Gregorio Garza Arce
Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 51 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Gregorio Garza Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de doce de abril del año en curso, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; hecho que sea lo anterior, solicítese la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
A las nueve horas del diecinueve de abril de dos mil veintidós, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al quejoso **************, el auto de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 68/2021-II-C. En cumplimiento al auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintiuno, este juzgado sobreseyó en el presente juicio y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Gregorio Garza Arce, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito; por lo que, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: ".] a) Deje de aplicar al quejoso los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"); para lo cual deberá inmediatamente emitir las órdenes o instrucciones que procedan para que se materialice el cese de esos descuentos, y solo se tendrá por acatado este punto con el 'recibo de pensión' o constancia fehaciente de él en que se aprecie que ya no se reflejan en su percepción pensionaria tales deducciones. b) Devuelva al quejoso la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, hasta que se cumplimente la ejecutoria.". Lo anterior, ya que el amparo contra leyes, sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 112/99, de rubro: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. c) Las cantidades a devolver, deberán ser debidamente actualizadas. En proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual informó que solicitó con carácter de urgente al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del mismo instituto, que emitiera un historial de pago individualizado, desglosado y pormenorizado, del que se advirtieran los montos descontados al quejoso Gregorio Garza Arce, por los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicio médico), con los códigos de deducción 76 y 53, a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinte hasta la fecha en que diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, así mismo solicito una prórroga de treinta días para dar cumplimiento. Luego, por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por las responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en representación de la citada institución y de su Director General, mediante el cual remitieron copia del oficio SGPES/084/2022, mediante el cual la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales informó que realizo acciones correspondientes a efecto de que en lo presente y en lo futuro se dejaran de aplicar en perjuicio del quejoso el descuento de pensión a que se refiere el artículo 16 y el diverso 25 ambas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así mismo adjunto concentrado del historial de pagos del quejoso, de manera desglosada y pormenorizada, donde aparecen los montos descontados por los conceptos Reserve Técnica y Segura de enfermedades no profesionales y de maternidad (Servicio Médico), por los mencionados conceptos en el periodo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y hasta que se cumplimentara la ejecutoria, sin embargo, al haber omitido remitir copia de las constancias con las que acreditara que la devolución a la parte quejosa de la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, se requirió nuevamente a dichas autoridades a fin de que dieran cabal y total cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Posteriormente, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós se requirió a las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, para que remitieran copia certificada de las constancias con las que acreditaran la devolución a la parte quejosa de la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde la fecha de presentación de la demanda (en este caso desde veinticinco de noviembre de dos mil veinte hasta que se cumplimentara la ejecutoria), tomando esta fecha como punto de partida de dicha obligación, al ser el momento en que externo su dolencia jurídica con tales actos concretos de afectación a su esfera de derechos; cantidades a devolver, que deberían ser debidamente actualizadas. A lo que en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós se tuvo a las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informando los actos realizados a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, enviando las constancias de las que se desprende que entregó a la parte quejosa los cheques números 0018562 y 0091142, valiosos por las cantidades de $4,645.43 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco 43/100 moneda nacional), y $18,581.70 (dieciocho mil quinientos ochenta y un 70/100 moneda nacional), respectivamente, cantidades que por concepto de descuentos a la pensión, (conceptos "76" y "53"); se le aplicaron al impetrante del amparo, anexando constancias de recibo con firma y copia de credencial para votar expedida por el entonces Instituto Nacional Electoral, sin embargo, estas carecían de firma electrónica. Por lo que en el mismo auto se les requirió nuevamente, a efecto de que remitieran copia certificada de las antes mencionadas. Finalmente, en auto de uno de abril del presente año, las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitieron copia certificada de los cheques números 0018562 y 0091142 con firmas de recibido, devueltos al quejoso, valiosos por las cantidades de $4,645.43 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco 43/100 moneda nacional), y $18,581.70 (dieciocho mil quinientos ochenta y uno 70/100 moneda nacional), respectivamente, cantidades que por concepto de reserva técnica (76) y servicio médico (53); así como, copia certificada de la nómina de pago de su pensión de los meses de enero y febrero del año en curso, las cuales se reflejó que cesaron los descuentos al quejoso. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Director General, ambos con residencia en Mexicali, no apliquen al quejoso el contenido del último párrafo del artículo 16, ni el diverso 25 de la ley que rige al referido Instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; así como para que le fueran devueltas las cantidades que se hubieren descontado al quejoso Gregorio Garza Arce con motivo de la aplicación de los referidos preceptos legales. Lo cual, como se vio realizaron las autoridades responsables, pues el uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y su Director General, enviando copia certificada de los cheques con firmas de recibido de los que se advierte fueron devueltos al quejoso, los montos por concepto de devolución de los descuentos de reserva técnica (76) y 2servicio médico (53), anexando las constancias de las que respaldan dicha información. Además, la mencionada autoridad responsable acreditó con copia certificada de la nómina de pago de su pensión de los meses de enero y febrero del año en curso, que cesaron los descuentos de tales deducciones al quejoso. Por tanto, resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Ensenada, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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