pare quejosa la resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, por los motivos que expone. En ese contexto, se ordena notificar a la parte quejosa la resolución de dos de marzo del año en curso, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de las listas que se encuentran ubicadas en los estrados de este órgano federal, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, tal y como se le apercibió en el auto de radicación del presente asunto.

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