Gregorio Luna Velázquez
Expediente 2273/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2273/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/12/2019
Partes del expediente
- Gregorio Luna Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Tepic, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de tres de diciembre del presente año (foja 374), informa que se encuentra imposibilitada para proporcionar información respecto de algún perito que pueda llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad para la tramitación del incidente innominado ordenado en autos, toda vez que los profesionistas que prestan sus servicios a dicha institución únicamente desempeñan actividades de docencia; de lo anterior este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales correspondiente, en el entendido de que se estará en la espera de lo que informe las demás dependencias. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso (foja 316); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 149 a 173), por una parte, se sobreseyó, y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: , Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del apoderado Carlos Núñez Macías, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que la actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le devuelva a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de anticipo de pago de impuesto predial dos mil diecisiete, por lo que respecta única y exclusivamente de la cuenta catastral UO15817, relativa al lote CG-1, boulevard Nayarit, fraccionamiento Náutico Turístico Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que se consigna en la escritura pública "20,741", pasada ante la fe del Notario Público Número 7 de Tlaquepaque, Jalisco; en virtud de que reclamó la norma tildada de inconstitucional en su carácter de heteroaplicativa, pues enteró la contribución correspondiente, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir (.)." Inconforme con lo anterior, las autoridades responsables Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 945/2017 y, por ejecutoria de cinco de octubre de dos mil dieciocho, lo desecharon; por tanto, quedaron intocados los efectos precisados en la ejecutoria en cita (fojas 222 a 236). De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Devolverle a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de anticipo de pago de impuesto predial dos mil diecisiete, por lo que respecta única y exclusivamente de la cuenta catastral UO15817, relativa al lote CG-1, boulevard Nayarit, fraccionamiento Náutico Turístico Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, debidamente actualizada, y tanto en lo presente como en lo futuro no se le aplicaran las disposiciones impugnadas. Así, en diverso auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades ejecutoras, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis (foja 237). En consecuencia, a través del oficio sin número y anexo, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el tres de septiembre de este año (fojas 303 a 315), se advierte que el Tesorero y Director de Castro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se encontraban tramitados ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (485/2017), así como en diversos tramitados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese contexto, comunicó que emitió tres notas de crédito a favor de la parte quejosa, la primera de ellas, por un monto de $1,043,305.87 (un millón cuarenta y tres mil trescientos cinco pesos 87/100 moneda nacional); la segunda, por la cantidad de $861.038.90 (ochocientos sesenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 moneda nacional) y, la tercera, por la suma de $447,252.23 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 23/100 moneda nacional), numerarios que serían aplicados a licencias, permisos y autorizaciones en materia de desarrollo urbano; luego, para acreditar su dicho, remitió copia certificada de las notas de crédito números uno, y tres, ambas de veinticuatro de julio de la presente anualidad, suscritas por el Tesorero Municipal responsable, así como del acta de recepción de pago (nota de crédito), de esa misma data, en la que se hace constar la entrega recepción de dichos documentos, al apoderado legal Carlos Nuñez Macías de la parte quejosa Desarrollo Marina Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien manifestó que recibe a su entera satisfacción el pago hecho por la responsable. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto de que dicho importe se conmutara por las notas de crédito precisadas antelativamente, cuya entrega ya aconteció en la especie. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y, por otra se negó, respecto de los actos reclamados (fojas 81 a 84, 94 a 97 y 106 a 110 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el cuatro de octubre del año en curso, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 114 a 116). En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia pronunciada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 28 a 46), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XV de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]." Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico de lo Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsables denominada Recaudador de Rentas dependiente de dicha Secretaría, interpuso recurso de revisión contra la misma (fojas 50 a 57). Sin embargo, mediante ejecutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, dentro del amparo en revisión administrativo 363/2019, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable (fojas 90 a 103), por lo que quedó firme la sentencia recurrida. Ante ello, se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolver la cantidad de $9,316.04 pesos, que con motivo de las contribuciones erogadas pagó el quejoso; asimismo, el referido monto debía ser actualizado en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado ante este Juzgado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0001464, a nombre de la quejosa Graciela Quiñones Flores y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,366.44 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata (fojas 114 y 115). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,316.04 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y el treinta de septiembre del año en curso, se efectúo la devolución a la parte quejosa mediante cheque expedido a su favor. Por lo que el período de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecinueve al mes de agosto de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de agosto del año actual de 103.670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.005733. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $9,316.04 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,369.44 pesos, menos la comisión bancaria de $3.00 pesos, da como resultado $9,366.44 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $9,316.04 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $50.40 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,366.44 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el catorce de octubre de este año, en el recurso de queja 433/2019, relativo a este incidente de suspensión y dos legajos de constancias, de la que se desprende que dicho órgano colegiado declaró sin materia el medio de impugnación aludido; al respecto, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. De otra parte, dado el volumen de las constancias que devuelve el órgano colegiado, guárdense por separado en dos legajos, para un mejor manejo. En otro aspecto, agréguese a sus autos el mensaje telegráfico enviado por el Congreso del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó la interposición del recurso de revisión en contra de la interlocutoria de quince de julio de este año. Por último, dado el volumen de actuaciones que componen este incidente, a partir de la siguiente fórmese el tercer tomo, para los efectos legales a que haya lugar. **
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