Gregorio Alain Hernández Sánchez
Expediente 1597/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1597/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Gregorio Alain Hernández Sánchez
- Yolanda Vivas Velasco
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado de autos, al tomar en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de dieciséis de diciembre del año en curso (foja 59), dentro del término concedido por los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en el que se tuvo por no presentada la demanda en este expediente de amparo, se declara que aquél ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, REQUIÉRASE a la parte quejosa, para que comparezca en un plazo de NOVENTA DÍAS NATURALES, en día y hora hábil ante este juzgado, a recoger los documentos exhibidos apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente ***-2-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones de la parte quejosa son obscuras e imprecisas, pues por un lado, señala como autoridades responsables al Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, Juez Mixto del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas y Actuarios Judiciales de su adscripción, con residencia en Bochil. Chiapas. Asimismo, en el apartado relativo a los actos reclamados, menciona la orden de desocupación con apercibimiento de lanzamiento, rompimiento de chapas y uso de la fuerza pública del domicilio ubicado en ***, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad y su ejecución. Por otra parte, expresa la posible orden de lanzamiento en contra de los quejosos. Además, menciona que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, al platicar con una persona de pueblo de *** que tiene un familiar que es elemento de la policía municipal de **, le comentó que al parecer existe una orden de lanzamiento de su propiedad. Por otro lado, en el capítulo relativo a conceptos de violación hace referencia a que debe notificarse personalmente el emplazamiento del demandado, asimismo, señala que al no enterarse de la primera notificación, posteriormente jamás se le notificó de algún remate de su propiedad y menos del posible cambio de propiedad o elaboración de escritura a favor de la parte actora en el juicio de origen. De ahí que, no se advierte con precisión cuál o cuáles son los actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno las autoridades responsables y este juzgado puedan pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación, por analogía, la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". Por otra parte, se advierte que si bien las hojas de la demanda original de mérito no se encuentran numeradas, lo cierto es que, se observa que en la última parte de la segunda foja de dicho escrito en la que se encuentra el número 1 del capítulo de antecedentes no coincide con la tercera hoja, ya que ésta contiene los números 3 y 4, sin que se advierte el número 2, por lo que, es necesario requerir a la parte quejosa para que precise si el escrito de demanda, a pesar de la inconsistencia mencionada se encuentra completa, o bien, exhiba la foja correspondiente al número 2 del apartado de antecedentes de la demanda original. En otro aspecto, la parte quejosa refiere que solicita se conceda la suspensión del acto reclamado pues de no otorgarla se le causaría a los quejosos y a toda su familia daños de imposible reparación, sin precisar si también promueve en representación de algún miembro de su familia. De igual forma, es un hecho notorio para este juzgador, que la quejosa ***, promovió el diverso juicio de amparo *** del índice de este Juzgado, en el que, aparentemente, reclamó actos que también se mencionan en el presente juicio, sin que precisara qué pretende al promover dos demandas, en las que, al parecer, reclama los mismos actos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones I, IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten de forma específica: A) Si efectivamente reclaman únicamente la orden de desocupación con apercibimiento de lanzamiento, rompimiento de chapas y uso de la fuerza pública del domicilio ubicado en ***, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad y su ejecución, en ese supuesto, deberán indicar a qué autoridad o autoridades en particular se lo atribuyen y, en su caso, si los demás actos que mencionan son sólo antecedentes o consecuencias del acto reclamado o las violaciones que le atribuyen. B) O bien, si se duelen de manera destacada de la falta de emplazamiento al juicio de origen, en su caso, si atribuyen dicho acto al Actuario adscrito al Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad o al Actuario adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas o a ambos. C) Si reclaman de forma destacada la orden de lanzamiento del bien inmueble que describen, dictada en el juicio natural, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en una primera orden de desocupación o si únicamente lo mencionan como la posibilidad de que ello ocurra. D) Si se duelen de manera destacada de la falta de notificación del remate de su propiedad, en ese caso, deberán indicar la fecha de la determinación correspondiente y si se lo atribuye al Actuario adscrito al Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad o al Actuario adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas o a ambos. E) Si reclama de forma preponderante la falta de notificación de la orden de escrituración a favor de la parte actora en el juicio de origen, indicando la fecha de la determinación correspondiente y si se lo atribuye al Actuario adscrito al Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad o al Actuario adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas o a ambos. F) Si reclaman un acto diverso de los mencionados en párrafos que anteceden relacionado con lo manifestado en su demanda, deberá precisar qué acto en concreto reclaman y a qué autoridad en particular se lo atribuyen. G) Precisen si el escrito de demanda, a pesar de la inconsistencia mencionada se encuentra completa, o bien, exhiba la foja correspondiente al número 2 del apartado de antecedentes de la demanda original. De igual forma, bajo protesta de decir verdad, manifieste: H) Si con anterioridad a la orden de desocupación reclamada existió una orden de entrega voluntaria del bien inmueble. I) Quién es el propietario del inmueble del que dicen se ordenó su desocupación. J) Quiénes son las partes en el juicio natural. K) Si ambos quejosos son parte en el juicio de origen y si han comparecido al mismo a deducir sus derechos. L) Asimismo, deberá indicar, a su decir, en qué domicilio debió haberse llevado a cabo su emplazamiento al juicio de origen. M) La fecha exacta y la forma en la que tuvieron conocimiento de cada uno de los actos que reclamen. N) En qué fecha se dictó la sentencia definitiva en el juicio natural. Ñ) Precisen la cuantía reclamada en el juicio natural, o las prestaciones reclamadas. O) Tomando en consideración que la quejosa ***, promovió el diverso juicio de amparo **, del índice de este Juzgado, en el que, aparentemente, reclamó actos que también se mencionan en el presente asunto; deberán precisar si en realidad se duelen de los mismos actos reclamados en el citado juicio de amparo, de ser así, expliquen cuál es el propósito que se busca con la presentación de diversas demandas de amparo, o bien, indique la diferencia entre la demanda promovida en el juicio de amparo **, del índice de este Juzgado, y la que dio origen al presente amparo. P) Si en su caso, han presentado demanda similares a la presente, es decir, reclamando el mismo tipo de actos y señalando al mismo tipo de autoridades, responsables, deberán precisar bajo qué número de amparo se encuentran promovidas, el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales que conoce, así como el estado procesal que guarden dichos asuntos. Q) Si han promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberán precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberán dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Además, requiérase a los quejosos para que en el término indicado: R) Asimismo, deberán precisar si promueven únicamente por su propio derecho o si también promueve en representación de algún miembro de su familia; de ser así, deberán exhibir el documento idóneo con el que de manera fehaciente acrediten la personalidad con que se ostentan. En su caso, precisen qué acto reclaman en representación de ese miembro de su familia. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase de su conocimiento que en términos del artículo 261, fracción Il, de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten, así como si presentan documentos falsos. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberán exhibir siete copias del escrito aclaratorio y documento con el que acrediten la personalidad, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que tres son para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Ahora, no pasa desapercibido para este Juzgado que la parte quejosa en su demanda haya manifestado que de no otorgar la suspensión se le causaría daños de imposible reparación como son los de tipo moral, vejaciones y descrédito; sin embargo, no ha lugar a conceder la suspensión de plano respecto a dichos actos, puesto que no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos que refieren los solicitantes del amparo y precisados en este párrafo, son actos futuros de realización incierta. Tiene aplicación a esta consideración en lo conducente y por analogía, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 569, Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA, NO INMINENTES." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Por otra parte, glósese al expediente en un sobre cerrado el primer testimonio de la escritura número seiscientos ochenta y seis, a efecto de impedir su deterioro. Con relación a la devolución de la documental que solicita, provéase lo conducente una vez que quede firme la resolución que se dicte en el presente juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2º, puede ser objetada por las partes. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes
- Graciela Pérez Hernández760/2018
- Graciela Salazar Robles1713/2022
- Graciela Salazar Robles1226/2019
- Gregoria Estrada Hernandez1590/2022
- Gregoria López Pérez807/2019
- Gregorio Alain Hernandez Sanchez1451/2022
- Gregorio De Paz Cruz1073/2017
- Gregorio Padilla Cruz1473/2019
- Gregorio Peñaloza Alonso811/2022
- Gregorio Rafael Sánchez Ruiz515/2018
- Gregorio Vera Barrera55/2017
- GREGORY JESE URBINA CRUZ y Otros.1423/2019