Gregoria Lugo Camacho
Expediente 87/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gregoria Lugo Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES.
- Incidental
Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 87/2019-3B, promovido por Gregoria Lugo Camacho, contra actos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, Plantel CONALEP Los Mochis 045, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168, de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, respecto de los actos reclamados, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, expresando en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Se señalan las doce horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, la quejosa, textualmente, reclama: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A las autoridades antes mencionadas les reclamo lo siguiente: A las responsables ORDENADORAS señaladas en los incisos A) y B) le reclamo LA ORDEN MEDIANTE LA CUAL EMITEN SU NEGATIVA de otorgar a la suscrita el incremento de carga horaria de 13 trece horas semana/mes y 5 cinco horas de sobrecarga académica para completar 21 veintiún horas/semanas/mes, como lo establece LA CLAUSULA 31 y el PRIMERO TRANSITORIO del contrato colectivo de trabajo vigente que tiene celebrado el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (SINTACEPTESIN) con el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, que les fuera solicitado por la suscrita desde el 11 de enero de 2019 dos mil diecinueve. A las responsables EJECUTORAS señaladas en los incisos A) y B) le reclamo LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ORDEN EMITIDA POR EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA Y DE MELCHOR ANGULO CASTRO, DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE SINALOA, consistente en la negativa de otorgar a la suscrita el incremento de carga horaria de 13 trece horas semana/mes y 5 cinco horas de sobrecarga académica para completar 21 veintiún horas/semana/mes, como lo establece LA CLAUSULA 31 y el PRIMERO TRANSITORIO del contrato colectivo de trabajo vigente que tiene celebrado el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIDO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (SINTACEPTESIN) con el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, que les fuera solicitado por la suscrita desde el 11 de enero de 2019 dos mil diecinueve.". Por otro lado, en el capítulo de antecedentes la quejosa relata que: Se encuentra adscrita al plantel como docente del COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, desde el siete de enero de mil novecientos noventa y uno; y a la fecha desarrolla funciones de profesora en el área de sociales y humanidades. El once de enero de dos mil diecinueve solicitó por escrito al entonces Director del plantel Francisco Javier López Miranda el incremento de carga horaria de 13 trece horas semana/mes y 5 cinco horas de sobrecarga académica para completar 21 veintiún horas/semana/mes, con fundamento en lo establecido en LA CLAUSULA 31 Y PRIMERO TRANSITORIO del contrato colectivo de trabajo vigente que tiene celebrado el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (SINTACEPTESIN) con el COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA. Unilateralmente, el citado DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE SINALOA ordenó el cambio de director del plantel COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, recayendo el nuevo nombramiento de director en la persona de nombre DAISY JUDITH AYALA VALENZUELA. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa volvió a solicitar por escrito a la nueva directora del COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, DAISY JUDITH AYALA VALENZUELA el incremento de carga horaria de 13 trece horas semana/mes y 5 cinco horas de sobrecarga académica para completar 21 veintiún horas/semana/mes, con fundamento en LA CLAUSULA 31 Y PRIMERO TRANSITORIO del contrato colectivo de trabajo vigente celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (SINTACEPTESIN) con el COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, mencionándole tener conocimiento que había carga horaria disponible por maestros del área que habían fallecido como Rosario León Chávez, la maestra Consuelo Garza Zapopan, Carlos Medrano Camacho y por dos maestros que había renunciado en el año acabado de concluir y que estaba con disponibilidad de horario y dispuesta seguir colaborando y que sabía que en el mes diciembre de 2018 había renunciado el profesor CALIXTO GARAY TAVARES, QUE TAMBIEN IMPARTIA CLASES EN EL AREA DE SOCIALES Y HUMANIDADES, razón por la cual estaban disponibles LAS 09 NUEVE horas que este profesor con su renuncia había dejado y eran horas base por lo cual la peticionaria le reiteró a la directora DAISY JUDITH AYALA VALENZUELA que se le asignaran como como incremento de carga académica. Que el once de febrero de dos mil diecinueve, el apoderado legal del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, licenciado NICOLAS MOLINA le hizo entrega personalmente en la sala de maestros del oficio DSG-043/2019 firmado por GILBERTO TORDECILLAS LOPEZ, quien se ostenta como apoderado legal de CONALEP y mediante el cual, entre otras cosas a la letra me comunicó: ""Por instrucciones del Director General de CONALEP Sinaloa. el gue suscribe. Lic. Gilberto Tordecillas López, apoderado legal de la citada institución, me permito comunicarle gue una vez gue fue remitida la solicitud por parte de la Dirección del plantel CONALEP Mochis I. el día 23 de enero del año 2019 a esta Dirección General, se ha considerado no procedente, la solicitud realizada por usted...de lo anterior es menester precisarle, gue lo solicitado por usted no son materias mediante las cuales su perfil encuadre..."" Una vez que tuvo conocimiento de ese documento, de inmediato se entrevistó nuevamente con la citada directora del COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, para comentar el contenido del documento a lo que le contestó que ella ya había platicado con los dos dirigentes sindicales de académicos y administrativos y en cuanto al de los académicos con Ármelo Gómez González y que ella no se metería con la carga académica que en ese punto era el ingeniero Osorio y el sindicato quienes harían la carga académica, lo que la aquí impetrante le manifestó que el secretario del sindicato era el señor VICTOR JAVIER GARZA BUSTAMANTE y que el señor Ármelo Gómez González era secretario de conflictos y que mi solicitud la dirigí a ella porque ella era mi patrón no el sindicato; cuestionándole el punto en el que le manifestó que no hay carga disponible para la peticionaria, el por qué siendo la directora del plantel no tenía conocimiento que en diciembre renunció el profesor CALIXTO GARAY TAVAREZ, quien es igualmente licenciado en derecho y que como directora del plantel debería tener conocimiento de la renuncia del profesor CALIXTO GARAY TAVAREZ a quien le entregaron su baja del IMSS el 5 de febrero del 2019 dos mil diecinueve y exponiéndole la siguientes preguntas: ¿a quién le asignaron las nueve horas que deja el profesor CALIXTO GARAY TAVAREZ?¿Están disponibles las horas que deja la maestra Rosario Cañedo que se fue por permiso? ¿A quién se las asignaron?; preguntas a las cuales la directora del COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA, PLANTEL CONALEP LOS MOCHIS 045, DAISY JUDITH AYALA VALENZUELA no le dio respuesta. De ahí que la quejosa incoa este juicio de derechos en virtud de que considera que de acuerdo a lo establecido en las clausulas 25, 31 y al PRIMERO TRANSITORIO del contrato colectivo de trabajo vigente que tiene celebrado el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (SINTACEPTESIN) con el COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA tiene el derecho de que le sean asignadas cuando menos las nueve horas base en ambos semestres que impartía el maestro CALIXTO GARAY TAVAREZ por tener un derecho preferente y por su perfil académico. Por lo que se le violan los derechos fundamentales a que alude en su demanda; y solicita la suspensión para que no se materialice la asignación a ninguna persona de las nueve horas base que en ambos semestres impartía el maestro CALIXTO GARAY TAVAREZ, en el plantel educativo. Por no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA A LA QUEJOSA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, al no surtirse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la concesión de la suspensión para esos efectos que se traduciría en que no se impartieran las clases en esas horas base, de las materias respectivas, lo que contravendría disposiciones de orden público y afectaría el interés social, en razón de que la comunidad está interesada en que no se interrumpa el servicio educativo, en el caso particular, del o de los grupos a quienes corresponda la impartición de la asignatura o asignaturas programadas en ese horario, lo cual tiene preponderancia sobre una situación concreta de la quejosa relacionada con el derecho que le asista a obtener la concesión de esas horas base. Por lo demás, tampoco procede la suspensión en relación a la negativa a otorgarle las horas base a que se refiere, ya que no aparece que se encuentre en riesgo la subsistencia de la quejosa -puesto que se encuentra laborando en el plantel educativo- y, al tratarse de un acto negativo, de concederse la medida cautelar se darían a ésta efectos restitutorios, propios de la sentencia que se dicte en el amparo del que proviene este incidente. Se cita al efecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312. del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, al tenor literal siguiente: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". Asimismo, por su contenido y alcance se invoca la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 1468 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los quejosos están obligados a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase a la quejosa copia certificada de esta determinación.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio 2377/2019 signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Gregoria Lugo Camacho, por su propio derecho, contra el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en los autos del juicio de amparo 87/2019.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, suscrito por el Maestro en Derecho Jesús Enrique Becerra Elizalde, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintiocho de febrero del año en curso; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a dicho requerimiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa y en su oportunidad, remítanse los presentes autos, el escrito de agravios y una copia para el Ministerio Público de la Federación Adscrito, al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del recurso de queja interpuesto.
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