Gregorio Gómez Sanz y Otros.
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gregorio Gómez Sanz
- Gregorio Gómez Sanz y Otros.
- Gregorio Gómez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de febrero del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. SE ACREDITA PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos del poder digital que se anexa al ocurso de cuenta, se reconoce a José Luis Sánchez Cruz, el carácter de apoderado de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC" o el "Banco"), con el que comparece a gestionar en el presente juicio en que se actúa. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. SIN MAYOR ACUERDO Ahora bien, en atención al contenido de la promoción de cuenta, agréguese a los presentes autos sin mayor acuerdo, toda vez que en audiencia constitucional de dos de febrero del año actual se emitió sentencia, la cual se sobreseyó en el presente juicio, tomando como referencia constancias del incidente de suspensión relativo a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I- 504/2021, promovido por Gregorio Gómez Sanz y otro, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria de esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el día siguiente hábil, Gregorio Gómez Sanz y Gregorio Gómez González, presentaron demanda de amparo contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria de esta ciudad y otras autoridades SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17.22, 31, fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con la misma con el número de expediente I-504/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previos diferimientos, en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: De la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, a través de su administrador: ".El aseguramiento precautorio y/o embargo precautorio y/o embargo definitivo y/o inmovilización de depósitos o de cuenta bancaria, de las cuales somos cotitulares los quejosos, sin haberse notificado de manera legal previamente a la inmovilización de las supracitadas cuentas bancarias y/o la razón por la cual se efectúa el acto reclamado, esto es, de manera fundada y motivada, en apego a las disposiciones legales aplicables, violando en nuestra contra lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento administrativo de Ejecución a cargo de la parte quejosa. La emisión del oficio número 400-38-00-02-01-2021-03608, emitido por el titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad". De la Institución Bancaria denominada HSBC S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; sucursal Plaza Fiesta Camelinas de Morelia, a través de su gerente se reclama: ".La ejecución de aseguramiento precautorio y/o Embargo Precautorio y/o Embargo definitivo y/o inmovilización de depósito o de cuenta bancaria, de la cual es titular el quejoso. El bloqueo de las cuentas bancarias y de inversión, de las cuales somos cotitulares los quejosos. La emisión para efecto de verificar el régimen de copropiedad o cotitularidad con terceros, que presenten adeudos fiscales, previo al Aseguramiento y/o Embargo de dicha cuenta". De la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Michoacán "1" con sede en Michoacán, a través de su administrador: ".El aseguramiento precautorio y/o embargo precautorio y/o embargo definitivo y/o inmovilización de depósitos o de cuenta bancaria, de las cuales somos cotitulares los quejosos, dentro de alguna orden de visita domiciliaria y/o orden de gabinete y/o cualquier otro tipo de facultades de comprobación; sin haberse notificado de manera legal previamente a la inmovilización de las supracitadas cuentas bancarias y/o la razón por la cual se efectúa el acto reclamado, esto, de manera fundada y motivada, en apego a las disposiciones legales aplicables, violando en nuestra contra lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La orden de visita domiciliaria y/o facultades de comprobación a cargo de los quejosos. La determinación de un crédito fiscal a cargo de los quejosos, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación" De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su titular se reclama: ".La orden para llevar a cabo el aseguramiento precautorio y/o embargo precautorio y/o embargo definitivo y/o inmovilización de depósitos o de cuenta bancaria e inversión, de las cuales son cotitulares los ahora quejosos. La orden para llevar a cabo bloqueo de cuenta bancaria y de inversión, de las cuales son cotitulares los quejosos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, ya que al rendir su informe justificado, negó la certeza del mismo, sin que la parte quejosa haya exhibido prueba para desvirtuar dicha negativa. Respecto al diverso acto reclamado consistente en "la orden de visita domiciliaria y/o facultades de comprobación a cargo de los quejosos"; atribuido a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Michoacán "1" con sede en Michoacán, a través de su administrador, del informe justificado rendido se advierte que negó dicho acto, sin que la parte quejosa haya exhibido prueba para desvirtuar dicha negativa. Por otra parte, en torno al acto reclamado referente a "El procedimiento administrativo de Ejecución a cargo de la parte quejosa", adjudicado a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, de la lectura integral del informe justificado y de las constancias que anexó se desprende que no es cierto el acto atribuido por parte de los peticionarios de amparo, sin que éstos hayan exhibido prueba para demostrar lo contrario. Pues bien, pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria y la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Michoacán "1", ambas con sede en esta ciudad, por conducto de la Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Institución Bancaria HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su poderado legal, aceptaron el acto reclamado por los quejosos, concerniente al "(.) bloqueo de las cuentas bancarias y de inversión, de las cuales somos cotitulares los quejosos(.), esto es la cuenta bancaria número 4019091586 y los contratos bursátiles 830554 y 485368. Lo anterior, se puede corroborar en las documentales que obran en autos mismas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, los quejosos directos reclaman de las autoridades responsables señaladas en el considerando que antecede, el bloqueo de la cuenta bancaria número 4019091586 y los contratos bursátiles 830554 y 485368, a nombre de los quejosos. Por otro lado, de las constancias que remitió la Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", y de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Michoacán "1", se desprende que informó que sí bien la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" emitió el oficio 400-38-00-02-01-2021-01434 de veinticuatro de febrero del año en curso, mediante el cual solicitó la inmovilización de la cuenta bancaria número 4019091586, lo cierto es que dicha inmovilización se dejó sin efectos, toda vez que la citada administración estatal, emitió el oficio 400-38-00-02-01-2021-04431 de data ocho de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual se instruyó a la Institución Bancaria HSBC, para que procediera a realizar la desinmovilización de la cuenta bancaria referida. Luego, en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se requirió a la institución bancaria HSBC, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, sucursal ubicada en PASEO DE LA REFORMA, NÚ0MERO 347, OFICINA 5, COLONIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO: a fin de que informara si se encontraba liberada la cuenta bancaria y remitiera las documentales idóneas para acreditarlo, cuya orden de aseguramiento, embargo y bloqueo se reclama en esta instancia constitucional. Posteriormente, en auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la citada institución bancaria informando a través de la promoción 16632 en el cuaderno incidental de suspensión que deriva del juicio en que se actúa, que la cuenta bancaria número 4019091586 y los contratos bursátiles 830554 y 485368, establecidos a nombre de los quejosos, se encuentran libres de bloqueo o restricción alguna y se pueden realizar operaciones con cargo a las mismas, asimismo informó que no existe documento alguno con el cual se pueda acreditar el desbloqueo, porque simplemente se deja sin efecto en los sistemas del banco oficiante y el titular de la cuenta puede realizar operaciones con cargo a la misma. Aunado a lo anterior, en el acta de la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y al no haber manifestado dentro del término de tres días que ahí le fue concedido lo relativo al bloqueo de dichas cuentas, se tiene que las mismas actualmente se encuentran desbloqueadas. Lo anterior, pone de manifiesto que la referida cuenta bancaria y contratos bursátiles cuyo bloqueo se reclamó en esta instancia constitucional se encuentra desbloqueadas, ante lo cual cesaron los efectos del acto reclamado, que hicieron consistir en el bloqueo de las cuentas bancarias y de inversión, de las cuales son cotitulares los quejosos, pues en el presente asunto, se creó una situación jurídica distinta que destruyó definitivamente la que dio origen al amparo y restituyó a los promoventes en el pleno goce de las garantías violadas, volviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación constitucional reclamada; lo que pone de relieve que los efectos del acto reclamado consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias y de inversión, de las cuales son cotitulares los quejosos, han cesado, virtud a lo cual se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se oponen a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, así como los alegatos formulados por la parte quejosa resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio así como por analogía jurídica sustancial para la parte quejosa: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Gregorio Gómez Sanz y Gregorio Gómez González, en contra de los actos que reclamaron de las autoridades responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. SE ACREDITA PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos del poder notarial que se anexa al ocurso de cuenta de manera electrónica, y en el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que el citado documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso, para que de esa forma produzca los mismos efectos que el documento con firmas autógrafas, se reconoce a José Luis Sánchez Cruz, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de HSBC, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional BANCO CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta firmado electrónicamente por el apoderado de la institución bancaria HSBC, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, e informa la cuenta bancaria número 4019091586 y los contratos bursátiles 830554 y 485368, establecidos a nombre del quejoso Gregorio Gómez Sanz, se encuentran libres de bloqueo o restricción alguna y se pueden realizar operaciones con cargo a las mismas, asimismo infora que no existe documento alguno con el cual se pueda acreditar el desbloqueo, porque simplemente se deja sin efecto en los sistemas del banco oficiante y el titular de la cuenta puede realizar operaciones con cargo a la misma. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad oficiante en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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