Gregorio Vázquez Villalba

Expediente 400/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
400/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Gregorio Vázquez Villalba
  • Eliud Vázquez Villalba

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de julio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que tuvo por no presentada demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Eliud Vázquez Villalba; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a proveer respecto a la devolución de documentos ello toda vez que no fueron exhibidos por la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días con que contaba el promovente para desahogar la prevención contenida en auto de diecisiete de mayo del presente año, en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Quejoso se reserva derecho de ratificar demanda. Vista la razón actuarial de diecisiete de los actuales, realizada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, ordenada en auto de la misma fecha, por medio de la cual hace constar que se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, solicitando la comparecencia de Eliud Vázquez Villaba, y le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida, a lo que dicho quejoso manifestó reservarse su derecho para ratificar la demanda de amparo. Asimismo, el actuario de la adscripción se entrevistó con el quejoso de referencia, dando fe de las condiciones en que éste se encuentra, así como del lugar en que se está recluido, quien le manifestó no encontrarse incomunicado ni aislado, en virtud de que en el área que se encuentra, se observan diversos internos; de igual forma refiere no estar recibiendo malos tratos por parte de los custodios del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala. Asimismo, en virtud que el aquí director quejoso Eliud Vázquez Villaba, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Regional de Apizaco, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la presente y subsecuentes notificaciones al mencionado quejoso en dicho centro penitenciario. Informes suspensión de plano. Por otro lado, agréguense los oficios signados por Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en la administración de Justicia para Adolescentes y Juez Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras Especializado en la administración de Justicia para Adolescentes, mediante los cuales rinden informes respecto a la suspensión de plano, concedida en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngasele remitiendo al Juez Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras Especializado en la administración de Justicia para Adolescentes un disco versátil digital (DVD), el que refiere contiene la audiencia inicial celebradas el siete de mayo de dos mil veintiuno, relativa a la causa judicial 207/2021 de su índice. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, resguárdese en la Secretaría de este Juzgado, el cual deberá ser tomado en consideración al momento de resolver el juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Presentación de la demanda y radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Gregorio Vázquez Villalba en favor de Eliud Vázquez Villaba, contra actos de la 1) Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, 2) Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y 3) Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, respecto de las cuales, no indica con precisión los actos que reclama, pero si expone hechos de donde se puede vislumbrar que se duele de la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y/o la incomunicación. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 400/2021-8. Acto reclamado Ahora bien, el promovente en esencia hace consistir los actos reclamados en perjuicio del quejoso Eliud Vázquez Villaba en: la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y/o la incomunicación. Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se concede suspensión de plano Por lo que hace a los actos consistentes en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso Eliud Vázquez Villaba la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: a) Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público. b) Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, el quejoso deberá ser puesto en libertad. En el caso de que el quejoso ya haya sido puesto a disposición del Ministerio Público, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el único efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner al quejoso a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directa, tal como se advierte de la demanda de derechos. Por lo que hace a la incomunicación, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso directa Eliud Vázquez Villaba, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese la incomunicación de la que se dice objeto, pues dicho acto, lo prohíbe el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Ley Suprema. Sin que por el momento sea dable conceder la suspensión respecto al diverso acto consistente la existencia de una investigación y proceso penal; pues ello no constituye un acto de los calificados como urgentes y respecto del cual deba pronunciarse en suspensión de plano. Obligación de las autoridades responsables Por cuanto a la privación de la libertad del quejoso, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran obligadas a velar por la integridad física, psicológica y personal del impetrante, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud del mismo; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a la quejosa a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la quejosa, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano al directamente quejoso Eliud Vázquez Villaba, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando; ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Plazo en el que las autoridades debe rendir informe sobre la suspensión En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítaseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se ordena la ratificación de la demanda Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la quejosa; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupan la: 1) Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, 2) Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y 3) Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, lugar en el que el promovente refiere pueda encontrarse detenido el quejoso directo Eliud Vázquez Villaba, y lo localice; en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Vocear o llamar a la peticionaria de garantías en el lugar respectivo; Le notifique el presente auto. La requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Lo aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. De fe del estado físico en el que se encuentre el quejoso directa. Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté detenido el agraviado la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se de fe si el quejoso se encuentra incomunicado y de las condiciones físicas en que esté. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe si el quejoso Eliud Vázquez Villaba, está incomunicado y de las condiciones físicas en que se encuentra, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice a la directamente quejosa; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al lugar en donde pudiera estar el quejoso directo Eliud Vázquez Villaba, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar al quejoso en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra recluido y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Hora y fecha en que quejoso quedó a disposición de las autoridades responsables Siendo pertinente mencionar que, aun cuando el presente proveído se limita a conseguir el cumplimiento de la suspensión de plano, así como a lograr la comparecencia del agraviado en términos del numeral 15 citado, se comisiona al Actuario para que dé fe de la hora a partir de la que el quejoso quedó a disposición de la autoridad responsable, o bien, informe si fue puesto en libertad. Domicilio procesal y autorizados. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la parte promovente (Calle Saturno Seis "A", fraccionamiento la Joya de la comunidad de Tzompantepec, municipio de Apizaco, Tlaxcala), se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, no ha lugar a acordar de conformidad y tener por designado el mismo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Irvin Uriel Saldaña Acoltzi, por así solicitarlo. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Finalmente, este Juzgado se reserva proveer sobre la presente demanda y señalar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, hasta en tanto se ratifique la misma o transcurra el término concedido para tal efecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Eliud Vázquez Villaba, en el lugar en que se encuentra detenido. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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