Gregorio Arellano Guerrero

Expediente 2813/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2813/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Gregorio Arellano Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    RESUELVE: Único. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por *****, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de lo Civil en Tepic, Nayarit y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, asimismo al Juez y Christian Caro Núñez Secretario de Acuerdos, los dos del Juzgado Segundo de lo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a Roberto Vergara Camarena, Director General del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y a Guadalupe Concepción Parra Sánchez, apoderada para pleitos y cobranzas del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente determinación. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Vistos; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1667/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, promovido por Gabriela García Lozano, por propio derecho, radicado con el expediente auxiliar 746/2019, del control de este Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Mazatlán, Sinaloa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. 1. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve , en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Gabriela García Lozano, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que enseguida se indican: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES [.]: 1.- Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de autoridad ordenadora, integrado por: A) El C. Juez Civil del Juzgado Segundo de Primera Instancia (.). 2.- Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de autoridad ejecutora del ordenamiento emitido por el C. Juez Segundo de lo civil de Primera Instancia del ramo civil en Bucerías, Nayarit. IV.- LA NORMAL GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- Del C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia con residencia en Bucerías, Nayarit, reclamo el haber ordenado la inscripción de la demanda bajo el número de expediente 548/2018, derivado de una solicitud por conducto del abogado autorizado de la parte actora en el juicio referido con antelación, mismo acto que se combatió a través de un recurso de revocación al acuerdo de fecha 22 de febrero del año 2019, donde se tuvo a bien ordenar tal acto procesal, decretando esta misma autoridad como improcedente dicho recurso a través de una sentencia interlocutoria de fecha VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. [.] 2.- Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, reclamo la recepción e indebida inscripción de la demanda bajo número de expediente 548/2018, el cual fue ordenado por el C. Juez Segundo de Primera Instancia de Bucerías, Nayarit, a través de un oficio número 358/2019, respecto de un bien inmueble de mi propiedad, [.] SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite. 2. Por acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve , la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, previno a la quejosa a efecto de que precisara el acto reclamado; cuándo fue emitido; y, cuándo tuvo conocimiento de éste. 3. En proveído de veintiséis siguiente , la Juez auxiliada, previo desahogo de la prevención por parte de la quejosa, admitió a trámite la demanda, bajo el consecutivo 1667/2019; requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que legalmente le compete; ordenó emplazar a la tercera interesada; y, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. 4. Al estar integrado el presente asunto, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve , se efectuó la audiencia constitucional; al tenor del acta respectiva. TERCERO. Recepción del juicio de amparo en este Juzgado Auxiliar. 5. Mediante oficio OFICIO/J1DN/151/2019 , de ocho de noviembre pasado, recibido el doce posterior, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en cumplimiento al oficio STCCNO/394/2019 de tres de junio pasado, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1667/2019, de su índice, y un cuaderno de pruebas, a este Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO. Radicación en el juzgado auxiliar. 6. En auto de trece de noviembre pasado, este Juzgado tuvo recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro se radicó como cuaderno auxiliar 746/2019, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. 7. Este Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 52/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; y, el oficio STCCNO/394/2019 de tres de junio pasado, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. 8. Cabe aclarar, que la competencia de este juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con los considerandos séptimo y octavo del Acuerdo General 52/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, que señalan: "SÉPTIMO. A fin de atender la problemática planteada en el considerando que antecede, y de conformidad con los diez compromisos asumidos por el Poder Judicial de la Federación, a través del Ministro Presidente, durante el acto de emisión del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Legalidad y Justicia, suscrito en Palacio Nacional el veintiuno de agosto de dos mil ocho, y a fin de contribuir a superar la situación en que se encuentra la seguridad pública de la Nación y brindar respuestas mas ágiles y eficientes que permitan atender con mayor calidad y rapidez los procesos judiciales; compromisos entre los cuales se planteó la instalación de nuevos tribunales federales en los Circuitos con mayor carga de trabajo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, estima conveniente la creación del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en el que se instalarán tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, ambos auxiliares, que lo conformarán y tendrán competencia mixta y jurisdicción en toda la República; su objetivo será apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales Federales en donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos;" [Lo resaltado es propio]. "OCTAVO. En consideración a lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determina la creación del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, integrado por dos tribunales colegiados, dos tribunales unitarios y siete juzgados de Distrito que apoyarán en la resolución de los asuntos de la competencia de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito en funciones en el territorio de la República Mexicana;" [Lo resaltado no es de origen] 9. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, para la resolución del presente asunto, resulta aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada legislación de la materia, siempre que no contravenga lo previsto en la ley vigente. SEGUNDO. Oportunidad. 10. La quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que conoció el acto reclamado el pasado veintiséis de junio ; sin embargo, de las constancias que en copia certificada del juicio civil ordinario 548/2018, allegó a su informe justificado la responsable, se colige que dicho acto se le notificó el veintiocho de junio pasado , que surtió efectos el uno de julio siguiente, conforme al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Mientras el escrito relativo se presentó el doce de julio de la presente anualidad, esto es, el noveno día, del plazo que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. 11. En cuanto al conocimiento del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, debe computarse a partir de que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto, lo que debe acreditarse fehacientemente por cualquier medio de prueba previsto por la ley, y no inferirse con base en presunciones, como dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 42/2002, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa". [Énfasis añadido]. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. 12. En términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados, interpretándose el escrito de demanda, en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, armonizando los datos y los elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, en aras de una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, como lo dispone la jurisprudencia P./J. 40/2000 , de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". [Énfasis añadido]. 13. Y, la tesis aislada P. VI/2004 , que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". [Énfasis añadido] 14. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en autos del juicio civil ordinario 548/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa. CUARTO. Existencia de acto reclamado 15. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit -en su denominación correcta-; porque así lo reconoció al rendir su informe con justificación [hoja 36 del juicio de amparo]. 16. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". [Énfasis añadido] 17. Certeza que se corrobora con las constancias que allegó dicha responsable, consistente en copia certificada del juicio civil ordinario 548/2018, donde obra la resolución reclamada; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. 18. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 19. Por otro lado, la diversa autoridad Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit, con sede en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, omitió rendir su informe justificado, no obstante haber sido legal y oportunamente notificada y requerida para tal efecto, como se advierte de la pieza postal que obra en autos del juicio [hoja 34], por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. 20. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/241 , de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." QUINTO. Causales de improcedencia. 21. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de la existencia del acto reclamado, toda vez que constituye una cuestión de orden público que abordará el juzgador, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime, que al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación propuestos. 22. Ello encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/323, que refiere: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". 23. Al no advertir motivo que obstaculice el examen del acto reclamado, procede su estudio a la luz de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. 24. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se tienen como reproducidos, sin que resulte necesario transcribirlos al no existir disposición en la Ley de Amparo que lo ordene; y, como dispone la jurisprudencia VI.2o. J/129, del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". (Énfasis añadido). SÉPTIMO. Estudio. 25. Es materia de estudio la interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el juez responsable, en autos del juicio civil ordinario 548/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, contra el acuerdo de veintidós de febrero del mismo año. 26. Los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, en los que aduce falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, resultan fundados, y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada. 27. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" 28. Este precepto Constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. 29. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 30. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. 31. Resulta aplicable la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se copia: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 32. La diferencia entre falta absoluta e indebida fundamentación y motivación, ha sido ampliamente explicada en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisando que por la primera, se entiende la omisión del acto de autoridad de expresar los fundamentos y razones que lo sustenten, en el entendido que debe existir congruencia entre ellos; en cambio, la indebida fundamentación y motivación se refiere a que el acto de autoridad sí contiene expresión de preceptos legales y razones, empero, unos y otros son incorrectos. 33. Esta distinción cobra relevancia si se considera que los efectos de la sentencia que concede el amparo son diferentes en cada caso; pues en la falta absoluta, por regla general, el amparo únicamente constriñe a la autoridad a dejar insubsistente el acto quedando en libertad de reiterarlo o no, siempre que purgue el vicio formal, salvo que se trate de un recurso o el ejercicio de un derecho de petición, pues en ese supuesto deberá dejar insubsistente el acto y emitir otro reparando la violación, es decir, que funde y motive su acto; en cambio, en la indebida fundamentación y motivación, se vincula a la autoridad a dejar insubsistente el acto, pero está en posibilidad de emitir otro, con base en fundamentos y razones diversas. 34. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el juicio civil ordinario 548/2018, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, contra el acuerdo de veintidós de febrero del mismo año. 35. De la resolución reclamada, se advierte substancialmente, que el juez responsable citó los antecedentes del caso; realizó un análisis de la procedencia del recurso interpuesto; refirió los agravios de la incidentista y lo manifestado por su contraparte respecto a dicho medio de impugnación. 36. Decretó infundados los agravios hechos valer por la incidentista -parte demandada en el juicio natural, aquí quejosa-, concretándose a precisar el contenido del artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que dispone que todo acto procesal verificado durante la suspensión del procedimiento es ineficaz, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, y que la determinación que se pretende revocar sí es de las contempladas como medida urgente y de aseguramiento, razón por la cual admitió a trámite y ordenó la inscripción de la demanda ante el Registro Público de la Propiedad; destacando, que con esa determinación no se está dando continuidad al fondo del juicio, sino únicamente haciendo un trámite administrativo con el propósito de salvaguardar las resultas del juicio en su momento, procurando con ello asegurar el inmueble objeto de la hijuela de adjudicación, y que al realizar una anotación preventiva de demanda, es hacer énfasis que sobre ese inmueble se está siguiendo un juicio; precisó además, que dicha anotación se realizó conforme lo establece la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, citando para ello el numeral 63. 37. Agregó, que de dicha norma se corrobora la pretensión de la parte actora -juicio natural- de tener preferencia ante cualquier otro acto que pudiese efectuarse, es decir, refirió, asegurarse un lugar preferente y de esta manera poder dar cumplimiento a lo resuelto en el fondo del juicio; de ahí la urgencia de la medida y aseguramiento, la cual se admitió y dio trámite por considerarla urgente, ordenando girar oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sin que ello lesione algún derecho de las partes, ya que está procurando la igualdad procesal. 38. Concluyó en determinar improcedente el recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa y, consecuentemente, dejó firme lo acordado en audiencia de veintidós de febrero del presente año. 39. De lo abreviado podemos advertir que la responsable omitió fundar y motivar adecuadamente su determinación; puesto que si bien concluyó que se admitió y dio trámite a la medida cautelar de inscripción preventiva de demanda ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al considerarla urgente, y que con ello no se lesiona algún derecho a las partes, ya que al contrario, se está procurando la igualdad procesal; lo cierto es, que no justificó jurídicamente su postura, dado que omitió exponer los razonamientos lógico-jurídicos, sustentados en preceptos legales o criterios jurisprudenciales, que le permitieron arribar a esa conclusión. 40. Lo anterior es así, puesto que el juez responsable, no citó los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, por los cuales arribó a la conclusión de que la medida cautelar solicitada era urgente, a fin de darle trámite, no obstante que el procedimiento se encontraba suspendido a partir del seis de noviembre del año próximo pasado [hojas 162 y 163 del tomo de pruebas], y situarla en la excepción prevista en el numeral 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 41. De igual forma, no expuso las razones de hecho ni fundamentó en derecho, para justificar por qué con la emisión de la medida cautelar decretada, no se lesiona algún derecho a las partes; menos aún estableció si procedía o no otorgarse garantía como requisito de efectividad de lo decretado. 42. En este punto, importa traer a colación el contenido de los artículos 104 y 105 del Código Procesal de trato, que disponen: "ARTICULO 104.- Las medidas cautelares podrán dictarse para impedir: I.- Que una persona se ausente del lugar donde ha de ser o ha sido demandada, sin dejar apoderado instruido y expensado para seguir el juicio hasta su terminación; II.- Que el deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se pretende promover en su contra; y III.- Provisionalmente que se efectúe el traslado de dominio de bienes determinados." "ARTICULO 105.- El que pida la medida cautelar expresará el valor de la prestación que intente reclamar o reclame, a menos que no sea susceptible de valorización pecuniaria, justificar la necesidad de la misma, resolviéndose lo procedente dentro del término de Ley. Decretada procedente, no se ejecutará sin que previamente se garantice a criterio del Tribunal los daños y perjuicios que pudieren causarse." 43. De los numerales copiados, se desprende que podrán dictarse medidas cautelares; que el que pida dicha medida expresará el valor de la prestación que intente reclamar, a menos que no sea susceptible de valorización pecuniaria, justificar la necesidad de la misma; una vez decretada procedente, no se ejecutará sin que previamente se garantice a criterio del Tribunal los daños y perjuicios que pudieren causarse. 44. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 103/2016, precisó que cuando la legislación autoriza la anotación de una demanda civil relacionada con derechos de propiedad de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad respecto de controversia sobre dicho derecho, constituye una medida cautelar que sí es susceptible de causar daños y perjuicios a quien aparece como dueño en el registro y que por ello debe exigirse garantía al solicitante, pues al darse publicidad sobre el carácter litigioso del inmueble inscrito, lo coloca en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, respecto de la posición que tendría si no tuviera tal carácter litigioso. 45. Abundó, que la sola existencia del litigio, una vez que es conocida por terceros, podría colocar al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, dado que constituye máxima de la experiencia que un inmueble cuya titularidad se encuentra sujeta al resultado de un juicio, merma el valor comercial del mismo, debido al riesgo que asume quien adquiere esa propiedad para el caso de que el litigio civil inmobiliario resulte adverso a los intereses del dueño registral. 46. Que además, la medida cautelar consistente en la inscripción registral del carácter litigioso del inmueble, asegura que, desde una perspectiva jurídica, cualquier tercero interesado en el inmueble adquiera conocimiento del carácter litigioso del bien; pues si bien tal medida tiene como finalidad primordial informar sobre la situación jurídica del inmueble, también lo coloca en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, pues provoca que las operaciones comerciales sobre el mismo sean consideradas "de riesgo", al quedar sometida la eficacia y el alcance del derecho que se adquiera, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite. 47. Destacó, que la garantía con motivo del otorgamiento de medidas cautelares tiene como objetivo cubrir los eventuales daños y perjuicios, que se ocasionen en el patrimonio del sujeto destinatario de la medida para el caso de que no asista derecho al solicitante. Y que el establecimiento de una garantía con motivo del otorgamiento de una medida cautelar, no constituye un elemento necesario, sino uno contingente, pues sólo debe exigirse la garantía cuando el otorgamiento de la medida guarde relación previsible de causalidad respecto de posibles daños y perjuicios en la esfera patrimonial del afectado. 48. Y que, por tanto, la publicidad del carácter litigioso del inmueble inscrito, sí guarda una relación de causalidad respecto de los eventuales daños y perjuicios que esa publicidad genere en la esfera patrimonial del propietario registral del inmueble; entonces, la anotación registral como medida cautelar, sí exige la exhibición de garantía para su otorgamiento, al ser susceptible de generar daños y perjuicios al propietario registral. 49. Criterio contenido en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 9/2017 (10a.) , que dice: "ANOTACIÓN REGISTRAL CAUTELAR. CUÁNDO DEBE EXIGIRSE GARANTÍA. Cuando en la legislación se prevén medidas cautelares mediante el otorgamiento de una garantía, esta última debe exigirse si la concesión de aquélla es susceptible de causar daños y perjuicios en la esfera jurídico patrimonial del afectado. En ese contexto, la medida cautelar de anotación registral de una demanda civil relacionada con la disputa de derechos sobre la propiedad de un inmueble, tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que las sentencias que en ellos recaigan puedan ser opuestas a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso; destacando que mediante tal medida, no se limita la potestad del propietario para enajenar o disponer del inmueble. Sin embargo, de manera mediata, la anotación registral de la demanda también coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite; lo que permite afirmar que tal medida cautelar sí es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario registral. En consecuencia, la indicada anotación registral, como medida cautelar, sí exige la exhibición de garantía." 50. Por tanto, de conformidad con el precitado artículo 105 del Código adjetivo en comento, cuando en un juicio civil se solicite una medida precautoria, el promovente debe expresar el valor de la prestación que intente reclamar o reclame, a menos que no sea susceptible de valorización pecuniaria, justificar la necesidad de la misma, y el juez resolverá lo procedente en el término de Ley. 51. Entonces, si el juez responsable, previo a resolver sobre la medida peticionada, omitió pronunciarse respecto a la solicitud de la medida cautelar planteada por el aquí tercero interesado, bajo la óptica que dispone artículo 105 del referido código procesal en comento; es inconcuso que se trasgredió en perjuicio de la aquí quejosa, su garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 52. Ya que del estudio de la solicitud, se establecen los requisitos de procedencia que deberán satisfacerse, así como, los efectos que tendrá su eventual concesión; en cuyo caso también, deberá justificarse la pertinencia del otorgamiento de una garantía como requisito de efectividad. 53. Por tanto, al carecer de fundamentación y motivación, la resolución reclamada, traduce violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que de acuerdo a dicho precepto todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado. 54. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. 55. Concesión extendida a los actos de ejecución atribuidos al Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Nayarit, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; puesto que el actuar que se le atribuye, es en vía de consecuencia y no, por vicios propios. 56. Apoya lo anterior, la tesis II.3o. J/12, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". OCTAVO. Efectos. 57. Con fundamento en los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se fijan los efectos de la concesión del amparo, para que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit: ? Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio civil ordinario 548/2018, de su registro; así como sus consecuencias jurídicas, incluyéndose el oficio 358/2019, de siete de marzo de esta anualidad; y, con plenitud de jurisdicción, emita otra, en la que purgando los vicios advertidos en el presente fallo, de manera fundada y motivada se pronuncie nuevamente en torno a la medida cautelar solicitada por la parte actora en el juicio natural -aquí tercero interesado-. NOVENO. Publicación. 58. Conforme establece el artículo 6° Apartado "A" fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa, procede ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de ellos. 59. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." 60. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 al 76 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Gabriela García Lozano, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; y, del Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo, y para los efectos precisados en el octavo. SEGUNDO. En términos del último considerativo, se ordena la publicación del fallo con supresión de datos personales. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado José Alfredo Pérez Sánchez, Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, ante el licenciado Marco Antonio Morelos Mijangos, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de diciembre de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el comunicado de cuenta enviado vía electrónica por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad y, anexo, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético, por el que acusa recibo del diverso comunicado por el que le fueron remitidos los autos originales juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; asimismo, comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre del año en curso, medio de impugnación que quedó registrado como amparo en revisión 949/2019. Notifíquese.

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