Gregorio Maltos Valenzuela
Expediente 489/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gregorio Maltos Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta que suscribe la Juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 1560-9 con el cual le fueron remitidas las copias certificadas del expediente 1826/2016 de su índice.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de junio de la presente anualidad, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, misma que fue confirmada por resolución de veintiséis de abril del año en curso, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, residente en Mazatlán, Sinaloa; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda diversos documentos, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda diversos documentos, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, como justificación de su informe remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente número 1826/2016, con las que se formó un tomo; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvase a la autoridad responsable citada el tomo I que contiene las constancias de referencia, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Gregorio Maltos Valenzuela el auto de doce de julio de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de junio de la presente anualidad, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, misma que fue confirmada por resolución de veintiséis de abril del año en curso, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, residente en Mazatlán, Sinaloa; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda diversos documentos, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda diversos documentos, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, como justificación de su informe remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente número 1826/2016, con las que se formó un tomo; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvase a la autoridad responsable citada el tomo I que contiene las constancias de referencia, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, acerca de los oficios que remitieron las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, se recibió en este Juzgado los autos del presente juicio, así como testimonio de la resolución dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en el amparo en revisión civil número 499/2017 en donde se confirmó la sentencia pronunciada en este juicio en la parte que concedió la protección constitucional, por lo que se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento de la ejecutoria. Mediante oficios números 2162/2018 y RPPYC/AHOME/811/2018, recibidos por este Juzgado el veinticinco y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, comunicaron el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Con lo anterior, en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, quien fue notificada el seis de junio actual, sin hacer manifestación alguna. Por tanto, si los efectos de la concesión de amparo como quedó precisado era para "que las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, dejen sin efecto jurídico el embargo ordenado en el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de pensión alimenticia número 1826/2016 y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, restituyendo al quejoso en sus derechos fundamentales transgredidos, en relación con los actos de molestia que recayeron respecto del bien inmueble ubicado en Playa el Maviri, Ahome, Sinaloa, identificado bajo el lote número 13, de la manzana 15, con una superficie de 300 metros cuadrados, con clave catastral 01-015-013, ubicado en la Península de Baviri o las Ánimas, Sindicatura de Topolobampo, Ahome, Sinaloa; lo que ya aconteció, pues el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, ordenó dejar sin efecto jurídico el embargo ordenado en el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete y el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en esta ciudad, la cancelación de la inscripción 101, libro 1011, sección segunda, que contiene el registro del embargo de pensión alimenticia a favor de María del Carmen Corral Gastélum. De lo anterior claramente se refleja que se restituyó al quejoso Gregorio Maltos Valenzuela, en el pleno goce de sus garantías violadas, por lo que, al tenor de lo que establece el artículo 77 de la ley de la materia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable sin excesos ni defectos, tal como lo estipula el precepto 196 de la Ley de Amparo.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Gonzalo Omar Perez Rubio647/2022
- Graciela Cervantes Cervantes663/2021
- Graciela Delfina Garcia Soto363/2022
- Graciela Valdez Loya333/2018
- Grecia Guadalupe Apodaca Cota20/2023
- Gregoria Lugo Camacho87/2019
- Gregorio Tabarez Solano762/2023
- Gregorio Urias Morales180/2023
- Griselda Guadalupe Guzman Marquez31/2023
- GRISELDA VALENZUELA OBESO y Otros.603/2017
- Grupo Aguila de Splm de C.V.113/2018
- Guadalupe Beatriz Cervantes Velazquez32/2021