Gregorio Roa Pérez

Expediente 769/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
769/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Gregorio Roa Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva, es susceptible de depuración. En consecuencia, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias Finalmente, de estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió el duplicado de la causa penal 40/2018 de su índice; por tanto, devuélvase a la autoridad de referencia las constancias de mérito, las cuales obran en un tomo por separado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno: En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva, es susceptible de depuración. En consecuencia, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias Finalmente, de estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió el duplicado de la causa penal 40/2018 de su índice; por tanto, devuélvase a la autoridad de referencia las constancias de mérito, las cuales obran en un tomo por separado.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, a las trece horas con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 769/2020-IV, promovido por Gregorio Roa Pérez y/o Gregorio Roa, por su propio derecho; enseguida, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado Tlaxcala, la declaró abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la Secretaria Olga Viviana López González; sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de garantías y anexos (fojas 2 a 27) Auto admisorio de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 29 a 34). La legal vinculación del agente del Ministerio Público de la Federación (fojas 37 a 42). Constancia de emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 57). El informe con justificación que rindieron las autoridades responsables: Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia (foja 46). Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 48). Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 58). El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Por otro lado, la Secretaria, CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, la Secretaria da cuenta con los siguientes medios de convicción: Las documentales públicas que ofrecieron las autoridades responsables Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, como justificación de sus actos, respectivamente, la primera consistente en el duplicado de la causa penal 40/2018 de su índice (anteriormente 25/2018 del extinto Juzgado Segundo Penal de ese Distrito Judicial); y la segunda, copia certificada de los oficios 1774 y 255, relativa a la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales, ofrecidas por las autoridades responsables, dada su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, el Juez acuerda: al no existir alegatos por relacionar se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 769/2020-IV, promovido por Gregorio Roa Pérez y/o Gregorio Roa; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte (fojas2 a 27), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Gregorio Roa Pérez y/o Gregorio Roa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y de Justicia Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades, que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mismo que mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 29 a 34), se radicó la demanda de amparo registrándola con el número de amparo 769/2020-IV, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo tiene ejecución en el lugar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión girada en su contra el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la causa penal 40/2018, de su índice (anteriormente 25/2018 del extinto Juzgado Segundo Penal de ese Distrito Judicial); así como su ejecución. III INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Pues bien, la autoridad responsable Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, negó los actos que se le reclaman. Consecuentemente, al ser inexistentes dichos actos reclamados se debe sobreseer en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. El artículo 75, tercer párrafo, del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas. Ahora bien, se estima inexistente los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, pues negaron su existencia, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas; además de que, de las constancias remitidas por el Juez responsable, no se advierte que se les haya ordenado a las autoridades responsables referidas cumplir con alguna orden. En este contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, aceptaron la existencia de los actos reclamados consistente en la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 40/2018 del índice de la autoridad señalada en primer término (anteriormente 25/2018 del extinto Juzgado Segundo Penal de ese Distrito Judicial); y la ejecución por parte de la segunda. Luego, tales actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Afirmación que se corrobora con las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, la primera consistente en el duplicado de la causa penal 40/2018 de su índice (anteriormente 25/2018 del extinto Juzgado Segundo Penal de ese Distrito Judicial); y la segunda, copia certificada de los oficios 1774 y 255, relativa a la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto este juzgador advierte que respecto de la orden de aprehensión dictada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la causa penal 40/2018, de su índice (anteriormente 25/2018 del extinto Juzgado Segundo Penal de ese Distrito Judicial); se actualiza la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que el diez de enero de dos mil veintiuno, se resolvió la situación jurídica del quejoso Gregorio Roa Pérez, dentro de la causa penal 40/2018, de su índice, como probable responsable del delito de fraude en agravio de Juan Roa Pérez. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la orden de aprehensión; así como su ejecución; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado diez de enero del año en curso, se resolvió la situación jurídica del quejoso dentro de la causa penal 40/2018, del índice de la responsable, en el que decretó la prescripción de la acción penal a favor del quejoso Gregorio Roa Pérez, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado en la época de los hechos, cometido en agravio de Juan Roa Pérez, y el sobreseimiento de la causa. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el dieciséis de diciembre de dos mil veinte), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, porque el juez responsable mediante resolución de diez de enero de dos mil veintiuno, determinó decretar la prescripción de la acción penal a favor del quejoso Gregorio Roa Pérez, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado en la época de los hechos, cometido en agravio de Juan Roa Pérez, y el sobreseimiento de la causa, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica de los actos reclamados. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en los actos impugnados se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que al decretarse la prescripción de la acción penal a favor del quejoso Gregorio Roa Pérez, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado en la época de los hechos, cometido en agravio de Juan Roa Pérez, y el sobreseimiento de la causa penal 40/2018, dejó de tener efectos la orden de aprehensión que reclamó la parte quejosa; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente instancia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ya que se decretó la prescripción de la acción penal a favor del quejoso Gregorio Roa Pérez, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado en la Época de los hechos, cometido en agravio de Juan Roa Pérez, y el sobreseimiento de la causa penal 40/2018. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud que no se reclaman por vicios propios, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el tercero interesado Juan Roa Pérez, no se encuentre emplazado en el presente juicio de amparo; sin embargo, dado el sentido de la resolución que se emite en el presente juicio de amparo, no le causa perjuicio alguno, sino por el contrario lo beneficia. Apoya lo anterior, la tesis P.V/98, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, página, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 769/2020-IV, promovido por Gregorio Roa Pérez y/o Gregorio Roa, respecto de los actos precisados en el considerando II, por los motivos indicados en los diversos III y V, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Devuelve exhorto sin diligenciar. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio de cual devuelve sin diligenciar el exhorto 198/2020-IV, número de orden 198/2020-IV, del índice de este Juzgado, deducido del presente juicio de amparo, a través del cual se le solicitó emplazar al tercero interesado Juan Roa Pérez, por las razones que se exponen; en consecuencia, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a emitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que el propio sistema lo genera. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, una vez que se emita la resolución definitiva en el presente asunto, acuérdese lo conducente en torno a la falta de emplazamiento de la parte tercero interesada de referencia.

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