Gregorio Ruiz Zarate
Expediente 38/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Ruiz Zarate
- GREGORIO RUIZ ZARATE y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por ....., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 38/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Administrador, la parte quejosa reclama lo siguiente: 3.3.- EL ACTO RECLAMADO, NORMA GENERAL O OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE:- - - LO CONSTITUYE EL ACUERDO REALIZADO POR DANIEL GALINDO TOBIE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR, DE FECHA 4 DE ENERO DEL 2018 DENTRO DEL EXPEDIENTE IMPUGNACIONES 9/2017 DEL ÍNDICE DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR QUE A LA LETRA DICE EN EL PUNTO CONSIDERANDO TERCERO QUE LOS SUSTENTA: "3. EMPERO, CONTRARIO A LO QUE ADUCE EL PROMOVENTE, EL SUSCRITO JUZGADOR CONSIDERA QUE SU PETICIÓN SE ACORDÓ CONFORME A DERECHO Y CABALMENTE, PUES TOCANTE AL AGRAVIO QUE HACE VALER, EN EL PROVEÍDO QUE AHORA RECURRE SE PRECISÓ QUE SUS DEMÁS MANIFESTACIONES, ESTO ES, LAS RELATIVAS AL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, LAS PODRÍA REALIZAR DE MANERA ORAL EN LA AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN CONTRA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, SIN QUE CON ELLO SE COARTE O AFECTE EL DERECHO DE DEFENSA O ALGUNO DIVERSO, PARA LO ANTERIOR, RESULTA PERTINENTE DISTINGUIR QUE EN LA ESTRUCTURA DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EXISTEN LA FIGURA DE JUEZ ADMINISTRADOR Y JUEZ DE CONTROL, SIENDO EL PRIMERO QUIEN SE ENCARGA ENTRE OTRAS FUNCIONES, DE GESTIONAR LOS PROCESOS RELATIVOS AL DESPACHO JUDICIAL, LOGÍSTICA Y APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS Y PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS, Y QUIEN NO TIENE FUNCIONES JURISDICCIONALES, SALVO CIERTAS EXCEPCIONES, DE LAS CUALES NINGUNA SE ACTUALIZA EN EL PRESENTE CASO. POR SU PARTE, EL JUEZ DE CONTROL, ES QUIEN CON FUNCIONES JURISDICCIONALES, CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE AUDIENCIAS QUE CARACTERIZA EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, PUBLICIDAD, INMEDIACIÓN, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL Y CÓDIGO NACIONAL, SERÁ QUIEN CON BASE EN LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES Y EN RESPETO DEL EQUILIBRIO PROCESAL, EMITA UNA RESOLUCIÓN CON APEGO AL ESTRICTO DERECHO Y EN OBSERVANCIA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PUNTUALIZADO ESTO, SE ESTIMA QUE EL ENTONCESE JUEZ ADMINISTRADOR NO NEGÓ LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR EL AHORA RECURRENTE NI OMITIÓ ACORDAR ALGUNA DE SUS PETICIONES (PUNTOS III Y IV), CONSISTENTES EN LO QUE NOS OCUPA, DE LAS TESTIMONIALES DE PRIMITIVO ANTONIO GARCÍA CORTÉS, Y DEL DIVERSO DENOMINADO "PROTEGIDO", SINO QUE AL CARECER DE FUNCIONES JURISDICCIONALES Y A FIN DE EVITAR INFRINGIR LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD INHERENTES CON LA QUE TODO JUZGADOR DEBE EMITIR SUS RESOLUCIONES, DEJÓ A LA POTESTAD DEL JUEZ DE CONTROL, QUIEN CONOCERÁ Y RESOLVERÁ EL ASUNTO, EL DEBATE SOBRE SU OFRECIMIENTO, LO CUAL ACONTECERÁ EN AUDIENCIA, CON PRESENCIA DE LAS PARTES Y EN OBSERVANCIA A LAS REGLAS QUE RIGEN LA JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL, CUYA ENTRADA EN VIGOR EN EL ESTADO SE DIO EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, CONFORME AL ACUERDO GENERAL 46/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL". Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el quejoso en su libelo de amparo consiste en la resolución de cuatro de enero de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Administrador, en el recurso de revocación que promovió en el expediente de impugnaciones 9/2017 del índice de dicho Centro, por la cual declara infundado dicho medio de impugnación y confirma el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que en relación a las manifestaciones del quejoso -relativas al ofrecimiento de pruebas- le dice que podrá realizarlas de manera oral en la audiencia de impugnación contra el Ministerio Público, fijada para las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, esta juzgadora estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que la resolución reclamada en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con tal determinación no se afecta materialmente un derecho sustantivo de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. Es así, porque con tal determinación no se viola su derecho a la defensa previsto en el artículo 20, Apartado C, fracción II Constitucional, como lo refiere, atento que las manifestaciones relativas al ofrecimiento de pruebas las podrá realizar de manera oral en la audiencia de impugnación contra determinación del Ministerio Público, en la que el Juez de Control, con funciones jurisdiccionales, con base en la metodología de audiencias que caracteriza el sistema procesal penal acusatorio, y atento a los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad, previstos en el citado numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , será quien con base en los argumentos de las partes y en respeto del equilibrio procesal, emita la resolución que conforme a derecho proceda en relación a las pruebas que oferte el quejoso en su carácter de víctima u ofendido de un delito.. Esto es, será el Juez de Control, quien en audiencia conocerá y resolverá el asunto, el debate sobre su ofrecimiento, con presencia de las partes y en observancia a las reglas que rigen la justicia penal adversarial; por lo que una vez que el Juez de Control determine la pertinencia de los medios de prueba ofrecidos por el quejoso, ordenará los citatorios correspondientes de testigos que en su caso sean ofrecidos. De ahí que se estima que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, ni de defensa adecuada, ni de debido proceso. Ello porque acorde con el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez de Distrito en funciones de Administrador no señala que tiene como deber ineludible admitir pruebas, sino que en términos del artículo 8, del citado acuerdo, los Jueces de Distrito en funciones de Administrador podrán ejercer funciones jurisdiccionales en los siguientes supuestos: Artículo 8. Los jueces de Distrito que funjan como Administradores podrán ejercer funciones jurisdiccionales y actuar en sustitución de otro juez de Distrito adscrito al respectivo Centro, en términos de lo dispuesto en los acuerdos generales mediante los cuales se creen los mismos, y en los siguientes casos: I. Durante el período de vacaciones, en aquellos casos en que no existan más de dos jueces de Distrito en el Centro; II. Durante el período de vigencia de una licencia, siempre y cuando no sea mayor a quince días naturales. En caso de que el periodo sea mayor, el Administrador del Centro deberá comunicar dicha situación a la Secretaria Ejecutiva de Adscripción, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Comisión de Adscripción, para la sustitución del juez de Distrito respectivo; III. En aquellos casos en que las actuaciones a realizarse no admitan demora y el juez de Distrito que deba conocerlas esté atendiendo una audiencia diversa; IV. Cuando el juez de Distrito que deba conocer de un asunto esté impedido, y ninguno de los otros adscritos al Centro pueda hacerlo; y V. En todas aquellas situaciones en que sea necesaria la intervención del Juez de Distrito que funja como Administrador, para no afectar el funcionamiento del Centro. En todo caso el juez de Distrito que funja como Administrador, cuando ejerza funciones jurisdiccionales en sustitución, deberá fundar y motivar su competencia, y especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas. Invariablemente, para poder llevar a cabo la sustitución, deberá observarse lo previsto en el artículo 350 del Código. En tanto que el artículo 16, señala: Artículo 16. Corresponde al Administrador: I. Coordinar y supervisar las acciones de soporte jurídico y los procesos complementarios siguientes: a) Atención al público; b) Acreditación de periodistas y medios de comunicación, en términos de las disposiciones aplicables; c) Recepción, registro y turno de correspondencia y asuntos; d) Programación y gestión óptima de audiencias; y e) Notificaciones; II. Coordinar la gestión logística y los servicios de información necesarios para llevar a cabo el proceso penal; III. Participar en las acciones de coordinación con las autoridades competentes, y con la intervención de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, para el traslado y presentación de personas, en términos de las disposiciones aplicables y conforme a las medidas de seguridad que correspondan; IV. Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales del Centro en la operación, mantenimiento y supervisión de sistemas administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios generales; V. Servir de enlace entre los órganos jurisdiccionales del Centro y las áreas administrativas del Consejo, en la gestión y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos; VI. Apoyar a los órganos jurisdiccionales en la operación, mantenimiento y supervisión de los sistemas informáticos de gestión judicial; VII. Proponer la designación de su personal en los términos previstos en este Acuerdo; VIII. Determinar lo pertinente en relación con los proyectos de autos elaborados por el personal del área especializada correspondiente; y IX. Las demás que determinen el Pleno o las Comisiones permanentes. Para el ejercicio de sus atribuciones el Administrador podrá auxiliarse del personal que le esté adscrito, en términos del manual correspondiente de los Centros. En el ejercicio de las atribuciones a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, el Administrador deberá observar la normatividad, procedimientos, manuales, lineamientos, directrices e instrucciones, tanto generales como particulares y demás disposiciones aplicables a las funciones de los Coordinadores Técnicos Administrativos. En cuyo caso, una vez que el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control respectivo admita los medios de prueba pertinentes, ordenará a despacho judicial efectuar los citatorios correspondientes; sin que el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales sea aplicable al caso concreto, al referir las actuaciones que durante la investigación el Ministerio Público puede practicar sin autorización previa del Juez de Control, lo que evidentemente excluye al Juez Administrador que por dicha función no pierde su naturaleza de Juez de Distrito. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.7o.P.65 P (10a) emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a foja 1876, Libro 42, Mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, materia penal de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indican: AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ESTA DILIGENCIA EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, SÓLO PUEDE DECIDIR SOBRE LO QUE ADUZCAN LOS ASISTENTES, RESPETANDO EL EQUILIBRIO PROCESAL ENTRE LAS PARTES. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por tanto, tratándose de la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, con base en el principio de contradicción indicado, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, quienes en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de controvertirlos o confrontarlos, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de lo contrario, es decir, que el juzgador se sustituyera a alguna de las partes para subsanar deficiencias técnicas, atentaría contra los principios señalados, en especial, el de contradicción. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase al quejoso señalando los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquensele sus notificaciones, aún las de orden personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, teniendo por autorizado únicamente para recibir notificaciones a la persona que señala, por así solicitarlo expresamente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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