Gregorio Virgilio Gijón Guzmán
Expediente 332/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Virgilio Gijón Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
JA 332/2023 MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Causa estado Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción I, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, - que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se sobreseyó fuera de audiencia, en este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. De autos y de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso ********************, dentro del plazo que se le otorgó, no amplió su demanda de amparo con relación al acto reclamado consistente en la respuesta que la responsable dio a su petición en el oficio ****/********************/2023 de trece de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido su derecho para ello. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral, que formuló el once de julio de dos mil veintidós. Con relación a dicho acto, la autoridad responsable a través del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Estatal, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Finanzas, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que mediante oficio ***********************/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud del peticionario del amparo, la cual le fue notificada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, porque como se ve, la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo a la solicitud de trámite catastral realizado por la parte quejosa, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Lo anterior, en razón a que la respuesta que emitió la autoridad responsable fue congruente con la petición de la quejosa, en el sentido de que la respuesta se refiere a lo peticionado, sin que el suscrito juzgador esté constreñido a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia: Administrativa, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1490, Registro digital: 2025580, de rubro y texto: DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
"*** NOTIFICACION POR LISTA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. De autos y de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso ********************, dentro del plazo que se le otorgó, no amplió su demanda de amparo con relación al acto reclamado consistente en la respuesta que la responsable dio a su petición en el oficio ****/********************/2023 de trece de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido su derecho para ello. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral, que formuló el once de julio de dos mil veintidós. Con relación a dicho acto, la autoridad responsable a través del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Estatal, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Finanzas, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que mediante oficio ***********************/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud del peticionario del amparo, la cual le fue notificada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, porque como se ve, la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo a la solicitud de trámite catastral realizado por la parte quejosa, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Lo anterior, en razón a que la respuesta que emitió la autoridad responsable fue congruente con la petición de la quejosa, en el sentido de que la respuesta se refiere a lo peticionado, sin que el suscrito juzgador esté constreñido a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia: Administrativa, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1490, Registro digital: 2025580, de rubro y texto: DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II MESA V B PRAL. 332/2023. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. De los autos se advierte, por una parte, que está señalada para hoy la audiencia constitucional y, por otro lado, que en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa plazo de quince días para que amplíe su demanda de amparo, si a su intereses conviene, debiendo cumplir para ello con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Por ese motivo se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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