Gregorio Muro Huerta

Expediente 602/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
602/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Gregorio Muro Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dos de enero de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del AVISO de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa ****, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, y, 3. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio. Todas con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 602/2018-III-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita Juez se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107 y 18, ambos del ordenamiento jurídico invocado, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos que se señalan con antelación, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I, a la IV, del artículo 17 citado. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la oportunidad temporal fijada por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, exigida para la presentación de la demanda de amparo indirecto. La conclusión anterior, deriva que esta juzgadora advierte del capítulo de protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó tener conocimiento de diversos oficios que devienen de un juicio ejecutivo mercantil tramitado en el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California promovido por ***, representada por su endosatario en propiedad ****, en contra de Jesús Cárdenas Cruz, mismo que se tramita ante la responsable ordenadora bajo expediente número 306/2009, del cual se ostenta como tercero extraño a juicio. Por tanto, es claro que consintió los actos que ahora reclama y por ende se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el plazo supera los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra el acto que reclama, pues transcurrió del siete de septiembre al uno de octubre de dos mil dieciocho, con exclusión de los días ocho, nueve, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de amparo. En consecuencia, si la demanda fue recibida el diez de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la misma resulta extemporánea, por haber transcurrido sesenta y un días, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII del mismo ordenamiento. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Novena época, tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: II, agosto de 1995, página 291. Asimismo, es aplicable la siguiente tesis: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Octava época, tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo XI-junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, página 235. De ahí, que se considere que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues a la fecha en que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, que lo fue el diez de diciembre de dos mil dieciocho, resulta extemporánea. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por ***, por su propio derecho. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, y por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a David Geovanny Galván Torres, toda vez que cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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