Gregorio Padilla Cruz

Expediente 1473/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1473/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Gregorio Padilla Cruz
  • GREGORIO PADILLA CRUZ y Otros.
  • Juez Tercero del Ramo Civl del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez
  • DEYSI MOLANO LONG y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, a más tardar en el término de cinco días hábiles, lo anterior, toda vez que, el presente juicio se encuentra debidamente integrado.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de los quejosos ********** por medio del cual dan cumplimiento a la prevención ordenada en autos de veinticuatro y treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 15 a 18, 23 y 24); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, del contenido integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que los quejosos señalaron como actos reclamados el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, así como, el emplazamiento al juicio natural de veintitrés de octubre de dos mil doce. Ahora, es menester destacar que de las manifestaciones que expusieron los impetrantes, bajo protesta de decir verdad, tanto en su escrito de demanda como en los diversos aclaratorios, manifestaron que comparecieron al juicio natural mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil doce, a contestar la demanda instaurada en su contra. Asimismo, resulta conveniente destacar que, los quejosos precisaron que la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados en el presente sumario, se emitió el quince de enero de dos mil trece. Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". De la narrativa anterior, resulta innegable que los quejosos tuvieron conocimiento del juicio natural y comparecieron al mismo para hacer valer sus derechos, antes de que se llevara a cabo el dictado de la sentencia. En ese sentido, con relación a los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último precepto aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, y por tanto estuvo en aptitud de acudir al juicio natural a defender sus intereses haciendo uso de los medios de defensa que hubiera considerado pertinentes para hacer valer sus derechos violados. Ahora, a fin de verificar la eficacia de la causa de improcedencia invocada, conviene reproducir el texto de las citadas hipótesis normativas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Cabe precisar que conforme a la doctrina y la jurisprudencia, existen dos clases de terceros extraños a juicio. Uno, la persona que no es parte en el juicio; esto es, ajena a la relación sustancial y procesal, y que se ve afectada en su esfera jurídica con motivo del dictado de cualquier resolución, sea de trámite o de una sentencia en el procedimiento respectivo en el cual no es parte; y otro, el tercero extraño a juicio por equiparación, que es parte en el juicio natural y sin embargo no fue emplazada o ésta actuación se realizó incorrectamente. Así, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, no obstante que sí tenga carácter de parte del procedimiento. Al particular es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la voz: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese tenor, del contenido integral de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se advierte que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ********, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, y que tuvieron conocimiento de dicho juicio al menos desde el treinta y uno de agosto de dos mil doce, fecha en que presentaron un escrito mediante el cual contestaron la demanda instaurada en su contra en el juicio ejecutivo mercantil de origen, tal como lo afirmaron en su primer escrito aclaratorio de demanda de amparo (foja 21). Es decir, comparecieron al juicio de origen a deducir sus derechos, antes del dictado de sentencia definitiva en el juicio natural, la cual se emitió el quince de enero de dos mil trece, tan es así, que de acuerdo a sus manifestaciones, comparecieron mediante escrito a contestar la demanda instaurada en su contra. En ese orden de ideas, resulta patente que no les asiste el carácter de terceros extraños a juicio por equiparación; por tanto, estaban en aptitud de interponer en contra de los actos que aquí reclaman, el medio ordinario de defensa procedente de conformidad con la ley de la materia. Cabe apuntar, que para desvirtuar la figura jurídica de tercero extraño por equiparación; es decir, quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; es suficiente con que el demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra antes del dictado de la resolución definitiva, pues en ese supuesto, se dice que estaba en aptitud de deducir sus derechos ofrecer pruebas o alegaciones y así estar en posibilidad de obtener una resolución favorable a sus intereses. Esto, porque el rango distintivo para equiparar a la demandada con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado el desconocimiento total del juicio. Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo contra el acto que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a/J.67/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. (Énfasis añadido). En el caso concreto, la parte quejosa no solo afirmó tener conocimiento del procedimiento sino incluso manifestaron haber comparecido al mismo a deducir sus derechos, a través de un escrito mediante el cual contestaron la demanda instaurada en su contra; por tanto, no hay lugar a dudas de que los quejosos estuvieron en posibilidad hacer uso de los medios de defensa que hubieran considerado pertinentes para hacer valer sus derechos que estimaron violentados. Máxime que, con relación al acto reclamado consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, se advierte que también se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. . .) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". (ÉNFASIS AÑADIDO) El artículo 107, fracción IV de la ley de la materia señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, en tratándose del procedimiento de remate, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de garantías, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento, cuando precisamente se reclamen actos pertenecientes al remate hasta el citado otorgamiento definitivo de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe entenderse que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido alguna de dichas órdenes, pues será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Tiene aplicación al caso, la tesis 1a./J. 13/2016 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, Tomo II, Abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado. Tiene aplicación al caso, la tesis I.12o.C75 C (10a.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2472, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado." Ciertamente, el acto reclamado en el presente asunto, consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo *****, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, no puede considerarse una resolución final, pues todavía existen diversas actuaciones para que se ordene la entrega forzosa del bien. Ello es así, pues lo que se pretende es evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; es decir, que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En atención a lo expuesto, y al actualizarse las causales de improcedencia mencionadas; con apoyo en los arábigos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Agréguese el escrito de los quejosos ********** por medio del cual dan cumplimiento a la prevención ordenada en autos de veinticuatro y treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 15 a 18, 23 y 24); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, del contenido integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que los quejosos señalaron como actos reclamados el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, así como, el emplazamiento al juicio natural de veintitrés de octubre de dos mil doce. Ahora, es menester destacar que de las manifestaciones que expusieron los impetrantes, bajo protesta de decir verdad, tanto en su escrito de demanda como en los diversos aclaratorios, manifestaron que comparecieron al juicio natural mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil doce, a contestar la demanda instaurada en su contra. Asimismo, resulta conveniente destacar que, los quejosos precisaron que la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados en el presente sumario, se emitió el quince de enero de dos mil trece. Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". De la narrativa anterior, resulta innegable que los quejosos tuvieron conocimiento del juicio natural y comparecieron al mismo para hacer valer sus derechos, antes de que se llevara a cabo el dictado de la sentencia. En ese sentido, con relación a los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último precepto aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, y por tanto estuvo en aptitud de acudir al juicio natural a defender sus intereses haciendo uso de los medios de defensa que hubiera considerado pertinentes para hacer valer sus derechos violados. Ahora, a fin de verificar la eficacia de la causa de improcedencia invocada, conviene reproducir el texto de las citadas hipótesis normativas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Cabe precisar que conforme a la doctrina y la jurisprudencia, existen dos clases de terceros extraños a juicio. Uno, la persona que no es parte en el juicio; esto es, ajena a la relación sustancial y procesal, y que se ve afectada en su esfera jurídica con motivo del dictado de cualquier resolución, sea de trámite o de una sentencia en el procedimiento respectivo en el cual no es parte; y otro, el tercero extraño a juicio por equiparación, que es parte en el juicio natural y sin embargo no fue emplazada o ésta actuación se realizó incorrectamente. Así, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, no obstante que sí tenga carácter de parte del procedimiento. Al particular es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la voz: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese tenor, del contenido integral de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se advierte que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ********, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, y que tuvieron conocimiento de dicho juicio al menos desde el treinta y uno de agosto de dos mil doce, fecha en que presentaron un escrito mediante el cual contestaron la demanda instaurada en su contra en el juicio ejecutivo mercantil de origen, tal como lo afirmaron en su primer escrito aclaratorio de demanda de amparo (foja 21). Es decir, comparecieron al juicio de origen a deducir sus derechos, antes del dictado de sentencia definitiva en el juicio natural, la cual se emitió el quince de enero de dos mil trece, tan es así, que de acuerdo a sus manifestaciones, comparecieron mediante escrito a contestar la demanda instaurada en su contra. En ese orden de ideas, resulta patente que no les asiste el carácter de terceros extraños a juicio por equiparación; por tanto, estaban en aptitud de interponer en contra de los actos que aquí reclaman, el medio ordinario de defensa procedente de conformidad con la ley de la materia. Cabe apuntar, que para desvirtuar la figura jurídica de tercero extraño por equiparación; es decir, quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; es suficiente con que el demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra antes del dictado de la resolución definitiva, pues en ese supuesto, se dice que estaba en aptitud de deducir sus derechos ofrecer pruebas o alegaciones y así estar en posibilidad de obtener una resolución favorable a sus intereses. Esto, porque el rango distintivo para equiparar a la demandada con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado el desconocimiento total del juicio. Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo contra el acto que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a/J.67/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. (Énfasis añadido). En el caso concreto, la parte quejosa no solo afirmó tener conocimiento del procedimiento sino incluso manifestaron haber comparecido al mismo a deducir sus derechos, a través de un escrito mediante el cual contestaron la demanda instaurada en su contra; por tanto, no hay lugar a dudas de que los quejosos estuvieron en posibilidad hacer uso de los medios de defensa que hubieran considerado pertinentes para hacer valer sus derechos que estimaron violentados. Máxime que, con relación al acto reclamado consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, se advierte que también se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. . .) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". (ÉNFASIS AÑADIDO) El artículo 107, fracción IV de la ley de la materia señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, en tratándose del procedimiento de remate, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de garantías, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento, cuando precisamente se reclamen actos pertenecientes al remate hasta el citado otorgamiento definitivo de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe entenderse que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido alguna de dichas órdenes, pues será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Tiene aplicación al caso, la tesis 1a./J. 13/2016 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, Tomo II, Abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado. Tiene aplicación al caso, la tesis I.12o.C75 C (10a.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2472, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado." Ciertamente, el acto reclamado en el presente asunto, consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo *****, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural, no puede considerarse una resolución final, pues todavía existen diversas actuaciones para que se ordene la entrega forzosa del bien. Ello es así, pues lo que se pretende es evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; es decir, que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En atención a lo expuesto, y al actualizarse las causales de improcedencia mencionadas; con apoyo en los arábigos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa ..., por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 18); en atención a su contenido, dígase que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona. Lo anterior, debido a que los quejosos no dieron cabal cumplimiento a dicha prevención, pues si bien precisan como acto reclamado el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 534/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble embargado y adjudicado en el juicio natural. Además, refieren algunas circunstancias relacionadas con su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen, y que dicho emplazamiento fue realizado por el Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores. Sin embargo, no dieron cumplimiento al inciso B) de la prevención de mérito, pues omitieron manifestar expresamente si se duelen de forma destacada de la falta de emplazamiento al juicio natural, en ese caso, indiquen si señalan como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas. Por otra parte, se advierte que con relación al inciso G) de la referida prevención, consistente en que expresaran en qué estado procesal se encuentra el juicio natural, los impetrantes manifestaron: ".el bien inmueble denominado dos hermanos propiedad de los suscritos, está en etapa de adjudicación.", por lo que deberán precisar si el estado procesal del juicio es la etapa de adjudicación, así como, la fecha en que fue dictada la sentencia definitiva en el expediente de origen, lo cual se considera necesario para realizar un estudio integral de la demanda de amparo. En ese orden, requiérase a los promoventes para que den cumplimiento estricto a la prevención ordenada en autos en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, apercibidos que de no dar cumplimiento a lo antes establecido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, pues el término correspondiente se interrumpió con la promoción presentada el treinta de octubre de este año, en la oficialía de partes de este juzgado, por lo que continúa transcurriendo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En el entendido que deberán dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano